En mayo del pasado año, Xavier Trias salía como el claro triunfador de la disputadísima carrera por la alcaldía de Barcelona. Firme defensor del diálogo, pero sobre todo devoto de los resultados electorales, Trias tenía claro que debía gobernar: la suya era la candidatura más votada. En 2023, con Junts per Catalunya, podía volver a la alcaldía de Barcelona ocho años después de perderla. Pero un pacto de última hora entre el PSC, Barcelona en Comú y el PP le cerró el paso; un giro de guión que se saldó con Collboni saliendo del Saló de Cent con la vara –aunque había prometido personalmente a Trias no llegar a ningún pacto antinatural para arrebatarle la alcaldía– y con un Trias enojado y decepcionado exclamando al ahora célebre "Si no soy alcalde, que os bombeen a todos".

El de julio es el último pleno del curso político en Barcelona y, este año, también el último antes de que en septiembre se acelere el repique de los tambores electorales que ya hace tiempo que resuena en la ciudad. Hoy mismo, de hecho, se discute una proposición de Junts que pide que el Ayuntamiento condene el caso de la cuenta falsa en Suiza del exalclade Xavier Trias, que no descarta volver a las urnas en 2023 para batirse de nuevo con Ada Colau. La sesión, aun así, ha empezado exhibiendo unanimidad en una comparecencia conjunta de todos los grupos para presentar una hoja de ruta para los próximos 15 años en el Besòs que se ha consensuado con entidades del territorio y fija 64 actuaciones presupuestadas en 100 millones. La sesión también ha dado luz verde sin matices a los cambios en la ordenanza sobre el uso de las vías y los espacios públicos que tienen que permitir multar a quienes fumen en las playas de la ciudad, a pesar de que el consistorio insiste en que lo que se hará este verano es informar más que sancionar. La medida se ha aprobado con el voto a favor de todos los grupos menos la abstención del PP, que rechaza la "prohibición total" y defiende crear espacios concretos libres de humo, y de Valents y la concejala no adscrita.

El gobierno de Ada Colau ha entrado en el pleno de este viernes con el objetivo de salir con las mínimas heridas posibles. Con el apoyo garantizado de ERC a los proyectos contra los cuales el resto de la oposición centraba los ataques, las primeras calles de la superilla del Eixample y la zona de bajas emisiones (ZBE), el equipo de la alcaldesa ha salido a la defensiva para evitar que los debates volvieran a evidenciar las discrepancias internas entre comuns y socialistas. Sobre todo, con el nuevo plan para regular las actividades económicas en el distrito del Eixample, que ya llevó a los socialistas a aliarse con Junts en comisión para pedir que la restricción se aplicara solo a las calles pacificadas y no al conjunto del distrito.

El anuncio inicial era que el grupo municipal de ERC llevaría al pleno de Barcelona de este viernes una propuesta para limitar el número de cruceristas que visitan la ciudad e impedir que ningún mes del año se superaran los 200.000, cuando antes de la pandemia en agosto se llegaba a los 400.000. El texto que finalmente se ha llevado a debate, sin embargo, ya no habla de limitaciones ni de topes. Lo que hace es pedir al Puerto, que es quien tiene la competencia sobre el tema, que priorice a los cruceristas que embarcan en la ciudad a los que hacen escala en ella, ya que los primeros hacen más gasto y una visita menos fugaz. Y esperar a los resultados del estudio encargado para determinar cuántos turistas puede acoger el centro de la ciudad y elaborar el plan estratégico de turismo 2023-2026 teniendo en cuenta esta fotografía.