"Vivo una tortura: todos los desahucios son una experiencia durísima, pero no se vive igual con 30 años que con 60". Quien habla es Elena Olivella de 62 años. Ella es, muy probablemente, una de las últimas vecinas "de toda la vida" que quedan en la calle Ferran de Barcelona, ​​junto a la emblemática plaza Sant Jaume. Ostenta un título que, además, tiene fecha de caducidad, porque el día 4 de marzo está previsto su desahucio.

La promesa es clara: en su primer debate de política general, el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, anunció la construcción de 50.000 pisos nuevos hasta el 2030, que se destinarán íntegramente a alquiler social permanente (es decir, que no caducarán, como ocurre con los actuales). La cifra pretende doblar el escaso parque público que existe actualmente –sólo el 2% de las viviendas son públicas– y llegar hasta situar la cifra en torno al 5% (la media europea se mantiene por encima, en el 9,3%). El Govern ha salido adelante hoy el acuerdo para cumplir esta promesa, que forma parte de los pactos con ERC y los comunes a cambio de la investidura. ¿Pero cómo se harán todos estos pisos? ¿Con qué dinero, en qué suelo y con qué plazos? Esto es todo lo que han detallado hasta ahora.

El 16 de marzo entraron en vigor los topes de los precios de los contratos de alquiler de vivienda habitual en los 140 municipios declarados de mercado residencial tensionado en Cataluña. Pese a que los inquilinos han aplaudido que por fin se ponga freno a los precios de sus alquileres y así se evite, sobre todo, que puedan subirles los alquileres a la renovación de sus contratos, son muchos los detractores que siguen defendiendo que el mercado no es debe intervenir, y que auguran una caída de la oferta. Es evidente que con las políticas de vivienda llevadas a cabo hasta ahora no se ha logrado destensionar el mercado ni aumentar la oferta de vivienda. Además, hemos visto que es un mercado que, habiendo estado libre todos estos años, no ha logrado equilibrarse por sí mismo, como también se ha visto en todos los países europeos que están imponiendo este tipo de medidas. Ahora bien, está claro que los topes de precios no son un remedio milagroso que va a solucionar en tres años –es el límite inicial de tiempo de las medidas implantadas– lo que no se ha solucionado en décadas. Y lo que está aún más claro es que no se pueden buscar soluciones sencillas a problemas complejos.

El acceso a la vivienda es el gran agujero negro de nuestra vida colectiva. Es lo que genera mayor desigualdad y precariedad. Los precios de compra y alquiler llevan tiempo disparados y no dejan de subir. Supone un lastre demasiado oneroso para muchas familias y, en especial, para muchos jóvenes, a quienes les impide tener un proyecto de vida autónomo. Hay bastantes zonas urbanas donde el precio medio de la vivienda es superior al salario medio, lo que ya se ve que hace literalmente imposible una vida digna.

El gobierno español publicará el índice estatal para controlar el precio del alquiler en las zonas declaradas tensionadas antes del 29 de febrero y lo hará tanto si gusta como si no en la Generalitat. Tras un encuentro entre la consejera de Territorio, Ester Capella, y la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, este lunes por la tarde en Madrid por desencallar el choque en torno a esta herramienta, la Generalitat asume que el índice que publicará el ministerio no recogerá sus aspiraciones: "[El índice estatal] no da respuesta [al problema del alquiler] y no hará bajar los precios en Catalunya", ha sentenciado Capella en rueda de prensa.

La propuesta de la Generalitat de declarar 140 municipios como "zona tensada de mercado de la vivienda" para limitar la subida de los alquileres ya tiene respuesta del sector inmobiliario. Hasta siete entidades representativas del sector de la promoción de viviendas, la intermediación y los administradores de pisos se resisten a aceptar esta medida al considerar que limitar el precio contraviene la ley estatal y "no es una solución óptima", por lo que han presentado alegaciones contra la iniciativa del Gobierno.