La Asociación de Propietarios de Viviendas de Alquiler (Asval) ha anunciado este martes la creación de una comisión permanente en Cataluña. Durante el acto de presentación, Asval ha reivindicado que necesitan más seguridad jurídica y un marco normativo más "claro, estable y previsible". De hecho, el nuevo delegado de la asociación en Catalunya, Carlos Muñoz, ha asegurado que esta falta de seguridad jurídica es la que en muchos casos conduce a la "conflictividad" entre arrendatarios e inquilinos. "Propietarios e inquilinos compartimos un interés común: que el mismo funcione", ha reivindicado Mu. Sin propietarios, no hay oferta; sin inquilinos, no hay nadie que pida la vivienda".

La crisis de la vivienda –que no es sólo nuestra– está tan aguda y tan presente en la conciencia y en la vivencia de los catalanes, que no cabe duda de que se va a resolver, ya que, paradójicamente, es un problema bien resoluble. El reto es llegar a la disponibilidad de vivienda digna para una población que sigue creciendo, pero que no lo hará indefinidamente. También proveer a los visitantes y residentes temporales que una economía dinámica exige, evitando una cifra desproporcionada de viviendas vacías. Puede hacerse.

El pasado día 20, una asociación de propietarios de viviendas de Barcelona pedía a los gobiernos que no los "criminalicen". Como todos tendemos a identificar nuestros intereses con los públicos, argumentaban que la regulación del mercado inmobiliario está desanimando a los propietarios a ofrecer las viviendas en alquiler, con el consiguiente perjuicio para los potenciales inquilinos. Concluían que lo que hace falta es construir y dejar que el mercado se regule solo.

Leemos en el ARA un artículo de Andrei Boar titulado: "¿Qué puedo hacer para asegurar que me paguen el alquiler?" Es un texto, naturalmente, dedicado a los pequeños propietarios, no a los grandes tenedores. A quienes –conozco casos– tienen alquilado el piso que todavía están pagando oa quienes han pagado toda la vida el piso para alquilarlo y tener un complemento para la jubilación. En el reportaje leemos: “Sin duda se deben dar garantías a los inquilinos para evitar abusos, pero también deben darse a los propietarios; si no, la oferta se hundirá aún más y ni buscando ni subiendo los precios se encontrará vivienda disponible”.

La nuestra es una generación que ha crecido dando por sentado que un sueldo debe poder garantizar la cobertura de las necesidades básicas, y de entre estas necesidades, la más costosa: la vivienda. Sin embargo, la realidad en la que nos desarrollamos en la actualidad hace utópica esa aspiración que parecía tan terrenal. Aunque España se mantiene como un país de propietarios –el 64% de los hogares viven en este régimen (2024)–, esta tendencia está en vías de regresión por dos razones principales.

En plena campaña de la declaración de la renta es normal mirar al vacío y preguntarse muchas cosas. Normalmente las respuestas salen acompañadas de un resoplido y pertenecen a la familia de la resignación. Pero si tienes la incierta suerte de toparte con algún producto cultural de esos que te recuerdan que las cosas no siempre han sido como son ni hay razón alguna para que siempre tengan que seguir igual, las preguntas pueden empezar a volverse productivas .

Es uno de los proyectos “más importantes” del país —en palabras del conseller de Salud, Josep Maria Argimon—, pero el nuevo hospital Josep Trueta también será una de las operaciones más largas y pesadas que habrán vivido nunca los gerundenses. Además de las promesas que hasta cinco consellers de la rama les han hecho, tuvieron que esperar dos años a que Salud decidiera su ubicación, con un rifirrafe territorial entre Girona y Salt incluida. Finalmente, se optó por una opción salomónica: dos tercios de los terrenos son de Salt y un tercio de Giriona. Sin embargo, para conseguir las parcelas harán falta varios trámites que pueden acabar en los tribunales, lo que supondría alargar todavía más los plazos del nuevo hospital, del que tanto se ha hablado, pero tan poco se ha concretado. 

La futura ley estatal de vivienda empezó a andar a finales de octubre, con la aprobación del anteproyecto por el consejo de ministros. Ahora le queda un largo recorrido de tramitación parlamentaria en el Congreso de Diputados, a pesar de que el partido minoritario a la coalición, Unidas Podemos, presiona por que vaya rápido. Mientras tanto, sin embargo, y a la espera de cómo afectará la normativa al mercado de la vivienda, aquellos que miran la futura ley con recelo, en especial los grandes propietarios, ya están ideando fórmulas para esquivarla, apuntan diferentes fuentes conocedoras del sector inmobiliario al ARA. Fondos de inversión y socimis —que son básicamente los que tienen más de diez viviendas— estarán obligados a bajar el alquiler en aquellas zonas que se definan como “tensas”.