Desde que en julio de 2008 se creara la posibilidad de acceder a la licencia por edad en el Parlament, se han concedido 62 solicitudes de este régimen especial que permite cobrar sin trabajar. Según datos entregados por la misma cámara catalana en el marco de la petición de transparencia que hizo el ARA, se autorizaron siete durante la presidencia de Ernest Benach, cuando empezó el sistema especial, y a partir de aquí han ido aumentando de forma exponencial: se dieron catorce con Núria de Gispert, once con Carme Forcadell y hasta dieciocho durante el mandato de Roger Torrent. Durante este 2021, con la presidencia de Laura Borràs, se han concedido 12, a pesar de que no se están ejecutando, puesto que la mesa ha decidido acabar con este régimen especial y estudia si las puede revertir después de que el ARA destapara el lunes que el Parlament destina 1,7 millones de euros anuales a retribuir a 21 funcionarios que ya no trabajan.

El sistema de transparencia establecido en el Parlament ha quedado en entredicho cuando ha llegado una pregunta sobre las condiciones del personal laboral de la casa. En concreto, sobre las retribuciones que perciben las personas acogidas a licencia por edad, un estatus que permite a 21 funcionarios del Parlament cobrar sin trabajar, una pregunta que el ARA planteó el 8 de abril del año pasado. Durante los nueve meses que ha tardado en responder se han puesto de manifiesto las tensiones internas, que han acabado con la dimisión de los miembros del órgano de transparencia del Parlament, entre ellos el ex letrado mayor Antoni Bayona, que el pasado 23 de diciembre presentó un escrito pidiendo su sustitución porque la administración no estaba entregando la información que había indicado en su resolución. Este hecho ha vuelto a poner sobre la mesa un debate que quedó abierto durante la legislatura del 2015-2017: ¿por qué razón la cámara catalana está al margen de la comisión de garantía del derecho de acceso a la información pública (GAIP)? ¿Por qué queda fuera del control de este ente independiente encargado de velar por la transparencia de la administración de la Generalitat y del mundo local?

La licencia por edad es un régimen especial para los trabajadores del Parlament que permite cobrar sin trabajar, y gracias a la cual dos ex secretarios generales de la cámara perciben más de 10.000 euros al mes sin pisar el hemiciclo, tal como ha destapado este lunes el ARA. Los dos exletrados y diecinueve funcionarios más están acogidos a este régimen, y supone un coste anual de 1,7 millones de euros. Este privilegio, introducido en 2008, se reformó en la última mesa del Parlament del 2021 después de que en el mes de abril este diario hiciera una petición de transparencia sobre el dinero público que se destinaba a pagar estas retribuciones. Ahora bien, esta reforma no pone fin a la licencia por edad, sino que reduce de cinco a tres los años durantes los cuales los trabajadores de la cámara la pueden disfrutar.

Dos ex secretarios generales del Parlament de Catalunya y diecinueve funcionarios más de la cámara cobran prácticamente el 100% del sueldo a pesar de que ya no ocupan su puesto de trabajo. Se trata de un régimen especial que se denomina “licencia por edad” y que existe  solo para los trabajadores del Parlament de Catalunya desde el año 2008. Un privilegio inaudito que no tiene comparación en el mercado privado común ni en la administración de la Generalitat, y que hasta ahora se podía solicitar cuando los trabajadores cumplían los 60 años y llevaban más de quince en la administración parlamentaria para disfrutar hasta la jubilación. Según ha podido saber el ARA a raíz de una petición de transparencia hecha el mes de abril del año pasado y entregada recientemente, hasta 21 funcionarios del Parlament están acogidos a esta figura, el sueldo de los cuales suma 1,7 millones de euros anuales (véase el gráfico).