El Govern tenía que firmar este viernes el decreto para poner en marcha todo el proceso para celebrar la consulta de los Juegos Olímpicos de Invierno, fijada en el calendario para el 24 de julio. La previsión era enviar a los medios una foto del presidente firmando el documento. Pero, en un giro de guion, el ejecutivo finalmente ha comunicado todo el contrario: que la votación queda aplazada. El argumento es que no hay todavía ningún proyecto de candidatura definitivo validado por el Comité Olímpico Español (COE) y que por eso se pospone la consulta hasta el otoño. El problema de fondo es la negativa de Aragón a firmar el acuerdo que certifique la candidatura conjunta entre los dos territorios y, según la consellera de Presidencia, Laura Vilagrà, esto lo que hace es que todavía no se pueda disponer de "toda la información sobre las disciplinas deportivas que se harán en el país". Como no hay esta información, tampoco hay votación.

Los países que funcionan evalúan sus políticas y aprenden sin rendirse. No rendirse de generación en generación manteniendo el horizonte del interés general y resistir la inercia de la reacción por no retroceder. Es lo que se llama cultura democrática, una suma de decisiones individuales y colectivas que marcan los estándares de comportamiento político o, dicho de otro modo, lo que los votantes son capaces de soportar de sus representantes.

La determinación del Govern de poner en marcha la T-Mobilitat –el billete de transporte público digital y contactless– esta legislatura es tan rotunda que incluso ya ha marcado una fecha para el apagón magnético, es decir, para dar el adiós definitivo a los billetes de transporte de cartón. Será a finales del año que viene. Así lo confirmó al ARA el director de la Autoridad del Transporte Metropolitano (ATM), Pere Torres, a principios de mayo. De hecho, todas las instituciones implicadas admiten con el micrófono apagado que la T-Mobilitat tiene que salir adelante "sí o sí" a pesar de todas las trabas que acumula en estos casi siete años de retraso. Vista la trayectoria, el anterior Govern decidió abstenerse de dar más fechas concretas para evitar incumplimientos, pero ahora el departamento de Vicepresidencia, Políticas Digitales y Territorio ha vuelto a atreverse a marcar en rojo el calendario. Sin ir más lejos, este lunes la conselleria liderada por Jordi Puigneró tiene previsto explicar cómo será el inicio del despliegue de esta nueva forma de pago del transporte en toda Catalunya.

“La Generalitat irá a la mesa de negociación para resolver de una vez el conflicto político con el Estado”, proclamó Pere Aragonès en su discurso de investidura. Un año después, la mesa de diálogo que ERC pactó con el PSOE a cambio de su abstención en la investidura de Pedro Sánchez solo se ha reunido una vez, el 15 de septiembre de 2021, y fue para dar el pistoletazo de salida a un proceso de negociación que hasta ahora no ha dado ningún fruto concreto. Además, en aquella primera reunión por la parte catalana solo estuvieron miembros de ERC, puesto que Junts decidió apartarse al no poder enviar a personas de fuera del ejecutivo, como pretendía.

Pere Aragonès fue investido 132.º presidente de la Generalitat el 21 de mayo de 2021, 66 días después de las elecciones y sudando para firmar dos acuerdos, uno con la CUP y otro -el más difícil- con Junts, que le tenían que servir para vencer las reticencias de sus socios de legislatura. Al cabo de unos meses, aquellos documentos sirvieron de base para que la nueva Generalitat presentara el plan de Govern que el ARA se ha propuesto supervisar durante los próximos años. Hoy, en la primera entrega del ARA Control -que se irá actualizando en streaming en la web-, el Govern cierra los primeros doce meses con un 28,2% de cumplimiento en cuanto a sus principales medidas.

La Generalitat de Catalunya, a pesar de prestar servicios públicos de calidad, no ha conseguido durante los últimos años una amplia legitimidad social. Esta falta de sintonía del gobierno y la administración pública con la ciudadanía no es tan acusada en los países más desarrollados institucionalmente. La gran diferencia entre la Generalitat y las administraciones de los países más avanzados no consiste en la calidad de sus servicios, sino en la carencia de mecanismos de refinamiento institucional autóctonos. El concepto de buen gobierno va más allá de la capacidad de gestión de los gobiernos y administraciones, y agrupa elementos ineludibles como la transparencia, el rendimiento de cuentas, la evaluación de políticas públicas y la clara separación entre las instancias políticas y la dimensión tecnocrática. La Generalitat de Catalunya, a pesar de que ha llevado a cabo importantes adelantos en el denominado gobierno abierto, es claramente deficitaria en cuanto a estos imprescindibles ingredientes de calidad institucional. Uno de ellos es el rendimiento de cuentas de las acciones de gobierno hacia la ciudadanía. Este ejercicio de seguimiento de la acción de gobierno que presenta hoy el diario ARA es una iniciativa sana y magnífica para informar a la opinión pública sobre los adelantos en los compromisos del gobierno de la Generalitat durante la actual legislatura. Aun así, no deja de ser una anomalía que este ejercicio de rendir cuentas no lo haga por iniciativa propia la Generalitat de Catalunya.

Las democracias tienden a ser menos corruptas que las dictaduras. Tienen mejores sistemas de control y mecanismos de rendición de cuentas. Es decir, tienen poderes judiciales independientes, elecciones libres y libertad de prensa. Elementos imprescindibles para garantizar la transparencia y la supervisión de nuestros gobernantes.