A Donald Trump cada vez más aliados le dan la espalda para salvar su cuello. Ya son cuatro los colaboradores suyos que se han declarado culpables por el caso que investiga los intentos de alterar las elecciones presidenciales de 2020 en Georgia. La última fue Jenna Ellis, que fue abogada de la campaña del expresidente para los comicios de hace tres años. Como ya hicieron la semana pasada los abogados Kenneth Chesebro y Sydney Powell, y el pasado mes Scott Graham Hall, Ellis ha aceptado un pacto con la Fiscalía por el que se declara culpable y acepta una pena menor.

La carrera para la presidencia estadounidense se jugará, en gran parte, en los tribunales. Tras las cuatro imputaciones que ya recaen sobre el ex mandatario Donald Trump, este jueves le ha llegado el turno a Hunter Biden, hijo del actual presidente, que está acorralado por dos investigaciones independientes, por delitos fiscales y por posesión ilegal de armas. Este jueves han trascendido documentos judiciales de un tribunal de distrito de Delaware que constatan que un gran jurado ha votado a favor de imputarlo por tres delitos relacionados con la segunda investigación, por posesión ilícita de armas.

Cada vez que a Donald Trump le sale un enemigo relevante, se apresura a ponerle un mote. Es el peculiar reconocimiento que el expresidente otorga a todas las figuras que quieren interponerse en su camino. Por eso Joe Biden, el principal antagonista del largometraje del magnate, es reconocido como "sleepy Joe" o "slow Joe" (Joe "dormido" o "lento", un mote puesto fruto de una entrevista viral donde el mandatario cerraba los ojos y parecía que se dormía); Hillary Clinton, como "crazy" o "crooked" ("loca" o "deshonesta"); Ron DeSantis, como "Ron DeSanctus" o "DeSanctimonious" (con una traducción complicada, que se aproximaría a "rosegaaltars", según el escritor Màrius Serra, y que vendría a llamarle hipócrita).

A Donald Trump, el único expresidente imputado en la historia de Estados Unidos, le han leído esta tarde los cargos más graves de todos los que pesan sobre él: cuatro delitos de conspiración y obstrucción por su papel protagonista en uno de los capítulos más oscuros de la democracia estadounidense, el asalto al Capitolio, que podrían llevarle a pasar el resto de su vida en prisión.

Los cuatro cargos de conspiración y obstrucción que enfrenta al expresidente de Estados Unidos Donald Trump tienen consecuencias que van más allá de su persona y de su candidatura para las elecciones presidenciales del próximo año: escriben una nueva página en el sistema democrático del país norteamericano y ponen a prueba la fortaleza de sus instituciones. Un presidente nunca había sido imputado ni una, ni dos, ni tres veces. La situación es inédita y plantea una serie de interrogantes de primer orden constitucional:

Por tercera vez en la historia de Estados Unidos, un expresidente comparecerá este jueves ante la justicia para que le lean una imputación penal. En las tres ocasiones, el encausado tiene el mismo nombre y apellido: el inconfundible Donald Trump. En un clima de tensión y en medio de la campaña electoral, la juez Tanya Chutkan, del tribunal federal de distrito de Washington, presidirá el acto formal de imputación del exmandatario.

Donald Trump ha recibido durante esta madrugada su segunda imputación histórica en tan solo dos meses. El fiscal especial Jack Smith, nombrado por el departamento de Justicia, ha imputado el expresidente para retener y esconder los documentos clasificados que encontró el FBI en su mansión de Mar-a-Lago, en Palm Beach (Florida). Tendrá que comparecer ante el Tribunal Federal de Miami el martes a las 15 horas (a las 21 hora catalana) para su rendición y lectura de cargos. Así lo ha comunicado el mismo Trump a través de su red social, Truth Social, y lo han confirmado los principales medios de comunicación norteamericanos.

La vicepresidenta y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas del Gobierno valenciano, Mónica Oltra, ha insistido este viernes que no dimitirá de su cargo a pesar de su imputación por el caso del abuso a una menor tutelada por parte de su exmarido. Según ella, todo ello es una "cacería política de la extrema derecha". Así lo ha dicho en la comparecencia posterior al pleno del Consejo. Para sustentar su decisión, Oltra se ha basado en un cita de la resolución judicial que señala que, a pesar de que hay "indicios de la existencia de un concierto” para “proteger la carrera política de la aforada ” o "su entonces pareja" no existen "pruebas directas".

El Tribunal Superior de Justicia del País Valenciano (TSJPV) ha anunciado la imputación de la consejera de Igualdad y Políticas Inclusivas del gobierno valenciano, Mónica Oltra, en el caso que investiga si el departamento que dirige la líder de Compromís dificultó la aclaración del abuso a una menor tutelada por parte de su exmarido. Según la sala civil y penal, hay "una serie de indicios plurales que en conjunto hacen sospechar la posible existencia de un concierto entre la señora Oltra y varios funcionarios a su cargo con la finalidad o bien de proteger a su pareja en aquel momento […] o bien de proteger la carrera política de la aforada”. 

La petición de imputación de la vicepresidenta y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas del Gobierno valenciano, Mónica Oltra, en la causa que investiga si el departamento que dirige la líder de Compromís dificultó la aclaración del abuso a una menor tutelada por su exmarido, Luis Eduardo Ramírez –que ha sido condenado a cinco años de prisión por los hechos–, ha sacudido la política del País Valenciano y ha abierto el debate sobre el futuro político de la dirigente progresista.