Generalitat y Estado se atascan en la vivienda: el ministerio reitera el no al índice catalán

MADRIDCualquier reunión de infraestructuras entre el Estado y la Generalitat implica hablar del traspaso de Cercanías, una de las exigencias históricas de los partidos independentistas. Sin embargo, este miércoles, en una reunión entre la ministra de Transportes en funciones, Raquel Sánchez, y la consellera de Territori, Ester Capella, esta materia casi ni se ha abordado. De hecho, ni formaba parte del orden del día. A las puertas de una posible investidura de Pedro Sánchez como presidente español, el traspaso "integral" de Cercanías es uno de los temas que se quiere desarrollar a cambio de apoyar a Sánchez, como mínimo por parte de ERC, por lo que en esta ocasión ninguna de las dos partes ha querido hacer sangre.

Esto ha dado pie a tratar con más profundidad otras cuestiones, algunas vinculadas a la vivienda. Pero el encuentro no ha dado frutos en este ámbito y Capella lo ha expresado en la salida. "Como en todas las reuniones, hay aspectos positivos y otros menos positivos", ha dicho la consellera. Estos aspectos menos positivos tienen que ver con el índice de referencia que debe regular los precios de los alquileres de aquellas zonas tensadas, así como con las mismas zonas tensadas que quiere declarar Cataluña y que en estos momentos son 140 áreas. "No hay acuerdo", ha sintetizado la consellera.

Capella ha asegurado que uno de los puntos de "divergencia" es qué índice de referencia se utiliza, si uno para todo el Estado, es decir, homogéneo, o uno propio para Cataluña (la ley de vivienda catalana que tumbó al Tribunal Constitucional ya recogía uno). La Generalitat quiere esta segunda opción, pese a que es conocedora de que el ministerio siempre ha hablado de un índice igual para todas las comunidades, y de hecho "está abierta" a hablar de ello, apuntan fuentes catalanas al ARA. "Las discrepancias son técnicas", apuntan fuentes del ministerio, quienes también creen que la negociación llegará a buen puerto.

Trabajo a dos bandas

El trabajo para diseñar este indicador (que no será inminente) se está realizando a ambos lados: un equipo de técnicos del catastro, de registradores, pero también de la Agencia Tributaria, entre otros. Y otro entre ministerio y conselleria (hay que tener en cuenta que la Generalitat es la única comunidad que lo ha pedido). Si bien se parte del índice catalán, técnicamente y por "seguridad jurídica" no se puede replicar igual si se quiere aplicar en todo el Estado. "El Tribunal Constitucional lo tumbaría", apuntan fuentes conocedoras del proceso, que sostienen que el diseño final será "muy similar" al catalán, pero que es necesario modificar algunos criterios.

"Está muy avanzado", afirman desde el ministerio, quienes recuerdan que en alguno de los borradores de la ley se había planteado la necesidad de dar un margen de hasta 18 meses para definirlo, una idea que no acabó prosperando. En este sentido, Capella ha afirmado que el ministerio se ha comprometido a publicarlo "de forma rápida", pero nadie quiere arriesgarse con las fechas.

En cuanto a la resolución que debe publicar el ministerio para dar el visto bueno a las 140 zonas tensadas identificadas por la Generalitat, el compromiso es hacerlo en breve. La idea sería hacerlo en paralelo al índice, aunque no descartan que pueda ser antes. La Generalitat envió a finales de agosto toda la documentación para poder declararlas y limitar los precios, y sostuvo que su puesta en marcha sería “inmediata”, pero desde el ministerio lo enfriaban, como ya anticipó el ARA . Además, el ministerio apunta a que todavía falta un documento por parte del Gobierno: "Un plan específico donde se recojan medidas para corregir los desequilibrios [de las zonas tensadas], así como un calendario para desplegarlo", apunta el ministerio en un comunicado.

Sin embargo, Capella no ha contestado sobre si este bloqueo en el despliegue de la ley de vivienda estatal, negociada y acordada con ERC y EH Bildu, puede dificultar una posible investidura de Pedro Sánchez. En este sentido, el Sindicato de Inquilinos, que ha instado a la ministra Sánchez a "desbloquear ya" la regulación de los precios de los alquileres en Catalunya, ha pedido a los partidos catalanes "que lo pongan como condición de cara a una investidura" de Sánchez.

Más trenes en Lleida

La poca satisfacción de la Generalitat ha venido por la parte de infraestructuras. Capella ha anunciado un acuerdo con el ministerio para doblar la frecuencia de la línea de Cercanías R12, que conecta Lleida con Barcelona y pasa por ciudades como Cervera y Manresa, antes de que acabe el año. El ministerio pondrá los trenes, mientras que la Generalitat le dedicará dos millones anuales para cubrir los gastos extras, como los sueldos de los maquinistas, explican fuentes de la conselleria al ARA.

Asimismo, se ha asumido el compromiso de "mejorar el tiempo de respuesta de las incidencias" en Cercanías. Esta promesa llega después de unos meses marcados por multitud de problemas en Cercanías, con incidencias graves como la de Gavà de mayo. Desde la conselleria se ha asegurado que el gobierno español se ha "comprometido a hacerles llegar un informe" de este caso para saber lo ocurrido.

Además, ambas también han abordado el dinero que queda pendiente de la famosa disposición adicional tercera del Estatut del 2008, que ascendía a 759 millones de euros, según cálculos de la Generalitat. De éstos, quedan 359 millones por pagar: 200 millones este año, que el ministerio apunta a que se pagarán "en las próximas semanas", y 159 millones en el 2024.

914 millones para carreteras

El Estado se comprometió a transferir 914 millones de euros en el marco de la negociación de los presupuestos generales del Estado para 2023 para la mejora de cuatro infraestructuras: 250 para la mejora de la conectividad de la AP- 2 y la AP-7; 260 para la mejora del Eje Pirenaico (N-260); 384 millones para pacificar la N-II y la C-32 en el Maresme, y 20 millones para dos intercambiadores ferroviarios para conectar la red de Ferrocarrils de la Generalitat con Cercanías en Volpelleres y en Hospital General. Tras la reunión de este miércoles se acordó que en el plazo de un mes se cierren los textos de los convenios para que se pueda iniciar el trámite burocrático y ejecutar la anualidad este año.

La novedad de estos convenios es que el método de ejecución para estas partidas es el denominado encomiendas de gestión, que ya se aplica en Euskadi. Resumiendo mucho: la Generalitat ejecuta la obra y el Estado la paga. Es decir, el protagonismo recae en la Generalitat, para que el Estado no pueda desentenderse. Sobre la B-40, ministerio y Gobierno firmaron el protocolo y confían en cerrar el convenio en otoño.