El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha ordenado a la Comunidad de Madrid que comience "inmediatamente" los trámites para la creación del registro de objetores para las interrupciones voluntarias del embarazo, un listado obligatorio por ley y aprobado por el Consejo Interterritorial (con presencia de todas las comunidades autónomas). El acta de la sección octava de la sala de lo contencioso-administrativo del tribunal es un nuevo paso en el pulso que el gobierno de la popular Isabel Díaz Ayuso mantiene con el ministerio de Mónica García al resistirse a tener el registro de profesionales que se niegan a practicar abortos. De hecho, los jueces avalan las medidas cautelares solicitadas por el ministerio.

El pulso que el gobierno de la popular Isabel Díaz Ayuso mantiene con el ministerio de Sanidad por elincumplimiento de la ley del aborto tiene un nuevo capítulo en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. El departamento de la ministra Mónica García ha presentado un recurso contencioso administrativo que reclama que sea el alto tribunal el que fuerce a la Comunidad de Madrid a crear el registro de facultativos objetores de conciencia en el aborto, una lista a la que obliga la ley del 2023 y que sirve para ayudar a planificar los servicios de ginecología en los centros. "Resulta acreditado que la administración autonómica no ha cumplido con la obligación que le impone la ley. [...] Tampoco ofrece duda de que la misma no ha contestado, ni consta que haya efectuado ninguna actuación, en relación con el requerimiento efectuado por la ministra de Sanidad a la consellera de Sanidad", esgrime el documento, al que ha tenido acceso.

Los cincuenta años de la monarquía española ostentando la jefatura del Estado han trinchado el bloque derechista. El acto que debía ser para conmemorar el medio siglo de los Borbones ostentando esta responsabilidad en el Estado desde la muerte de Francisco Franco tendrá la ausencia de la extrema derecha de Vox. El partido de Santiago Abascal ha anunciado este martes que no participará y plantará, de nuevo, al rey Felipe VI. "No vamos a participar en el sainete que tiene preparado el gobierno, que es una oda al régimen totalitario de Sánchez", ha afirmado la portavoz de Vox en la cámara baja, Pepa Millán, que ha evitado pronunciarse sobre el dictador.

La misma semana que el escándalo de las mamografías en Andalucía ha escalado hasta provocar una crisis en el gobierno de Moreno Bonilla, Isabel Díaz Ayuso abría otro frente a Alberto Núñez Feijóo invitando a la izquierda a "ir a abortar a otro sitio", es decir, fuera de Madrid. Las palabras de Ayuso, con un lenguaje muy cercano al de los grupos de católicos antiabortistas, han sorprendido porque suponen un cambio en el discurso de la presidenta madrileña, que hasta ahora se alineaba con las tesis más liberales del partido e incluso se desmarcó cuando defendió el derecho al aborto de los menores de edad. Su pronunciamiento obligó a Feijóo a hacer un comunicado para esclarecer la posición del partido, que es la de garantizar el derecho al aborto conforme a las leyes.

En 2024 se notificaron al Estado 106.172 interrupciones voluntarias del embarazo, una cifra que supone un aumento del 3% respecto al año anterior y un récord en el histórico de esta prestación que este año cumple cuarenta años. En estas cuatro décadas ha habido intentos de recortar los criterios y en la reforma del PP de 2011 se condicionó los abortos de jóvenes entre los dieciséis y los dieciocho años a una autorización paterna. Sin embargo, en el 2023 el gobierno español de Pedro Sánchez sacó adelante una modificación en el 2023 en la que devolvía la autonomía a las menores y, además, eliminaba los tres días impuestos de reflexión antes de la interrupción, lo que recogía la demanda histórica de las feministas que reprochaban que la medida infantilizaba a las mujeres. Ahora bien, ninguna de las modificaciones ha logrado poner fin a las desigualdades territoriales de acceso al aborto, un derecho garantizado en la cartera de servicios sanitarios, así como tampoco la dependencia del sector privado. Hay gobiernos autonómicos que, además, se niegan a abrir el obligatorio registro de médicos objetores, útil para ayudar a planificar los equipos y que ningún centro quede desatendido por falta de profesionales.

El lunes Francia introdujo el derecho al aborto en su Constitución, un movimiento que logró apoyo transversalmente en muchos partidos de ambas cámaras a pesar de algunas reservas. De los 902 parlamentarios franceses, 780 votaron a favor del proyecto de ley, 72 votaron en contra y 50 se abstuvieron, durante la sesión extraordinaria de votación en Versalles. Aunque la izquierda francesa llevaba años deseando añadir una salvaguarda constitucional al aborto, hasta el 2022 la mayoría parlamentaria consideraba esta medida innecesaria por las garantías existentes para las mujeres francesas que querían abortar. Desgraciadamente, el retroceso de derechos de las mujeres en general y en particular la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos de revocar a Roe v. Wade, dando luz verde a los estados individuales para prohibir el procedimiento, ha promovido la reforma constitucional francesa.

Las chicas de 16 y 17 años ya no tendrán que tener el permiso de los padres para poder interrumpir el embarazo. En España se podrá volver a abortar a los 16 años sin el consentimiento paterno, según prevé la nueva ley que se aprobó en el consejo de ministros, si bien todavía falta la tramitación en las Cortes, que se prevé complicada. Con la reforma de la ley de interrupción del embarazo se volverá al marco de la ley de salud sexual y reproductiva de la etapa de José Luis Rodríguez Zapatero, que ponía fin a la exigencia de este consentimiento.