Catalán vehicular y castellano curricular: acuerdo a cuatro para responder al TSJC

BarcelonaDos meses después del acuerdo fallido para reformar la ley de política lingüística, finalmente Esquerra, Junts, el PSC y los comuns han conseguido un pacto a cuatro bandas para regular el uso del catalán y el castellano en la enseñanza. La fumata blanca ha llegado al límite: el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya había dado un plazo hasta el 31 de mayo para cumplir la sentencia que impone el 25% del castellano en todo el sistema educativo y la proposición de ley impulsada por las cuatro formaciones políticas –que no aplica ningún porcentaje– entrará en vigor esta semana, puesto que está previsto que se debata este miércoles en el pleno y se apruebe el viernes. ¿Cuál ha sido finalmente la solución para el acuerdo? Los grupos implicados han aparcado el pacto inicial, del cual Junts se había descolgado, para elaborar una norma ad hoc y han plasmado los criterios para el uso de las lenguas oficiales en los centros. El resultado de la negociación, finalmente, se resume en dos cuestiones clave: el castellano pasa a ser definido como lengua "curricular" y se rechaza implícitamente la fijación de porcentajes en el uso de las lenguas.

Encontrar el equilibrio entre las cuatro formaciones ha sido trabajo de orfebrería –los que estaban más lejos y que han tenido que acercar posiciones han sido Junts y el PSC– y la prueba es que se han hecho hasta 16 versiones diferentes de la proposición de ley, introduciendo matices, para intentar sumar a todos los actores. La fórmula consensuada finalmente ha sido situar el catalán como lengua "normalmente empleada y vehicular" de la enseñanza y el castellano como lengua "curricular" que tiene que tener una presencia "adecuada" en función de la "situación sociolingüística, los objetivos de normalización lingüística y la evolución del proceso de aprendizaje". Una presencia, en todo caso, que tiene que estar basada "exclusivamente en criterios pedagógicos y de manera singularizada para cada uno de los centros educativos". Es decir, no se recoge el 25% de castellano que el TSJC pide que se aplique en todo el sistema educativo, sino que el uso del castellano se deja a criterio de cada centro –con el aval del Govern– en función de diferentes criterios.

La interpretación de estas expresiones, en todo caso, varía en función del partido firmante del acuerdo y todos admiten que ya sabían que una vez cerrado el pacto todo el mundo haría hincapié en un lugar diferente. Esquerra y Junts aseguran que el pacto garantiza que el catalán siga siendo la lengua vehicular de la escuela catalana y que el uso del castellano no se incrementará por esta reforma legal. "No hay más reconocimiento ni más refuerzo del castellano", ha asegurado el secretario general de Junts, Jordi Sànchez. Lo mismo ha argumentado la portavoz de Esquerra, Marta Vilalta, que también considera que, a pesar de que se condicione la presencia del castellano a la realidad sociolingüística en todos los lugares de Catalunya, el catalán seguirá siendo la lengua que reforzar y la que se utilizará para la enseñanza. "No abre la puerta a más castellano", ha rematado. "Alegría y satisfacción por el acuerdo [...] que fija que el catalán es la lengua normalmente empleada", ha resumido el portavoz de los comuns, David Cid, sin ir más allá. Para el PSC, en cambio, el catalán continúa siendo central pero se da un rol diferente al castellano. Según la portavoz socialista, Alícia Romero, el reconocimiento del castellano como "curricular" en el texto legal implica que a partir de ahora se utilizará en materias que no son estrictamente la enseñanza de la lengua castellana. "Con este texto cumplimos mejor la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya", ha afirmado.

La doble vía en el Parlament y Govern

El nuevo acuerdo sobre el catalán es solo una de las patas de la doble vía que los partidos activan para responder a la sentencia del 25% de clases en castellano. La tramitación de urgencia de la ley ad hoc, que contará con los votos de los partidos del Govern, los comuns y los socialistas, se complementará con un decreto ley del ejecutivo que garantizará que la responsabilidad a la hora de definir los proyectos lingüísticos de los centros será del departamento de Educación y rechazará de manera explícita el uso de porcentajes en la enseñanza de las lenguas. A diferencia de la proposición de ley, el PSC quedaría fuera del consenso del decreto, que el Govern convalidaría únicamente con los comunes: la CUP ya ha dicho que no apoyará ninguna de las dos iniciativas.

El hecho de que sea el Govern, a través del conseller Josep Gonzàlez-Cambray, el encargado de validar los proyectos lingüísticos de cada centro –y, por lo tanto, determinar la presencia del catalán y el castellano– era una de las condiciones para volver al consenso que ponía Junts, que ha pasado de desmarcarse del acuerdo a formar parte después de varios matices. "Desresponsabilizamos a los docentes de la persecución de los tribunales de justicia y esto era una petición explícita de la comunidad educativa", ha afirmado Sànchez, que también ha asegurado que ahora hay más "consenso social" de las entidades pro lengua. Òmnium ha sido una de las entidades que ha rectificado después de este acuerdo y ha afirmado que la situación "se ha reconducido" porque se defiende el catalán "como lengua vehicular y de acogida" y se rechaza "los porcentajes de los jueces".

Sin embargo, no lo interpreta así la CUP. Los anticapitalistas han criticado abiertamente el acuerdo cuando se ha hecho público y han descartado apoyar también el decreto del Govern cuando se convalide en el Parlament. "Cuando cuatro grupos firman una proposición de ley y cada cual la interpreta de forma diferente, ¿cómo quieren que alguien entienda algo?", se ha preguntado la diputada Eulàlia Reguant en Twitter, que en otro tuit ha considerado que el PSC era el "claro ganador" de la negociación. También el sindicato USTEC se ha posicionado en contra del acuerdo porque que cree que habrá un "retroceso del catalán" y Plataforma per la Llengua mantiene de momento el silencio. Así mismo, la Plataforma per la Llengua ha denunciado que "definir el castellano como "llengua curricular" permitiría al gobierno español exigir un 50% de castellano en las aulas, amparándose en el art. 6 de la LOMLOE" y ha anunciado que presentará este miércoles una enmienda a la propuesta de ley.

Ahora bien, sea cual sea la interpretación de cada una de las formaciones políticas de la nueva ley que se aprobará esta semana al Parlament, lo que acabará contando es cómo lea el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya el texto legal. Es decir, si considera que así la Generalitat cumple con la resolución judicial o, en cambio, cree que no se está aplicando lo que ha dictado. De momento, la Asamblea por una Escuela Bilingüe –entidad personada en el caso– ya ha hecho un comunicado público en el que asegura que el acuerdo sobre la escuela incumple la resolución judicial. Será el TSJC, pues, quien tendrá que decidir si sale adelante la ejecución forzosa, dando por sentado que puede entrar en juego un nuevo actor: el Tribunal Constitucional (TC). La ley, una vez aprobada, es de obligado cumplimiento y solo se puede recurrir al TC, que podría acabar teniendo la última palabra sobre el catalán en la escuela.