Hace más de diez años, en medio de la Gran Recesión, los dos principales partidos en el Estado, PSOE y PP, acordaban una reforma de la Constitución para asumir y cumplir con la reducción del pasivo que exigía Bruselas a los países más endeudados. Aquello supuso el nacimiento de un corsé permanente para el gasto público fijado en la carta magna española bajo el nombre de "estabilidad presupuestaria" y allanaba el camino para que más tarde, en el 2012, el gobierno de Mariano Rajoy (PP) aprobara la llamada ley de estabilidad presupuestaria. Todo ello exigía a las administraciones públicas ser muy restrictivas con el gasto.

La tensión en el comercio internacional por el caos arancelario de Estados Unidos pasará de largo por la economía española. del consejo de ministros extraordinario de este miércoles. "A pesar del caos arancelario, el apagón eléctrico de esta semana o la catástrofe natural de la DANA, la economía española seguirá liderando en términos de crecimiento entre las principales economías de la zona euro", reiteró Cuerpo, que cifró en 400 millones de euros. el impacto económico de la incidencia eléctrica.

Menos deuda, menos déficit y un gasto público controlado. Son las tres líneas maestras del Plan Fiscal Estructural correspondiente al período 2025-2028 que el gobierno español tiene previsto enviar este martes a Bruselas. Con la entrada en vigor de las nuevas reglas fiscales a partir del próximo año, los Estados miembros están obligados a presentar un plan de ajuste para los próximos siete años desde la puesta en marcha de estas reglas, está en decir, hasta el año 2031. Durante este período, los países deben llevar a cabo un "esfuerzo" con el objetivo principal de reducir la deuda de las administraciones públicas.

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) insiste en que serán necesarias medidas para compensar el gasto público del gobierno español. En concreto, el organismo que preside Cristina Herrero ve en el "dinamismo" del gasto público un "riesgo de incumplimiento" tanto de la regla de gasto que rige las distintas administraciones públicas y que recoge la ley de estabilidad presupuestaria, como de la recomendación o tasa de referencia que la Comisión Europea ha realizado para España en lo que se refiere al límite del gasto computable total del conjunto de las administraciones. Ante este escenario, el Airef ha pedido "medidas correctivas" y recomienda que el ministerio de Hacienda comparezca en el Congreso de los Diputados para explicar cómo "reconducirá" la situación.

La legislatura española comienza a andar y con ella lo hacen los deberes económicos del nuevo gobierno de Pedro Sánchez. Algunos les ha marcado el mismo ejecutivo, otros vienen impuestos por la coyuntura macro y también algunos son fruto de los pactos con los distintos partidos para investir a Sánchez. De entrada, el ejecutivo ha optado por el continuismo blindando los rostros de las cuatro principales carteras de esta área: Nadia Calviño (PSOE) en Economía; María Jesús Montero (PSOE) en Hacienda; Teresa Ribera (PSOE) en Energía y Yolanda Díaz (Sumar) en Trabajo.

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero (PSOE), tendrá que aplicar el plan B sobre los objetivos de déficit y deuda. Este miércoles, el Partido Popular, con mayoría absoluto en el Senado, ha tumbado por segunda vez la senda de estabilidad del gobierno español y, por tanto, los objetivos de déficit y deuda que el ejecutivo de Pedro Sánchez había establecido para poder elaborar unos nuevos presupuestos generales del Estado (ahora siguen prorrogadas las cuentas públicas de 2023).

Del dedo al hecho. El Partido Popular, con mayoría absoluto en el Senado, tumbará la senda de estabilidad del gobierno español y, por tanto, los objetivos de déficit y deuda que el ejecutivo de Pedro Sánchez había establecido para poder elaborar unos nuevos presupuestos generales del Estado (ahora siguen prorrogadas las cuentas públicas de 2023). Así lo ha anticipado el senador popular Gerardo Camps durante el pleno en la Cámara Alta española este miércoles por la mañana (la votación se celebra por la tarde).

Los de 2023 –si salen adelante– pueden ser los últimos presupuestos generales del Estado aprobados sin reglas fiscales europeas (y también españolas). "Pueden", porque de hecho estas normas ya tenían que volver el año que viene, o esta era la intención inicial de la Comisión Europea. Sin embargo, la guerra en Ucrania ha obligado a Bruselas a cambiar sus planes y a prorrogar, de nuevo, la suspensión temporal de las reglas fiscales, aprobada excepcionalmente con la pandemia del covid-19. Ahora, el año marcado en rojo en el calendario es el 2024. Pero la incógnita es si el pacto fiscal volverá tal como se conocía o si la Comisión Europea decidirá tocar unas reglas del juego que, a ojos de algunos países, no pueden ser ni homogéneas ni tan estrictas como hasta ahora.

El consejo de ministros de este martes ha dado luz verde a un nuevo techo de gasto de hasta 198.221 millones para el 2023, así como a las tasas de referencia del déficit para cada una de las administraciones, incluidos los gobiernos autonómicos (0,3%), tal como anticipó el ARA este lunes. Este año, la cifra de gasto vuelve a ser de "récord" y supera la del año pasado. Se trata de un aumento de un 1,1% en comparación con el 2022 –el año pasado el techo de gasto ya fue de 196.142 millones–.

En Bruselas preocupa la deuda y déficit público español, hasta el punto que ha pedido a Madrid una política fiscal "prudente" de cara al 2023. Es decir, reducir el gasto y focalizar los estímulos sobre las familias y empresas más vulnerables al incremento de los precios, en particular los energéticos. Esto se desprende de las recomendaciones de primavera que la Comisión Europea ha publicado este lunes, después de que los estados miembros enviaran sus planes de estabilidad para los tres años próximos. En concreto, el ejecutivo comunitario alerta de "desequilibrios" vinculados con el endeudamiento elevado de España y más "en un contexto de desocupación elevada".