Ha ocurrido lo que todo el mundo esperaba. Tanto en la Liga como en el Barça tenían claro que el Consejo Superior de Deportes (CSD) mantendría el criterio en la resolución definitiva sobre las inscripciones de Dani Olmo y Pau Víctor. El máximo estamento del gobierno español en materia deportiva se ampara en el derecho de ambos futbolistas azulgranas a tener una carrera profesional para mantenerles las licencias que les otorgó, de forma provisional y hasta el 7 de abril en virtud de una medida cautelar de urgencia, a principios de enero. El CSD considera igualmente que ni la Liga ni la Federación Española de Fútbol (RFEF) tienen, a través de la comisión de seguimiento que comparten, competencias para denegar licencias a dos jugadores que estaban de alta.

El Barça demostró a la Liga la venta de asientos vip del futuro Camp Nou a inversores árabes por unos 100 millones de euros el 3 de enero, pero a día 7 todavía no ha dado ninguna explicación ni detalle a sus socios y seguidores sobre esta majestuosa y polémica operación. De momento, ni rueda de prensa, ni comunicado ni video del presidente Joan Laporta grabado ante las cámaras de Barça One. Silencio. Como el que hubo en el día de Reyes del 2015, cuando Josep Maria Bartomeu acababa de destituir a Andoni Zubizarreta como director deportivo y estaba a punto de convocar elecciones anticipadas para ese verano.

El Barça ya tiene la confirmación mediante un comunicado de que la Liga y la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) deniegan las inscripciones de Dani Olmo y Pau Víctor. Los organismos se siguen remitiendo a los artículos 130.2 y 141.5 del reglamento de la RFEF, que "impiden que un jugador al que se le cancela la licencia pueda, durante la misma temporada, obtener licencia en el mismo equipo del club al que ya estaba vinculado". Durante la mañana se reunió la Comisión de Seguimiento del Convenio de coordinación de la Liga-RFEF y decidió "no conceder el visado previo ni la licencia definitiva" que había solicitado el Barça.

La convocatoria de Montse Tomé dejó entre la espada y la pared a las 20 futbolistas que previamente habían pedido no ser convocadas hasta que se efectuaran los cambios estructurales pedidos a la RFEF. Con la decisión de la nueva seleccionadora española femenina, la voluntad de las jugadoras se vio coartada por la amenaza de duras sanciones que podían afectar gravemente a su carrera profesional, también en el ámbito de clubs. Así, no tuvieron más remedio que presentarse a la cita todas las convocadas hasta que el Consejo Superior de Deportes (CSD) y la RFEF acordaron no sancionar a aquellas que quisieran marcharse de la concentración. Entonces, Mapi León y Patri Guijarro regresaron a casa.

El Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) aceptó a trámite este viernes las denuncias a Luis Rubiales que el Consejo Superior de Deportes (CSD) elevó el viernes anterior después de que el presidente de la RFEF -desde el sábado pasado, inhabilitado temporalmente por la FIFA- pronunciara un discurso esperpéntico en la asamblea extraordinaria de la Federación Española de Fútbol en la que no dimitió y dijo que Jennifer Hermoso, la víctima de su beso no consentido, estaba mintiendo. Pero el TAD considera las dos presuntas infracciones de Rubiales “por actos notorios y públicos que atenten a la dignidad o decoro deportivos” como "graves" -y, por lo tanto, no ve un "abuso de autoridad"- y no como "muy graves" como pedía el CSD. Esto comporta que ahora el gobierno español no pueda pedir la inhabilitación temporal de Rubiales y que la máxima sanción que pueda caerle sea de dos años de inhabilitación -y, la mínima, de un mes-. En caso de haber sido consideradas como infracciones "muy graves", la sanción podría haber sido de dos a quince años.