Era un clamor. Lo pedían las pymes y los autónomos y también era uno de los puntos exigidos por Junts en el gobierno español. Por último, el sistema de verificación de facturas electrónicas Verifactu retrasará un año su entrada en vigor obligatoria, que será en 2027 en lugar del próximo 1 de enero para las sociedades y el 1 de julio para autónomos.

Desde hace unas semanas se ha impuesto la inquietud entre pymes y autónomos frente a un nuevo cambio a la hora de facturar. A partir del próximo año, los sistemas de facturación que se utilicen deberán cumplir unos nuevos estándares para facilitar el control de la Agencia Tributaria y combatir el fraude fiscal. El sistema se ha bautizado como Verifactu.

ERC ha pedido perdón a los Maragall por los carteles que se publicaron contra ellos hace un año y que el ARA ha demostrado que salieron de dentro del partido y ha cerrado la investigación interna en una semana expedientando a cuatro militantes. Sin embargo, los republicanos han sorteado las explicaciones sobre la B, la estructura paralela que ha ido funcionando a la sombra de los responsables de comunicación para hacer contracampaña y que también el ARA destapó hace dos semanas. Una estructura de la que no solo salieron los carteles contra el Alzheimer, sino que ha ido cobrando de forma regular a través de una empresa afín, Relevance, sin tener que justificar nunca una factura, tal y como ha podido comprobar este diario.

Septiembre de este año será uno de los inicios de curso con los precios más elevados de las últimas décadas, debido a la escalada de precios iniciada con el fin de la pandemia y acelerada por la crisis energética derivada de la invasión rusa de Ucrania. Pese a no ser tan conocida como la costa de enero, en septiembre se produce un fenómeno similar que obliga a apretar el cinturón a las familias a la espera de Navidad.

La empresa cobradora de Endesa, DPS Consulting, tendrá que responder ante la justicia por sus métodos a la hora de reclamar facturas impagadas. La denuncia de una clienta fue admitida a trámite en diciembre de 2020 y ahora, una vez finalizada la investigación del caso, la Alianza contra la Pobreza Energética (APE) junto con Arrels Advocats (que defienden a la clienta) se han presentado como acusación y piden penas de hasta dos años de prisión para tres miembros de este bufete de impagos: la trabajadora que hizo la llamada y dos directivos. Los acusan de un delito de estafa en grado de tentativa, coacciones y usurpación de funciones públicas, porque la cobradora se hizo pasar por una funcionaria de los juzgados y amenazó con embargar las cuentas de la clienta de Endesa –considerada como vulnerable– si no pagaba las facturas pendientes.