Vox, Cs y PP maniobran para evitar que el acuerdo por el catalán llegue a tiempo

BarcelonaVox, Cs y PP han llegado a un acuerdo para llevar la nueva ley del catalán al Consejo de Garantías Estatutarias y esto dificultará que la norma sea aprobada antes del plazo marcado por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, el 31 de mayo. Cuando se formalice el recurso, la mesa se tendrá que reunir para enviar el recurso al Consejo y este tendrá a partir de mañana siete días hábiles para emitir un dictamen. Si agotan el plazo, la resolución llegaría el próximo viernes y ya se habría superado el plazo marcado por el tribunal. Con este movimiento, Vox ha virado su posición, ya que hasta ahora no se había dirigido nunca al Consejo porque está en contra de los órganos autonómicos. Su líder, Ignacio Garriga, ha justificado este cambio diciendo que Salvador Illa se ha "rendido a los intereses de los separatistas" y él tenía que actuar en consecuencia como "jefe de la oposición". Según varias fuentes consultadas de los partidos, lo más probable es que la solicitud de dictamen no se presente este miércoles y que se haga el jueves o el viernes, hecho que todavía complicaría más que el órgano consultivo resolviera antes del 31 de mayo.

Este miércoles, precisamente, el nuevo acuerdo por el catalán ha superado con éxito el primer trámite parlamentario. El consenso al que han llegado Esquerra, Junts, el PSC y los comuns no solo genera interpretaciones diferentes entre los partidos firmantes, sino que hay opiniones contradictorias, desde las entidades más catalanistas hasta las formaciones más unionistas. La CUP, la Plataforma per la Llengua, la ANC, la Coordinadora d'Associacions per la Llengua y varios sindicatos educativos han acusado al Govern de convertir en "ley" –en palabras de Dolors Sabater– la sentencia del 25% del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) y abrir la puerta para que el castellano sea vehicular en la escuela. Y la derecha españolista ha asegurado que los partidos están incumpliendo las resoluciones judiciales. Unos se oponen porque creen que da vía libre al 25%, y otros la ven con malos ojos porque creen que no cumple el mandato judicial. Aun así, la ley ha superado la primera fase: los grupos firmantes han avalado que se tramite por lectura única (en un solo debate) y se apruebe el viernes en el último punto del orden del día. La solicitud al Consejo de Garantías Estatutarias, sin embargo, puede torpedearlo todo.

"Hoy se está legislando contra el catalán y se está retrocediendo. Son los partidos que gobiernan la Generalitat los que lo hacen posible", ha dicho la portavoz cupera, Dolors Sabater, en su intervención, puesto que a parecer de los anticapitalistas se está convirtiendo en "ley" la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya. "Hoy el Parlament está convirtiendo el castellano en lengua vehicular por primera vez en cuarenta años", ha sentenciado Sabater, que interpreta igual que el PSC que si el castellano es "curricular" significa que también puede ser vehicular. Una idea que niegan desde ERC y Junts. "Han caído en la trampa", ha concluido la cupera.

Han expresado la misma opinión que la CUP desde fuera el Parlament la entidad Plataforma per la Llengua, la ANC y la Coordinadora d'Associacions per la Llengua, además del sindicato de la comunidad educativa USTEC, que ya rechazó el acuerdo el martes. "Definir el castellano como 'lengua curricular' permitiría a la Moncloa exigir el 50% de castellano en las aulas, amparándose en la Lomloe", han dicho desde la Plataforma per la Llengua, que pide a los partidos firmantes que enmienden el texto para excluir el término "curricular", que ha sido uno de los escollos de la negociación y que continúa generando lecturas diferentes de Esquerra, JxCat, el PSC y los comuns. Para los partidos del Govern no cambia el estatus que tiene actualmente, mientras que para los socialistas significa que a partir de ahora será vehicular.

También la nueva presidenta de la ANC, Dolors Feliu, en una entrevista en el ARA , se ha expresado en términos similares. Ha denunciado que "ahora el contenido se podrá hacer al 50% en castellano": "Es un paso atrás", ha espetado, antes de lamentar "los pasos de gigante" en contra de la inmersión. "El acuerdo se tendría que haber gestado entre partidos y entidades independentistas", ha subrayado Feliu, en referencia al apoyo del PSC a una ley que considera que pone la inmersión lingüística "en peligro". La Coordinadora d'Associacions per la Llengua (CAL), que organiza el Correllengua, también ha manifestado en Twitter su rechazo a la propuesta de ley pactada entre cuatro partidos sobre el catalán en la escuela, porque "abre la puerta a la segregación lingüística y legitima el fin de la inmersión".

Unas acusaciones, en todo caso, que durante el pleno han rechazado Esquerra y Junts. La portavoz de Junts, Mònica Sales, ha afirmado que la ley protege el modelo de inmersión lingüística del catalán en la escuela, mientras que la portavoz de los republicanos, Marta Vilalta, ha celebrado el consenso por el modelo de escuela catalana y ha hecho un llamamiento a la CUP a sumarse. El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, durante la sesión de control ha defendido el acuerdo subscrito y ha asegurado que los tribunales tienen que acatar la nueva ley. Es decir, el jefe del ejecutivo considera que una vez el Parlament apruebe la nueva norma que dice que el uso de la lengua se tiene que decidir con "criterios pedagógicos" y no por "porcentajes", el TSJC ya no podrá exigir el 25% en castellano. "Las transformaciones necesitan consensos de país", ha dicho Aragonès, que ha abogado por trasladar el consenso por el catalán a otros muchos ámbitos. "El camino se hace avanzando; el diálogo, hablando, y los consensos, haciéndolos", ha dicho Aragonès.

¿Será el castellano lengua vehicular?

Si bien hay sectores del independentismo que están en contra del acuerdo sobre el catalán –que sí que avalan, en cambio, los independentistas de ERC, Junts y Òmnium–, la derecha españolista considera que blinda la inmersión lingüística e incumple la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya que impone el 25% de castellano en las aulas. Para el unionismo el acuerdo es "un fraude a la Constitución", en palabras de Carlos Carrizosa (Cs). "No solo supone el incumplimiento de la ley sino la derogación de los derechos individuales para poder estudiar en las dos lenguas oficiales", ha asegurado el líder estatal del PP, Alberto Nuñez Feijóo, desde Madrid. Incluso, según Ciutadans, la norma destroza el castellano y es una traición a la legalidad que hace "40 años" que dura. Las críticas de los unionistas han ido dirigidas básicamente al PSC por ser el "cooperador necesario" del independentismo. "El PSC está perdido para la causa del bilingüismo y del constitucionalismo. Es el tonto útil de los independentistas, como los comunes", ha criticado duramente el portavoz de Cs, Nacho Martín Blanco. "Qué pena el PSC y Podemos", se ha reafirmado el portavoz de Vox, Joan Garriga.

El unionismo ha interpelado reiteradamente el conseller de Educación, Josep Gonzàlez-Cambray, que será el responsable de aplicar la resolución judicial. Pregunta tras pregunta: "¿Obligará a la comunidad educativa a desobedecer los tribunales? ¿Dará instrucciones para acatar la sentencia? Piense bien la respuesta, que no le pase como a sus compañeros, que aquí eran muy valientes pero ante el juez les temblaban las piernas", ha dicho Lorena Roldán (PP). Para el conseller, el nuevo acuerdo protege jurídicamente a los centros, a pesar de que no ha querido responder a la pregunta de si el castellano es lengua vehicular en Catalunya. "¿El castellano será lengua vehicular en la escuela? Responda, sí o no", ha interpelado Cs a Cambray. "Lo que hacemos hoy con este acuerdo de país es reafirmar el modelo de escuela catalana y proteger jurídicamente nuestras direcciones ante una sentencia que es una aberración pedagógica", ha contestado el conseller. "Yo le había pedido concreción, pero son incapaces de hacerlo", ha remachado Nacho Martín Blanco.