Los intereses de la extrema derecha y del gran capital suelen ir de la mano: bajar los impuestos, subir los beneficios empresariales, privatizar las pensiones y, en definitiva, adelgazar el Estado forman parte de su ADN. Pero hay veces que estos intereses chocan, especialmente cuando hay medidas proteccionistas de por medio. Es en este marco donde debe entenderse la última gran estrategia de la extrema derecha a nivel internacional: hacer asequible el acceso a la vivienda, uno de los principales problemas de la población. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, abre camino con medidas intervencionistas que declaran la guerra a los grandes inversores. La más llamativa: la prohibición anunciada de la compra de viviendas unifamiliares a las grandes corporaciones como método para conseguir la rebaja de los precios de alquiler. En España, Vox es un alumno aventajado, aunque hasta ahora, ha sido la connivencia con grupos que se encargan de desocupar viviendas lo que más ha caracterizado a la extrema derecha española. Ahora, en una nueva vía para captar voto obrero, en Cataluña y en todo el Estado, Vox se suma a esta corriente internacional, que también siguen otras formaciones integradas dentro de los Patriotas por Europa, que cuentan en sus filas con figuras destacadas de la extrema derecha como la francesa Marine Le Pen, el húngaro Viktor Orbán y el italiano Matteo Salvini.

Una veintena de vecinos de seis bloques de pisos de Barcelona se han plantado conjuntamente contra su propietario, el fondo de inversión Vandor, porque ha decidido dejar de renovarles los contratos para convertir sus pisos, donde algunos vecinos llevan décadas viviendo, en alquileres de habitaciones. "Vandor ha comprado catorce fincas con un total de doscientos pisos con fines puramente especulativos y está echando a los inquilinos", han explicado los vecinos de estos bloques, junto con el Sindicato de Alquiladoras, en una rueda de prensa este viernes ante una de las fincas afectadas, situada en la calle Avenir 62 de Barcelona.

La historia de Juanjo Hernández es la historia de la crisis inmobiliaria. Este vecino de 56 años de Ciudad Meridiana —el barrio más pobre de Barcelona— ha vivido todos los capítulos del drama de la vivienda en primera persona: el aumento de precios de la burbuja, la compra de un piso en el peor momento, el estallido de la crisis del ladrillo en el año 2008, el euríbor disparado que hizo encarecer de los fondos buitre y, ahora, la crisis de los alquileres. Y no es casualidad, ni tampoco mala suerte. Desde que estalló la crisis inmobiliaria de 2008, a éste barrio periférico de Barcelona se le llama con el mote de Villa Deshaucio.

"Es el piso de su vida, lo lleva muy mal", así resume Meritxell al ARA el caso de su madre, Josefa, una pensionista de 80 años que tiene que renovar el contrato de su piso en unos meses y el fondo de inversión que se ha quedado el edificio donde vive pretende subirle el alquiler hasta un precio que ella, dice, no puede pagar. Así lo denuncia el Sindicat de Llogaters, que asegura que Lioness Inversiones –la empresa que recientemente ha adquirido el edificio de la Casa Orsola, donde vive Josefa, y que ocupa todo un chaflán del Eixample Esquerre– ha pedido una subida del 90% del precio a esta vecina. "Josefa paga 450 euros por un piso de 53 m² adaptado y recibe una pensión que no llega a los 500 euros mensuales. Subiéndole el alquiler a 800 euros, la empresa de Albert Ollé pretende infringir la ley de regulación de alquileres", aseguran desde el Sindicat. Según su hija, Josefa depende completamente de ella y de la asistencia social para vivir, y lleva toda la vida en este piso.

Hasta hace 30 días, los vecinos locatarios que viven en la Casa Orsola tenían "muy buena relación" con la propiedad del edificio. "Era un trato familiar y muy cordial", asegura Elisenda, que hace más de 30 años que vive en la finca, situada en la esquina de las calles Consell de Cent y Calàbria, en el Eixample Esquerra. Se trata de un edificio modernista muy conocido en el barrio (en el siglo XIX había sido una importante fábrica de baldosas hidráulicas) que ocupa todo un chaflán y tiene dos escaleras: en total, 27 pisos y 4 locales comerciales. Hace un mes, sin embargo, el bloque cambió de manos y la relación con los vecinos ha dado un giro de 180 grados. Ahora el propietario es el fondo de inversión Lioness Inversiones SL, que enseguida comunicó a los vecinos –a través de un burofax– que no les renovarían el contrato. Lejos de aceptar las condiciones, la finca entera se ha organizado para denunciar lo que consideran que es una operación especulativa.