La ley de amnistía ha quedado aprobada este jueves en el Congreso de los Diputados, si bien aún le queda un periplo de dos meses en el Senado con el misterio de cómo lo aplicarán después los tribunales. Ahora bien, ya se divisan algunos beneficiados inmediatos en cuanto sea publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE). El artículo 4.a de la ley marca cuáles son los efectos prioritarios: "La inmediata puesta en libertad de quienes se encuentren en prisión" y "la inmediata retirada de cualquier medida cautelar". De momento, todavía no hay nuevos presos políticos vinculados al Proceso, pero dos activistas están a punto de pasar a serlo una vez el Tribunal Supremo ya ha confirmado las condenas de Dani Gallardo, en Madrid, y de Adrián Sas, en Barcelona.

El Tribunal Supremo rechazó este jueves el último recurso presentado por la defensa de Adrián Sas, encausado por las movilizaciones del primer aniversario del 1-O, para evitar la cárcel. Ahora la Audiencia de Barcelona deberá dictar la ejecución de la sentencia para fijar cuántos días tiene Sas para ingresar en un centro penitenciario. El activista villafranquino, de 34 años, ya ha dejado claro, sin embargo, que no se entregará voluntariamente siguiendo los pasos de Dani Gallardo, a quien la policía sigue buscando después de desobedecer la orden judicial, que le daba tres días para entrar en prisión. Ambos, cuando sean detenidos ya la espera de la aplicación de la ley de amnistía, que justamente se ha aprobado este jueves, se convertirán en los primeros manifestantes del Proceso que serán encarcelados. Y curiosamente ambos nacieron fuera de Catalunya. Sas, en Asturias, y Gallardo, en Andalucía.

El próximo doce de marzo, dentro de un mes, el Tribunal Supremo deliberará sobre el recurso presentado por la defensa de Adrián Sas, encausado por las movilizaciones del primer aniversario del 1-O. Si ratifica la pena, el villafranquino se convertirá en el primer manifestante del Proceso que ingresa en prisión.

La amnistía está monopolizando el debate sobre la investidura de Pedro Sánchez y las conversaciones entre los partidos independentistas y el PSOE se centran en la fórmula para acabar con la represión posterior al 2017. Una amnistía que partidos y entidades soberanistas quieren que incluya a todos los represaliados . También los jóvenes encausados por las movilizaciones posteriores al 1-O. De hecho, siete jóvenes ya tienen sentencia firme y podrían entrar en prisión en los próximos meses si sus recursos no prosperan y la medida de gracia no llega antes.

El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha desestimado el recurso que presentó Adrián Sas para evitar su ingreso en prisión después de ser condenado a tres años y medio hace un año por atentado contra la autoridad y un delito de lesiones, una vez mantuvieron las acusaciones la Generalitat y la Fiscalía. Según ha revelado la defensa del joven de Vilafranca del Penedès al ARA, el TSJC les comunicó el pasado viernes que no admitía en trámite el recurso que interpusieron justo después de dictarse la sentencia. Ahora, la defensa piensa llevar el caso al Tribunal Supremo para intentar sortear el encarcelamiento del activista.