La investigación "paralela" que hace peligrar el futuro político de Mónica Oltra

ValenciaLa petición de imputación de la vicepresidenta y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas del Gobierno valenciano, Mónica Oltra, en la causa que investiga si el departamento que dirige la líder de Compromís dificultó la aclaración del abuso a una menor tutelada por su exmarido, Luis Eduardo Ramírez –que ha sido condenado a cinco años de prisión por los hechos–, ha sacudido la política del País Valenciano y ha abierto el debate sobre el futuro político de la dirigente progresista.

Según el juez Vicente Ríos, la instrucción ya no puede “progresar" sin que Oltra declare como investigada. Además, afirma que hay “indicios racionales y sólidos” de la participación de la vicepresidenta en la investigación “parajudicial” que llevó a cabo la Generalitat y por la que ya están imputados trece altos cargos de la conselleria y trabajadores del centro donde residía la menor. El magistrado cree que "no existió" en el departamento "ninguna voluntad real de aclarar los hechos, sino más bien de ocultarlos con una mera apariencia de actuaciones dirigidas a aclararlos". "¿Cómo podían ser aclarados si nunca nadie preguntó a la niña sobre los hechos en el CAM [centro de acogida para menores] ni a la conselleria?", se ha preguntado Ríos en una resolución a la que ha apoyado la Fiscalía Provincial.

El departamento que encabeza la dirigente de Compromís ha rechazado las acusaciones y ha defendido que no se abrió una investigación para cuestionar la credibilidad de la menor –como concluyó el informe–, sino para averiguar qué había fallado, porque hasta entonces nadie se había creído a la joven. También han reiterado que se trata de un procedimiento que se aplica en todos los casos de abusos sexuales en niños y niñas tutelados por la Generalitat. Sí que han admitido que tendrían que haber avisado automáticamente a la Fiscalía y han atribuido este error a un protocolo que ya se ha modificado. Por su parte, Mónica Oltra ha asegurado que se enteró del caso cuando la avisaron por teléfono de que había llegado una citación judicial para su exmarido al domicilio familiar el 4 de agosto de 2017 –seis meses después de los hechos– y cuando se había cerrado la investigación interna. 

"No dimitiré"

Hasta ahora, la vicepresidenta valenciana ha descartado dimitir a pesar de que finalmente sea imputada. En esta decisión, la dirigente progresista cuenta con el apoyo de sus compañeros de Compromís, que se han mostrado favorables a que sea la candidata de la coalición en las elecciones del año próximo. De hecho, los valencianistas han pasado al ataque y Oltra ha denunciado ser víctima de una "cacería política" dirigida por el expresidente valenciano, Francisco Camps, la cofundadora de Vox, Cristina Seguí, y Alberto de Rosa, director ejecutivo de Ribera Salud –empresa concesionaria de varios hospitales durante los años de gobierno del PP, ahora de gestión pública gracias al actual Consejo–. Para la dirigente progresista, la causa responde a una operación orquestada que nace de la animadversión política que le profesa el exjefe del Consejo y el malestar del empresario porque el actual Gobierno valenciano ya no le permite "hacer negocio con la salud". En la operación también participaría José Luis Roberto, líder del partido ultra España 2000, que ejerce de abogado de la menor.

La ofensiva de Oltra ha recibido el apoyo parcial del presidente valenciano, Ximo Puig, que ha marcado distancias con el argumentario de su número 2. "No creo en teorías de la conspiración, pero sí que veo que hay intereses determinados para intentar pervertir la verdad", ha defendido el dirigente socialista. Para el Partido Popular, los equilibrios entre Puig y Oltra responden a un "pacto de silencio" por invisibilizar las investigaciones judiciales que afectan al hermano de Puig y al departamento que encabeza la dirigente de Compromís.