El déficit fiscal catalán: una constante histórica
El ARA ha tenido acceso a los cálculos oficiales del Govern sobre el déficit fiscal correspondiente al año 2022, y la conclusión es que si bien se detecta una ligera bajada respecto a las cifras de 2021, se observa claramente que se trata de un problema estructural en la relación entre Cataluña y el sector público español. En 2022 la diferencia entre lo que Catalunya aportó a las arcas del Estado y lo que éste devolvió en forma de inversiones y políticas públicas ascendió a 21.092 millones de euros, una cifra que equivale al 8,2% del PIB catalán. El año anterior, el déficit fiscal calculado según el método de flujo monetario fue de 22.013 millones, un 9,6% del PIB. En un año, pues la diferencia se redujo en unos 1.000 millones y algo más de un punto de PIB.
Sin embargo, si miramos la serie histórica (1986-2022) vemos que este 8,2% coincide prácticamente con la media del periodo, que es del 8,1%. Por tanto, la conclusión no puede ser otra que señalar que el déficit fiscal es una constante histórica que no depende tanto del color político de los gobiernos del Estado como de factores externos, como una crisis económica o una pandemia. Si miramos las cifras del otro método de cálculo, el de carga-beneficio, vemos unas cifras ligeramente menores pero que también mantienen una coherencia histórica. En 2022, el déficit habría sido de 14.665 millones, un 5,7% del PIB, cuando la media de los últimos 20 años es de un 6% del PIB.
A grandes rasgos se puede afirmar que Catalunya aporta recursos al Estado un poco por encima de su peso en la economía, que es de un 19%, y en cambio recibe por debajo de lo que representa en población, que es un 16%. Este 8% sobre el PIB de déficit fiscal constante es una losa que explica buena parte de los problemas del sector público catalán y también el colapso de las infraestructuras que hemos visto en las últimas semanas. Los expertos señalan que un déficit fiscal razonable, dado que Catalunya es un territorio rico en el contexto español, debería ser como máximo del 3% o del 4% del PIB, pero no entre un 8% y un 10%.
Reducir el déficit fiscal a la mitad, pues, debería ser un objetivo compartido de país. Y para ello hay dos palancas principales: el sistema de financiación y las inversiones. De propuesta de financiación el gobierno español ha puesto una sobre la mesa que mejora los ingresos de la Generalitat en 4.700 millones, lo que es positivo pero que no resuelve por sí sola el problema. El auténtico agujero negro siguen siendo las inversiones, que en el caso de Catalunya mantienen un grado de ejecución muy inferior a la media, también como una constante histórica. Ahora se está negociando la creación de un consorcio entre el Estado y la Generalitat que debería velar para que lo presupuestado acabe cumpliendo.
En todo caso las cifras de la balanza fiscal deben servir para hacer pedagogía y desmentir a quienes dicen que Catalunya no tiene ningún problema de financiación. Y lo que sería razonable es que el Estado hiciese públicos los datos de todas las comunidades autónomas para saber quién recibe y quién aporta. Un ejercicio de transparencia que clarificaría muchas cosas.
