El 8 de enero Èric volverá a Lledoners, donde ya había estado durante dos años en prisión preventiva por haber agredido sexualmente a un menor. Le quedan poco más de dos semanas de libertad después de que el 3 de diciembre la Audiencia de Barcelona ratificara el acuerdo de conformidad para condenarlo a seis años y medio de cárcel.

Hace unas semanas, al volver a casa después de la jornada de trabajo, Enric se preparó algo para comer, se duchó y se tumbó en la cama con música de fondo. Sonó una canción que solía escuchar en momentos difíciles y recordó etapas pasadas. Abrió los ojos y tomó conciencia de que estaba en su casa. "Ha llegado mi momento. Estoy bien y soy feliz", pensó.

El crimen de la cárcel de Mas de Enric cogió a todos por sorpresa: ha sido el primer caso de la historia penitenciaria catalana en el que un recluso mata a una trabajadora. No era un preso recién llegado. ISO había entrado en el centro ocho años antes de matar a navajazos a la cocinera de la cárcel y suicidarse en el mismo lugar donde trabajaban los dos juntos. ISO había ingresado en Mas de Enric de forma provisional el 26 de abril del 2016 por el asesinato a cuchilladas de otra mujer, un crimen por el que le condenaron el 1 de junio del 2018. Durante los seis años que pasaron entre la sentencia y el segundo crimen, sólo tuvo otra conducta violenta, apenas cuatro meses antes de que matara a la cocinera: dio un puñetazo en la cara a otro preso. Sin embargo, parece poco importante, según ha podido saber el ARA, cuando cometió esta agresión la cárcel incumplió el protocolo de reincidencia.

Contrariamente a lo que muchas veces se piensa, las cárceles son unas instituciones relativamente modernas. Al principio sólo cumplían la función de segregar y custodiar a los presos hasta que se ejecutaran otras penas, como las torturas físicas o la pena de muerte.

¿Qué ha fallado? Esta es la pregunta que, de forma recurrente, se ha formulado en los últimos días para explicar el asesinato de una cocinera en la cárcel de Mas de Enric, a manos de un interno que trabajaba en la cocina. El trágico suceso ha llenado las portadas de los últimos días, ha generado una ola de protestas centradas en pedir la dimisión de los responsables políticos y ha abierto todo tipo de debates sobre el sistema penitenciario, demasiadas veces carentes del más mínimo conocimiento de la realidad. Es comprensible la consternación ante tal desgracia, pero eso no justifica ni la demagogia ni el oportunismo de todos aquellos que quieren sacar rédito de una desgracia, especialmente en plena campaña electoral.

Profundamente conmovida por la muerte de Núria, trabajadora del proyecto más importante para dotar de capacidades formativas a quienes cumplen penas de privación de libertad. Era uno de esos trabajadores públicos que atraviesan las rejas carcelarias sabiendo que, en ese mundo cerrado que el otro mundo quiere olvidar, hay personas que los poderes públicos deben intentar educar y reeducar.

El dicho Año nuevo, vida nueva no siempre se hace realidad. Y en política a menudo las cosas no son nuevas. En diciembre ya veíamos cómo diferentes alcaldes de Junts del Maresme solicitaban la expulsión de personas delincuentes reincidentes extranjeras. Precisamente, el propio partido político recordaba el episodio, hace unos días, para hablar de las condiciones que deberían darse para poder expulsar a estas personas, a partir del acuerdo entre PSOE y Junts que supondría la "delegación integral" de las competencias de inmigración en la Generalitat.

¿Y ahora qué? “A vivir tranquilito, porque no pienso volver adentro”, responde Mario Casterás, que es por primera vez en muchos años un hombre libre. Cargado con solo dos bolsas de plástico, el 6 de enero de 2021 salió de Can Brians, la última de las prisiones donde ha ido sumando condenas en dos tandas: una primera de 1980 a 1994 por una serie de atracos con su hermano y una segunda que arrancó en 1996 por un intento de asesinato que se encadenó con la del asesinato de otro preso. “Me he ganado a pulso toda la condena, sin ni un día de permiso”, explica este leridano de 62 años tomando un café en el centro de Barcelona. No tuvo ningún permiso porque en los primeros años –detalla– la junta de tratamiento se los denegaba uno a uno y en la recta final fue él quien los rechazaba. “Total, ¿para hacer qué?”