Cinco detenciones en 24 h: crece la presión judicial sobre el entorno de Pedro Sánchez

MadridCinco detenciones conocidas en 24 horas incrementaron la presión sobre Pedro Sánchez. Los arrestos, realizados en el marco de operaciones diferentes, revelaron la existencia de otras dos investigaciones judiciales por presunta corrupción que afectan a personas y empresas con conexiones con el gobierno español. Los más recientes, que ha realizado la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional este jueves, han sido los del propietario de la aerolínea Plus Ultra, Julio Martínez, y el del director ejecutivo de la compañía, Roberto Roselli. Según fuentes cercanas a la investigación citadas por Efe, la actuación se enmarca en una investigación por presunto blanqueo de capitales dirigida por el juzgado de instrucción 15 de Madrid. ¿Por qué acosa al presidente del gobierno español? Plus Ultra fue rescatada por el Estado con 53 millones de euros en el 2021 en una operación que generó polémica por las dudas sobre su viabilidad y por los presuntos vínculos con el chavismo.

Estas detenciones se han sumado a la de Leire Díez, ex militante del PSOE, ya la del expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) –el brazo inversor del Estado– Vicente Fernández Guerrero, que realizó la Guardia Civil este miércoles en el marco de otra causa secreta en la Audiencia Nacional. No fueron las únicas. Al día siguiente se ha conocido que se realizó una tercera detención de otra persona vinculada con el entorno de Sánchez. La del empresario Antxon Alonso, propietario de Servinabar, empresa investigada en la trama de Santos Cerdán en el Tribunal Supremo, y al que los investigadores de la Unidad Central Operativa (UCO) sitúan como socio del ex número tres socialista. Cerdán explicó, además, en una declaración al Supremo que Alonso le ayudó a conectar políticamente con EH Bildu y PNV, dos piezas clave para la gobernabilidad en el Estado.

El juzgado de instrucción número 6 de la Audiencia Nacional los investiga a los tres por prevaricación, malversación, tráfico de influencias y organización criminal. En el caso de Alonso, también está imputado en el Supremo en la causa contra Cerdán por las presuntas comisiones ilegales a cambio de adjudicaciones de obra pública. El empresario, así como Díez y Fernández, pasará a disposición judicial a las 10 h. Las mismas fuentes informan de que se han practicado 19 registros en varias provincias de España. Según concreta Europa Press, este jueves se han realizado registros en Madrid, Sevilla y Zaragoza a empresas vinculadas a Servinabar.

El PP apunta a Montero

El PP ha utilizado esta causa en la Audiencia Nacional para señalar a María Jesús Montero, a quien Tellado ha advertido de que "se le está poniendo cara de Santos Cerdán". ¿Por qué sitúan a los populares la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda como "el otro nexo" de Sánchez con la corrupción? Tellado lo ha argumentado por el hecho de que Montero situó a uno de los detenidos, Vicente Fernández Guerrero, al frente de la SEPI, que está adscrita al ministerio de Hacienda. "Ahora cae quien era su persona de máxima confianza", ha afirmado Tellado, quien la considera "responsable" y ve "insostenible" su situación. Montero se ha defendido desvinculándose de Fernández Guerrero, que dejó la presidencia de la SEPI en el 2019.

"No tengo ningún contacto con este señor desde que salió. Él estuvo escasamente un año y pico en la SEPI. Hace más de seis años que no está en grupo de No" subrayado Montero. Posteriormente, Fernández Guerrero trabajó como asesor externo de Servinabar, entre 2021 y 2023. Más allá de Montero, los populares han reclamado que Sánchez asuma en primera persona responsabilidades políticas por las "mil sombras de corrupción que le persiguen". "Nada hubiera podido pasar sin él", concluyó su secretario general.

El rol de Leire Díez

El nombre Leire Díez era el de una desconocida hasta que a finales de mayo de este año salieron a relucir unos audios que provocaron no solo que saliera del anonimato sino que se le otorgara el título de "fontanero del PSOE". En estas grabaciones, el exmilitante socialista pedía información comprometedora del jefe del departamento de delitos económicos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, Antonio Balas, quien dirige la investigación contra la presunta trama corrupta de Santos Cerdán, José Luis Ábalos y Koldo García. Díez respondió a la publicación del audio negando que fuera una maniobra orquestada por el partido para tratar de desactivar las causas judiciales que afectan al entorno de Pedro Sánchez. Según su versión, era por una investigación periodística que derivaría en un libro sobre las cloacas del Estado. Medio año después no hay fecha de publicación y fue detenida por presunta corrupción.

Montero y otras voces del PSOE han dicho que no temen por lo que pueda decir Díez a partir de ahora. Los socialistas siempre han negado que haya tenido ese rol y desde un primer momento se han desvinculado del exmilitante rechazando que tuviera un papel relevante en la organización. Una versión, la de los socialistas, a la que el PP no da credibilidad. Tellado le ha tildado de "fontanero jefe de Ferraz" en una rueda de prensa en la que ha argumentado que esta nueva investigación contra personas vinculadas al PSOE demuestra que el gobierno español está "podrido" ya punto de "saltar por los aires". Aliados de la investidura de Sánchez, como el PNV o el BNG, han expresado preocupación por estas detenciones y Podemos ha advertido al PSOE de que ya no puede advertir al PSOE de que ya no puede advertir al PSOE que "no puede hablar".