Los denominados fondos buitre y, por extensión, también lo que se denomina grandes tenedores en términos de vivienda, han estado en el punto de mira durante toda la semana a raíz del debate abierto tanto social como políticamente por el desahucio de Maricarmen Abascal en Madrid. Pero, ¿realmente tienen tanto peso los grandes tenedores en el mercado de la vivienda catalán y español? ¿Pueden marcar el precio del alquiler? Realmente la estructura de la propiedad de la vivienda hace pensar que su peso es más bien relativo porque, a pesar de las inversiones que hicieron algunos fondos relevantes tras el estallido de la burbuja inmobiliaria, el hecho es que el parque de viviendas en manos de los grandes tenedores es más bien pequeño.

La partida política se está acelerando. No está claro que los actores sepan a dónde van, pero sí que está claro que están acelerando. De rebote, aceleramos todos probablemente hacia unas nuevas elecciones. La convocatoria dependerá del nuevo periodo de reflexión del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, que no había calculado que la precipitación con la que se han gestionado los decretos de vivienda podía cargarse la legislatura. ¿Cómo se ha llegado a una derrota parlamentaria que pone la legislatura contra las cuerdas? Con un cúmulo de irresponsabilidad, codicia, oportunismo, presiones y más voluntad de parchear que de resolver. De entrada, irresponsabilidad del PP madrileño, que ha actuado con crueldad y displicencia ante un caso que pedía empatía de la administración para evitar el desahucio de una persona de 87 años. Irresponsabilidad también de una izquierda que pretende hacer de oposición y de gobierno a la vez y que en lucha con su propia izquierda compite por ponerse al frente de la manifestación.

La muerte de Olga, vecina desahuciada de Hospitalet de Llobregat que se suicidó el 7 de septiembre, me ha llevado de golpe, de cabeza y de llantos a noviembre de 2010. Casi automáticamente, como un resorte repentino de la memoria. El 11 de noviembre de aquel año, Miguel se suicidaba, también en Hospitalet, poco antes de ser desahuciado. Tan lejos y tan cerca, entre las casas donde vivían Olga y Miguel hay solo un kilómetro y poco, quince minutos a pie y 15 años y 10 meses de distancia. Unan la línea de puntos, porque en medio hay miles de familias desahuciadas –400.000 en los Países Catalanes–. Ni que sea descriptivamente, geolocalizados políticamente, habrá que añadir que en noviembre de 2010 Cataluña la gobernaba un tripartito formal de izquierdas. Hoy, un tripartito informal. En medio ha pasado de todo y ha pasado todo el mundo, aquí –Mas, Puigdemont, Torra, Aragonès, Illa– y allá –de Rajoy a Sánchez–. Lo digo porque entre ambas muertes, aquello que no ha variado ni un ápice es el inmovilismo en materia de vivienda, gobernase quien gobernase y con los matices pertinentes. Pero todo da miedo y nos deja vacíos, cuando el tiempo nunca pasa en vano. El año 2010 el parque de vivienda social protegida en Cataluña no llegaba al 2%, muy por debajo de la media europea del 15%. El año 2026 todavía estamos ahí: 1,7%. A la cola de la UE y en el podio de los desahucios diarios. 15 añitos y aquí no ha pasado nada. O sí. Realquilen sillas: de aquí al 2040, solo en la demarcación de Barcelona se perderán 50.000 pisos de vivienda protegida. Y eso explica tantas cosas; demasiadas cosas, quizás; o tal vez todas a la vez.Ahora bien, de las cosas que sí han mutado –y a peor– me temo que la más salvaje es poner de manifiesto cómo ha crecido exponencialmente la legitimación de la crueldad, la apología del sadismo social, la indiferencia ante el sufrimiento ajeno y la aporofobia que tanto criminaliza la pobreza. Un crecimiento que también toma forma demoscópica y electoral, con el auge de las extremas derechas que condensan toda su valentía en la manifiesta cobardía de culpar siempre de todo a los más desfavorecidos. Balas blancas para las bolas negras. Hay quien incluso –sin conocer ningún detalle del caso, como si estuviera en la barra de un bar– ha querido opinar gratuitamente sobre la muerte de Olga pretendiendo desvincular el desahucio del suicidio y calificando el vínculo informativo de "irresponsabilidad periodística". Me ahorro profundizar en las elevadas dosis de insensibilidad ruin, pero hacía tiempo que no veía a alguien tan desinformado hablando de desinformación e informándonos tan puntualmente de su brutal desinformación. Quien lo ha dicho vicepreside una recién nacida y singular Federación de Vecinos presidida por el hotelero Joan Gaspart. Todo ello enlaza con uno de los datos más sintomáticos del último CEO, donde se cruzan respuesta y orientación de voto cuando se pregunta "si casi siempre se puede confiar en la gente". Un 41% lo defienden. Quienes más defienden que no son los votantes de Vox, PP y AC y, ante todos los callejones sin salida y dificultades, creen que esto es una guerra civil de todos contra todos. En la otra orilla están los que saben que, ante todas las dificultades y los mismos callejones sin salida, no hay nada más que la posibilidad democrática de la vida en común.

Los intereses de la extrema derecha y del gran capital suelen ir de la mano: bajar los impuestos, subir los beneficios empresariales, privatizar las pensiones y, en definitiva, adelgazar el Estado forman parte de su ADN. Pero hay veces que estos intereses chocan, especialmente cuando hay medidas proteccionistas de por medio. Es en este marco donde debe entenderse la última gran estrategia de la extrema derecha a nivel internacional: hacer asequible el acceso a la vivienda, uno de los principales problemas de la población. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, abre camino con medidas intervencionistas que declaran la guerra a los grandes inversores. La más llamativa: la prohibición anunciada de la compra de viviendas unifamiliares a las grandes corporaciones como método para conseguir la rebaja de los precios de alquiler. En España, Vox es un alumno aventajado, aunque hasta ahora, ha sido la connivencia con grupos que se encargan de desocupar viviendas lo que más ha caracterizado a la extrema derecha española. Ahora, en una nueva vía para captar voto obrero, en Cataluña y en todo el Estado, Vox se suma a esta corriente internacional, que también siguen otras formaciones integradas dentro de los Patriotas por Europa, que cuentan en sus filas con figuras destacadas de la extrema derecha como la francesa Marine Le Pen, el húngaro Viktor Orbán y el italiano Matteo Salvini.

Una veintena de vecinos de seis bloques de pisos de Barcelona se han plantado conjuntamente contra su propietario, el fondo de inversión Vandor, porque ha decidido dejar de renovarles los contratos para convertir sus pisos, donde algunos vecinos llevan décadas viviendo, en alquileres de habitaciones. "Vandor ha comprado catorce fincas con un total de doscientos pisos con fines puramente especulativos y está echando a los inquilinos", han explicado los vecinos de estos bloques, junto con el Sindicato de Alquiladoras, en una rueda de prensa este viernes ante una de las fincas afectadas, situada en la calle Avenir 62 de Barcelona.

La historia de Juanjo Hernández es la historia de la crisis inmobiliaria. Este vecino de 56 años de Ciudad Meridiana —el barrio más pobre de Barcelona— ha vivido todos los capítulos del drama de la vivienda en primera persona: el aumento de precios de la burbuja, la compra de un piso en el peor momento, el estallido de la crisis del ladrillo en el año 2008, el euríbor disparado que hizo encarecer de los fondos buitre y, ahora, la crisis de los alquileres. Y no es casualidad, ni tampoco mala suerte. Desde que estalló la crisis inmobiliaria de 2008, a éste barrio periférico de Barcelona se le llama con el mote de Villa Deshaucio.

"Es el piso de su vida, lo lleva muy mal", así resume Meritxell al ARA el caso de su madre, Josefa, una pensionista de 80 años que tiene que renovar el contrato de su piso en unos meses y el fondo de inversión que se ha quedado el edificio donde vive pretende subirle el alquiler hasta un precio que ella, dice, no puede pagar. Así lo denuncia el Sindicat de Llogaters, que asegura que Lioness Inversiones –la empresa que recientemente ha adquirido el edificio de la Casa Orsola, donde vive Josefa, y que ocupa todo un chaflán del Eixample Esquerre– ha pedido una subida del 90% del precio a esta vecina. "Josefa paga 450 euros por un piso de 53 m² adaptado y recibe una pensión que no llega a los 500 euros mensuales. Subiéndole el alquiler a 800 euros, la empresa de Albert Ollé pretende infringir la ley de regulación de alquileres", aseguran desde el Sindicat. Según su hija, Josefa depende completamente de ella y de la asistencia social para vivir, y lleva toda la vida en este piso.

Hasta hace 30 días, los vecinos locatarios que viven en la Casa Orsola tenían "muy buena relación" con la propiedad del edificio. "Era un trato familiar y muy cordial", asegura Elisenda, que hace más de 30 años que vive en la finca, situada en la esquina de las calles Consell de Cent y Calàbria, en el Eixample Esquerra. Se trata de un edificio modernista muy conocido en el barrio (en el siglo XIX había sido una importante fábrica de baldosas hidráulicas) que ocupa todo un chaflán y tiene dos escaleras: en total, 27 pisos y 4 locales comerciales. Hace un mes, sin embargo, el bloque cambió de manos y la relación con los vecinos ha dado un giro de 180 grados. Ahora el propietario es el fondo de inversión Lioness Inversiones SL, que enseguida comunicó a los vecinos –a través de un burofax– que no les renovarían el contrato. Lejos de aceptar las condiciones, la finca entera se ha organizado para denunciar lo que consideran que es una operación especulativa.