La Guardia Civil detiene al exmilitante socialista Leire Díez por orden de la Audiencia Nacional

MadridLa Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha detenido este miércoles al exmilitante del PSOE Leire Díez, así como al expresidente de la SEPI, el brazo inversor del Estado, Vicente Ferández Guerrero, según confirman fuentes del instituto armado al ARA. Las detenciones se han realizado por orden de la Audiencia Nacional en el marco de una causa abierta relacionada con la adjudicación de contratos públicos y bajo secreto de sumario. Lo ha impulsado el juzgado de instrucción número 6, que encabeza el magistrado Antonio Piña, y está tutelada por la Fiscalía Anticorrupción, según añaden fuentes de la investigación a Efe. Es un juez distinto al que está investigando el caso Koldo.

La primera reacción del PSOE ha llegado desde los pasillos del Congreso. La portavoz del partido, Montse Mínguez, se limitó a recordar que Leire Díez "no es militante" de la formación y manifestó el respeto "absoluto" hacia la investigación de la Guardia Civil y de la Audiencia Nacional. "Es el tiempo de la justicia", remachó. De hecho, después de que se conociera su nombre y trasciendaran sus audios maniobrando en contra de la Guardia Civil, Ferraz se desmarcó de sus actuaciones y la suspendió de militancia. Además, desde el primer momento, Díez –que fue también concejala socialista en Cantabria– negó que actuara en nombre del PSOE y alegó que trabajaba en una investigación periodística sobre prácticas policiales irregulares.

Mientras tanto, el PP hace sangre. La primera ha sido la portavoz de los populares en el Congreso, Ester Muñoz: "Con el ritmo de escándalos que llevamos, creo que en el 2027, del PSOE, no quedarán ni las raspas. Probablemente, las prisiones se quedarán pequeñas". Muñoz ve un gobierno que "va apagándose poco a poco". Se ha añadido poco después el líder del partido, Alberto Núñez Feijóo, quien ha recopilado algunos de los casos que salpican al gobierno español y al PSOE, como la confirmación del procesamiento este mismo miércoles del exministro de Transportes José Luis Ábalos. "Así no se puede seguir, Pedro Sánchez", ha escrito en un tuit.

Antes de la causa recién conocida, Leire Díez estaba investigada por un juzgado madrileño por un delito de cohecho y tráfico de influencias por presuntas maniobras contra la Fiscalía y altos mandos de la Guardia Civil. El caso escaló en verano, cuando se hizo público que el ex militante del PSOE, y que en los últimos años ha ocupado algunos cargos en empresas públicas como Enusa o Correos, colaboraba con "víctimas" de prácticas policiales irregulares de la mano del empresario Javier Pérez Dolset y la periodista Patrícia López, entre otras personas.

El procedimiento judicial se originó a raíz de una denuncia de Hazte Oír en la que la organización ultra argumentaba que Leire Díez tenía unmodus operandique consistía en "reunirse con imputados en varios procedimientos judiciales" para "obtener acceso a archivos supuestamente inéditos y confidenciales que pudieran perjudicar a jueces, fiscales y otros profesionales". La Fiscalía cree que lideraba un supuesto "plan delictivo" a través de una "actividad continuada y coordinada" con otras personas para "desacreditar personal y profesionalmente" la cúpula de la UCO y de la Fiscalía Anticorrupción para "derrochar y anular" investigaciones relacionadas con el PSOE.

La conexión con el caso Cerdán

Asimismo, también existe un hilo que conecta el caso Leire Díez con el caso Koldo-Ábalos-Cerdán. En una reunión que mantuvo con el fiscal Ignacio Stampa en mayo, ella se presentó como la "mano derecha" de Santos Cerdán, que entonces era secretario de organización del PSOE: "Pero soy una mano derecha que nunca aparecerá en ninguna parte", reconoció.

Inicialmente, la supuesta fontanero del PSOE se vio salpicada a raíz de un audio en el que se la oía pidiendo información comprometedora del jefe del departamento de delitos económicos de la UCO: "Necesito a [Antonio] Balas, así de claro", decía Díez a un empresario imputado en una causa sobre fraude en el sector de los hidrocarburos en el A. Balas dirige la investigación contra la trama Koldo-Ábalos-Cerdán desde la UCO y fue quien se personó en Pamplona para registrar a la empresa Servinabar, vinculada al caso Cerdán. Fernández Guerrero, presidente de la SEPI desde el 2018, con la llegada de Pedro Sánchez a la Moncloa, y destituido en el 2019, acabó también trabajando para Servinabar.