A Esquerra, Junts, el PSC y a los comunes les ha costado dos meses –desde el acuerdo fallado del 24 de marzo para reformar la ley de política lingüística– llegar a un pacto para responder a la sentencia del 25% de castellano. Las cuatro formaciones políticas llegaron a tiempo para registrar la proposición de ley en el Parlament el martes por la tarde con la previsión de aprobarla el viernes, pero no lo hicieron con un plazo suficientemente amplio teniendo en cuenta la posibilidad que tenían Vox, Ciutadans y el PP de pedir un dictamen al Consejo de Garantías Estatutarias (CGE). Como la triple derecha decidió el jueves hacer esta petición, los planes de la mayoría sobre el catalán han quedado alterados y difícilmente la nueva iniciativa podrá salir adelante antes del 31 de mayo, el plazo que ha fijado el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya para aplicar la resolución judicial. El Consejo tiene siete días hábiles para dictaminar y, según varias fuentes consultadas, el informe no estará terminado antes del martes de la semana que viene.

Siguiendo el guion que estaba previsto, el Parlament aprobó ayer la designación de seis miembros del Consejo de Garantías Estatutarias y renovó así a los juristas que tenían el mandato caducado, incluido el presidente de esta institución, Joan Egea. Los nombres propuestos por Esquerra, Junts y el PSC que entrarán a formar parte del Consejo son los juristas Enoch Albertí y Mercè Barceló (promovidos por los republicanos), Laura Díez y Eduard Roig (propuestos por el PSC) y Montserrat Rosell y Francesc Esteve (por iniciativa de Junts). Ahora bien, con su elección no se termina la renovación de este organismo estatutario que vela por la adecuación de las normas en la Constitución y el Estatuto. De acuerdo con la ley, está formado por nueve miembros, seis de los cuales son nombrados por el Parlament y tres por el Govern para un periodo de nueve años. Además de los seis miembros que tenían el mandato caducado y que tenía que renovar la cámara por una mayoría de tres quintas partes, ahora también hay que relevar a Francesc de Paula Caminal, nombrado en 2013 por el ejecutivo de Artur Mas. Tal como avanzó ayer El Periódico, el sustituto todavía está pendiente de acuerdo entre ERC y Junts. A diferencia del Parlament -en el que los tres partidos han podido impulsar a sus candidatos-, en este caso los socios de coalición tienen que llegar a un consenso. Margarita Gil y Joan Vintró, que se perfila como presidente del Consejo, fueron designados en 2017 y 2019, respectivamente, y todavía les queda mandato.

Después de anunciar el miércoles los nombres para relevar al Síndic de Greuges, la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals y el Consell Audiovisual de Catalunya, este jueves Esquerra, Junts y el PSC han anunciado los perfiles que aterrizarán en el Consell de Garanties Estatutàries y a la Sindicatura de Comptes a partir del mes de enero, después de hacer los trámites necesarios en el Parlament. Según un comunicado emitido por las tres formaciones, los juristas Eduard Roig, Mercè Barceló, Francesc Esteve, Laura Díez Bueso, Montse Rosell y Enoch Albertí ocuparán las plazas caducadas del Consell de Garanties. En la Sindicatura de Comptes promueven a Miquel Salazar como síndico mayor, además de a Llum Rodríguez, Ferran Roquer, Maria Àngels Cabasés, Josep Viñas, Manel Rodríguez y Anna Tarrach como miembros del ente.

A menudo desde Catalunya se ha criticado a los organismos pendientes de renovación en Madrid –hasta hace poco estaban caducados el Tribunal Constitucional y el Tribunal de Cuentas, y todavía se tiene que renovar el Consejo General del Poder Judicial–, pero lo cierto es que las instituciones catalanas sufren el mismo bloqueo. Desde hace al menos una legislatura decenas de cargos están caducados o pendientes de llenar, una situación que después del 14-F el PSC, Esquerra y Junts –los tres primeros partidos en las elecciones– se comprometieron a desbloquear antes de acabar el año. Y cuando faltan diez días para acabar el 2022, ¿en qué punto está? No han llegado a un acuerdo con suficiente tiempo para llevarlo al pleno del Parlament y cumplir la promesa, pero fuentes parlamentarias creen que sí podrían anunciar un pacto esta semana y concretar los trámites parlamentarios para hacerlo efectivo en el mes de enero. Este miércoles hay prevista una reunión, discreta –como han sido todos los trabajos–, para decidir si se cierra de forma definitiva el pacto para renovar hasta siete organismos: el Consejo del Audiovisual de Catalunya (CAC); la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA), el Síndic de Greuges, la Sindicatura de Cuentas, el Consejo de Garantías Estatutarias; la Autoridad Catalana de Protección de Datos y la Comisión de Garantía del Derecho de Acceso a la Información Pública (GAIP).

Si el Govern obtiene suficiente apoyo, los presupuestos no tendrán que pasar por el Consejo de Garantías Estatutarias (CGE), se aprobarán el 23 de diciembre y el 1 de enero Catalunya tendrá nuevas cuentas. El único elemento externo que podía demorar la aprobación era un recurso al Consejo, pero Ciutadans se ha quedado solo –Vox y PP le han dado la espalda– y no tendrá recorrido porque se necesitan catorce diputados o dos grupos parlamentarios. Mientras la negociación por los presupuestos pone a prueba a la unidad independentista en la cámara, la primera que se ha roto ha sido la unionista. Primero, Vox ha descartado llevar las cuentas al CGE porque estudia ir directamente al Tribunal Constitucional –los portavoces de la extrema derecha dicen que no confían en el Consejo– si detecta partidas ilegales. Y, poco después, fuentes del PP consultadas por el ARA también han rechazado ir al órgano consultivo. El motivo no tiene nada que ver con el de Vox: los populares consideran que el recurso tendría pocas probabilidades de prosperar y añaden que solo van cuando hay dudas razonables sobre la legalidad.