"Si los condenamos a todos nos quedamos sin ejército": cómo los implicados en el 23-F acabaron indultados o con penas reducidas

Después del golpe de Estado del 23-F, los implicados en la revuelta recibieron indultos totales o parciales, o bien obtuvieron reducciones de pena y libertad anticipada durante los años siguientes. Pese a la gravedad de los hechos, el gobierno español y parte del establishment defendían que, tras consolidar la democracia, era necesario rebajar la tensión con el ejército.

"Las penas fueron relativamente bajas para lo que se había hecho, pero ya quedó acordado en el pacto de rendición, el llamado pacto del capón, en el que Tejero exigió que los asaltantes con rango inferior a teniente no fueran ni juzgados y se aceptó", dice el periodista Andreu Farràs, coautor del libro El 23-F a Catalunya. El también guionista deEl 23-F desde dentro (premio Ondas 2001) recuerda las palabras del entonces ministro de Defensa, Alberto Oliart: "Nos quedamos sin ejército si los condenamos a todos".

A continuación, repasamos cuáles fueron las penas impuestas a los golpistas y las que finalmente cumplieron. Unas penas que inicialmente aún eran más bajas, pero que el Supremo, a través del padre del actual presidente del TC, Cándido Conde-Pumpido, recurrió y consiguió ampliar porque los tres grandes instigadores del golpe, Alfonso Armada, Antonio Tejero y Jaime Milans del Bosch, habían sido condenados a entre tres y seis años de prisión por el tribunal militar.

Antonio Tejero, el teniente coronel de la Guardia Civil que asaltó el Congreso, fue condenado a 30 años de prisión como principal promotor del golpe de Estado. No fue indultado totalmente, pero sí que obtuvo beneficios penitenciarios y salió en libertad condicional en 1996, mucho antes de cumplir la pena completa. En total, estuvo 13 años encerrado, porque entró en prisión en 1983. En 1993, el consejo de ministros le había denegado el indulto, pero le concedió el tercer grado penitenciario y el régimen abierto.

Jaime Milans del Bosch, el capitán general que sacó los tanques a las calles de Valencia, también fue condenado a 30 años. Tampoco fue indultado completamente; pero recibió reducciones de pena y salió en libertad en 1991 por motivos de salud, después de pasar solo 9 años y 121 días en prisión y sin renegar del golpe de Estado.

Alfonso Armada, el general que pretendía encabezar un gobierno de concentración, que también fue condenado a los mismos años de prisión, sí que fue indultado parcialmente en 1988 y salió de prisión poco después –había entrado en 1983–. El indulto le concedió el gobierno de Felipe González por motivos de salud y porque acataba la Constitución.

Diversos oficiales de rango inferior (coroneles, comandantes y capitanes) también recibieron indultos parciales o reducciones de pena durante la década de 1980.

Ricardo Pardo Zancada, comandante de infantería, condenado a 6 años de prisión, ampliados a 12 por el Tribunal Supremo, se benefició de la libertad condicional en 1987. Un año más tarde, también salió en libertad Luis Torres Rojas, general de División y gobernador militar de La Coruña, que había sido condenado con la misma pena ampliada que Pardo.

El coronel Miguel Manchado García, condenado a 6 años, ampliados a 8 por el Tribunal Supremo, salió en libertad condicional en 1985. Diego Ibáñez Inglés, coronel de Ingenieros y 2º jefe de Estado Mayor de la tercera Región Militar, condenado a 5 años, ampliados a 10 por el Tribunal Supremo, murió en 1987 y, por tanto, fue el único condenado que murió en prisión.

José Ignacio San Martín López, coronel de Artillería y jefe de Estado Mayor de la División Acorazada Brunete fue condenado a 6 años, ampliados a 10 por el Tribunal Supremo, y fue puesto en libertad condicional en 1986.

Pedro Mas Oliver, teniente coronel de Infantería, mano derecha de Milans del Bosch, fue condenado a 6 años y fue puesto en libertad al cumplir tres cuartas partes de la condena. Los capitanes Jesús Nines Aguilar y José Luis Abad Gutiérrez, condenados a 5 años, también salieron en libertad por el mismo supuesto que Mas.

El capitán y agente del CESID, Vicente Gómez Iglesias, condenado a 6 años de prisión, fue el único golpista indultado, junto a Alfonso Armada. En su caso el indulto le llegó en 1984 después de una declaración expresa de acatamiento a la Constitución y las leyes, siendo el primer condenado por el golpe de Estado de 1981 en obtener este beneficio.

Miembros de las fuerzas armadas y de la Guardia Civil, implicados en el golpe de Estado, no entraron en prisión y solo fueron suspendidos de empleo. Fue el caso de los capitanes de Infantería Carlos Alvárez-Arenas Pardinas, José Pascual Gálvez y Francisco Dusmet García-Figueras o el de Intendencia, José Cid Fortea, suspendidos de empleo entre dos y tres años. Capitanes de la Guardia Civil también fueron suspendidos de empleo durante uno y tres años, en una causa en la que la mayoría de miembros de este cuerpo implicados en el alzamiento –participaron unos 200 uniformados– no llegaron ni a ser juzgados.

Fruto del pacto entre Tejero y el gobierno español para evitar que los tenientes tuvieran que ingresar en prisión, seis de los que tuvieron un papel más activo como César Álvarez Fernández, Vicente Ramos Rueda o Manuel Boza Carranco, solo fueron condenados a 1 año de prisión y se libraron de ingresar en prisión. También la evitaron el único civil implicado en el golpe: Juan García Carrés, exdirigente de los Sindicatos Verticales franquistas, que fue condenado a 2 años y murió en su casa en 1986.

Tres miembros de las Fuerzas Armadas fueron absueltos durante el juicio. Fueron José Luis Cortina Prieto, comandante de infantería y Jefe de la Agrupación Operativa de Misiones Especiales del CESID; Juan Batista González, el capitán de Artillería; y el capitán de la Guardia Civil, Francisco Ignacio Román. "Los dos últimos porque se retiraron a tiempo de la rebelión y Cortina porque no había pruebas fehacientes, según la sentencia, aunque agentes del Cesid, que serían depurados, lo acusaron de estar en la conjura", apunta Farràs.