El gobierno español ha vivido un último pleno del año en el Congreso –el primero con José Luis Ábalos suspendido como diputado– agridulce, pero sin sobresaltos. Por un lado, ha vuelto a perder la votación de la vía de estabilidad (objetivos de déficit y deuda), algo que ya se preveía. Pero por otra parte ha salvado una serie de medidas sociales: las ayudas a los afectados por el volcán de la Palma, el incremento de los sueldos de los funcionarios o la tramitación de la reforma de la ley por los derechos de las personas con discapacidad y la reforma de la ley de dependencia. A ello se añaden los llamados decretos Junts, con las exigencias de los de Carles Puigdemont que el PSOE ha desbloqueado para tratar de rehacer la relación, y que también han prosperado. Desde el gobierno español se lee con entusiasmo el resultado del pleno: "Se hace mucho ruido, pero salvamos votaciones", señalan fuentes gubernamentales. Eso sí, Pedro Sánchez ha optado este jueves por el voto telemático y no ha asistido a lo que ha sido la última sesión de 2025 en el Congreso, donde el tema de conversación han sido las últimas detenciones por las sospechas de corrupción que rodean al ejecutivo español y al PSOE.

Entre enero y febrero del próximo año. Éste es el plazo que ha fijado la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para presentar el nuevo modelo de financiación autonómica. Por primera vez, Montero se ha mojado con las fechas y lo ha hecho después de un Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) en el que ha desgranado las líneas maestras del futuro sistema. Un modelo que todavía está negociando con ERC y la Generalitat. Es éste, de hecho, el motivo principal por el que Montero ha retrasado la convocatoria de la reunión del CPFF de este lunes.

Empiezan a verse algunos frutos de la reunión entre Junts y el PSOE en Suiza, tras la polémica decisión de la formación de Carles Puigdemont de abortar el debate sobre la regulación de los alquileres de temporada. En una jugada a tres bandas, el gobierno español trata de acercarse de nuevo a Junts, que se presta a reanudar negociaciones para que la legislatura no descarrile. Este martes Pedro Sánchez se ha visto obligado a retirar del pleno del Congreso la votación de la senda de estabilidad –el paso previo a la presentación de los presupuestos del Estado– porque iba a decaer con la negativa de PP, Vox y Junts , pero lo ha hecho porque ve posibilidades de salvar unas cuentas del 2025 que se daba por sentado que deberían prorrogarse. Además, el PSOE también reactiva la comisión de investigación de la operación Catalunya en la cámara baja y pidió por carta a la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, que permita el uso del catalán en los plenos de Bruselas y Estrasburgo. Y todavía un último guiño a los aliados parlamentarios: el PSOE ha permitido la tramitación de una iniciativa del PNV para reforzar el control del CNI.

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero (PSOE), tendrá que aplicar el plan B sobre los objetivos de déficit y deuda. Este miércoles, el Partido Popular, con mayoría absoluto en el Senado, ha tumbado por segunda vez la senda de estabilidad del gobierno español y, por tanto, los objetivos de déficit y deuda que el ejecutivo de Pedro Sánchez había establecido para poder elaborar unos nuevos presupuestos generales del Estado (ahora siguen prorrogadas las cuentas públicas de 2023).

Del dedo al hecho. El Partido Popular, con mayoría absoluto en el Senado, tumbará la senda de estabilidad del gobierno español y, por tanto, los objetivos de déficit y deuda que el ejecutivo de Pedro Sánchez había establecido para poder elaborar unos nuevos presupuestos generales del Estado (ahora siguen prorrogadas las cuentas públicas de 2023). Así lo ha anticipado el senador popular Gerardo Camps durante el pleno en la Cámara Alta española este miércoles por la mañana (la votación se celebra por la tarde).

Después de meses de presión en público y en privado, el gobierno catalán ha conseguido que la tasa de referencia de déficit para las comunidades autónomas de cara al 2023 se flexibilice. Según ha podido confirmar el ARA con fuentes de los ejecutivos español y catalán, este límite, que tenía que ser del 0,1% en 2023, será finalmente del 0,3% del PIB. Todas las comunidades se beneficiarán, y en el caso de Catalunya estas dos décimas supondrán un aumento del gasto que rondará los 500 millones de euros (algunas fuentes de la Generalitat lo cuantifican en 470 millones, mientras que otras lo elevan a los 525 millones de euros).