La Oficina Antifrau ha detectado hasta diez casos de "irregularidades" y "malas prácticas" en el Parlament de Catalunya e insta a la cámara catalana a revisar las actuaciones de forma urgente ya comunicar, en un plazo máximo de treinta días, las medidas que tomará para resolver esta situación. Ésta es la primera conclusión de la oficina dirigida por el exmagistrado Miguel Ángel Gimeno, que hace un par de meses puso en marcha una investigación sobre la cámara catalana a raíz de una denuncia anónima que apuntaba malas prácticas en materia de contratación y varios privilegios otorgados al personal funcionario. Entre estas irregularidades, Antifrau señala la concesión de licencias por edad en diferido –tal y como avanzaba este jueves el ARA- y los premios de jubilación, que es una figura actualmente vigente y que implica el cobro de un año entero de sueldo -que puede llegar a 200.000 euros en el caso de algunos funcionarios- cuando llega la hora de jubilarse.

Las licencias por edad no solo están bajo lupa de la Oficina de Antifraude por lo que significaban –cobrar sin trabajar durante cinco años antes de la jubilación con sueldos de entre 3.000 y más de 10.000 euros mensuales– sino también por la forma en que se concedieron las últimas prejubilaciones antes de ser reformadas en febrero del 2022 (formalmente se derogaron, pero se creó una nueva figura que sigue permitiendo que los funcionarios de la cámara cobren sin trabajar en los últimos años de su carrera). Según ha constatado el ARA a través de varias peticiones de transparencia, la ex secretaria general de la cámara Esther Andreu intensificó la concesión de estas licencias durante el verano y el otoño del 2021, cuando se estaban negociando los cambios para hacer más restrictiva la norma por orden de la entonces presidenta del Parlament, Laura Borràs. De este modo, los funcionarios que pudieron acogerse a última hora lo hicieron en un régimen más ventajoso. Ese año se concedieron 16 licencias, el doble que el año anterior y más que ningún otro año hasta entonces.

Cobrar sin trabajar prácticamente la totalidad del sueldo durante cinco años antes de jubilarse. Esta posibilidad se instauró en el Parlament de Catalunya en 2008 y sigue vigente hoy en día, a pesar de que con cuantías inferiores después de la reforma del año pasado. Es una figura inédita en el Estado, pero no en el mundo: la Unión Europea se sumó en 2015 y ha destinado 53,5 millones de euros desde entonces a pagar a funcionarios que ya han dejado de trabajar en la institución. A través de una petición de transparencia hecha por el ARA, las instituciones comunitarias han detallado qué pagan a funcionarios que ya no prestan servicios efectivos hasta cinco años antes de la jubilación con indemnizaciones que, de media, se sitúan en los 8.227 euros mensuales, pero que en algún caso pueden acercarse a los 20.000 euros al mes.

Las licencias por edad (reformadas por última vez durante 2022) no son el único privilegio que tienen los funcionarios del Parlament. También existe lo que se denomina subsidio de jubilación, más popularmente conocido en la cámara catalana como "premio de jubilación". ¿Qué es? ¿Qué implica para las arcas públicas del Parlament? ¿Cuál es su origen? El ARA ha hecho varias peticiones de transparencia para poner cifras a una figura que consiste en percibir, en el momento de la jubilación, hasta un año de sueldo extra y que, en el caso de la excúpula funcionarial, supera los 100.000 euros brutos de media. En algunos casos podría ser más, puesto que la regulación ha variado a lo largo de los años.

Una de las cuestiones que puso en evidencia el caso de las licencias por edad en el Parlament -destapado por el ARA- es que el sistema de transparencia falló: la cámara tardó nueve meses en entregar la información solicitada por este diario sobre el dinero que se destinaba a pagar a funcionarios que ya no trabajaban. Es por eso que una de las cosas que acordó la mesa es que la vicepresidenta segunda y diputada del PSC, Assumpta Escarp, prepararía un informe y propondría una remodelación del sistema de transparencia para mejorarlo. Y así lo ha hecho: este miércoles la mesa del Parlament ha acordado por unanimidad el primer cambio en el sistema actual con el objetivo de que la cámara tenga unas "normas propias" y no se generen "dudas".

La mesa ampliada del Parlament –con representación de todos los grupos– ha aprobado que los beneficiados por las licencias por edad ya concedidas –y que estaban cobrando sin trabajar– se reincorporen formalmente a su puesto de trabajo a partir del 1 de noviembre. Ahora bien, con la posibilidad de hacer teletrabajo al 100% y también con excepciones. De acuerdo con la propuesta, que ha recibido el apoyo de Junts, ERC y el PSC (la CUP y Cs se han abstenido y Vox y comuns han votado en contra), y que ahora tendrá que ser ratificada por la comisión de asuntos institucionales (CAI), no tendrán que volver aquellos a los que les quede solo un año para acabar la licencia, los que tengan una "incapacidad temporal", los que se tengan que hacer cargo de un familiar o los que hayan pasado una enfermedad oncológica.

El culebrón de las licencias por edad sigue trayendo cola después de que la mesa del Parlament avalara este martes que los funcionarios pudieran seguir cobrando sin trabajar a partir de los sesenta años. Este jueves la decisión –fruto de la negociación entre los trabajadores de la cámara y los representantes de la mesa– tenía que quedar formalizada en la Comisión de Asuntos Institucionales (CAI), pero la votación ha quedado aplazada. El motivo, según varias fuentes consultadas por el ARA, es que la presidenta del Parlament, Laura Borràs, no está conforme con el resultado de la negociación y pretende replantear el modelo, todavía muy similar al que se había comprometido a eliminar. Así, ha dejado de ser una cuestión que aprobar de forma urgente y será una nueva reunión de la mesa del Parlament –que se podría convocar para este mismo viernes– la que debatirá si se han de introducir modificaciones en el documento pactado con los trabajadores.

El Parlament eliminó en febrero las licencias por edad , el régimen que permitía a los trabajadores de la cámara seguir cobrando su sueldo íntegro sin trabajar, pero dejó la puerta abierta a regular un sistema similar a partir de la negociación con los trabajadores. Este martes, la mesa ha aprobado el nuevo mecanismo que se tendrá que validar en comisión parlamentaria y que blinda exactamente el mismo modelo que se había conjurado a eliminar: los funcionarios con una experiencia mínima de 15 años en la cámara podrán seguir cobrando sin trabajar durante los últimos cinco años antes de jubilarse. ¿Qué cambia, pues? Básicamente, el importe anual que percibirán. Ya no podrán aspirar a ingresar lo mismo que cobrarían trabajando -un modelo todavía válido para la treintena de personas que se acogieron a él hasta el año pasado- pero se les garantizará que cobren lo mismo que cobrarían en caso de estar jubilados. Es decir, el Parlament otorgará excedencias remuneradas para el personal a partir de los 60.

Las licencias por edad, el régimen que permite cobrar sin trabajar los cinco años previos a la jubilación, ya no existen en el reglamento de personal del Parlament y, por lo tanto, ningún trabajador más las podrá solicitar. Ahora bien, en estos momentos todavía hay una veintena de funcionarios –según los datos facilitados en abril del 2021– que están percibiendo el sueldo sin acudir a su puesto de trabajo, con un coste de casi dos millones de euros anuales para las arcas públicas. La mesa pidió un informe a los servicios jurídicos y los letrados finalmente han avalado que se les pueda reclamar que vuelvan a trabajar para poder percibir el sueldo. Pero a pesar de la luz verde, los partidos representados en el órgano han optado este martes por ganar tiempo. ERC, JxCat, el PSC y la CUP han acordado seguir negociando con el consejo de personal del Parlament, que representa los trabajadores de la cámara, hasta el 17 de junio. Es decir, se dan dos meses y medio más de lo que habían acordado inicialmente, puesto que el plazo para tomar esta decisión se acababa este viernes 1 de abril.

El Parlament eliminó definitivamente las licencias por edad el 17 de febrero, de forma que ya ningún funcionario más podrá optar a cobrar sin trabajar. Ahora bien, queda por decidir si se pueden eliminar las prejubilaciones doradas de los 21 funcionarios que, tal como destapó el ARA, tenían este régimen en 2021 –con un coste de casi 2 millones de euros– y también a los que las solicitaron el año pasado, un total de 12, pero que todavía no las disfrutaban. La mesa preguntó a los letrados del Parlament qué podía hacer jurídicamente con estas personas: el informe final –que ha elaborado Antoni Bayona después de una situación de tensión inédita entre la secretaria general, Esther Andreu, y el letrado mayor, Miquel Palomares– prevé que los 21 funcionarios que ahora cobran sin trabajar se reincorporen a su lugar en la administración y que se dejen sin efecto las 12 licencias concedidas el año pasado. Así se desprende del informe al cual ha tenido acceso el ARA: la mesa tiene margen legal, si quiere, para revocar las prejubilaciones doradas vigentes todavía actualmente.

Las licencias por edad se crearon en 2008 durante la presidencia del Parlament de Ernest Benach. Hay varias teorías sobre qué llevó a la cámara a impulsar esta figura inédita que permitía cobrar prácticamente el 100% del sueldo sin trabajar los cinco años previos en la jubilación: que se inventó para acelerar que algunos altos funcionarios marcharan, que fue una petición del consejo de personal o que quién removía los hilos en aquel momento se hizo un vestido a medida para tener una prejubilación dorada –Imma Folchi entonces era secretaria general y es una de las beneficiarias de la licencia por edad–. Sea como fuere, lo cierto es que la figura se ha mantenido durante 14 años y no se ha eliminado hasta que el ARA informó el pasado 17 de enero que en 2021 el Parlament destinó 1,7 millones de euros a pagar a 21 funcionarios que ya no trabajaban. Este viernes, la presidenta del Parlament, Laura Borràs, ha explicado que, en total, desde 2009 la cámara catalana ha pagado 14,4 millones de euros a gente que ya no trabajaba.

El Parlament decidió revocar las licencias por edad después de que el ARA destapara que pagaba 1,7 millones anuales a 21 funcionarios que ya no trabajaban y, por lo tanto, ningún funcionario actual de la cámara podrá acceder a ellas. Ahora bien, quedó en standby una decisión también importante: qué hacer con estas prejubilaciones ya concedidas. Por un lado, los 21 funcionarios que ya están disfrutando desde casa cobrando en algunos casos alrededor de 10.000 euros al mes y, de la otra, las doce personas a las cuales la secretaria general, Esther Andreu, autorizó estas licencias durante el 2021 pero que todavía no habían entrado en funcionamiento. Sobre esto, la mesa del Parlament encargó un informe a los servicios jurídicos que ha generado un choque sin precedentes en el cuerpo de letrados de la cámara. Según varias fuentes consultadas por el ARA, el letrado mayor, Miquel Palomares, estaba pilotando el informe junto con otros letrados a lo largo de las últimas semanas y, entre sus conclusiones, no solo avalaba la posibilidad de revocar las 12 licencias por edad concedidas –pero no ejecutadas– durante el 2021, sino que también preveía la opción que se revocaran las 21 que actualmente son vigentes. ¿Con qué argumento? Principalmente porque están en una situación de servicio activo como funcionarios y por eso las licencias por edad no se pueden considerar un derecho ya consolidado. También añadía que la eliminación de las licencias, después de varias modificaciones y de la alarma social que generaron, no era imprevisible para los trabajadores de la cámara.

La mesa ha decidido suprimir las licencias por edad del reglamento de personal, un compromiso que adquirió el pasado martes después de la publicación del ARA sobre los privilegios en la cámara. La presidenta del Parlament, Laura Borràs, ha propuesto que se elimine directamente el artículo del régimen interno de la cámara sin negociarlo con los trabajadores, puesto que considera que la mesa tiene la potestad para hacerlo. Según fuentes de la presidencia de la cámara, después de estudiarlo se ha considerado que se puede proceder de este modo a pesar de que no haya ningún acuerdo sobre la cuestión con el personal: explican que se tiene que trasladar al consejo de personal e, independientemente de lo que diga, se puede aprobar en la mesa ampliada (con el resto de grupos) y en la comisión de Asuntos Institucionales.