Ni las reticencias de Alemania ni las dudas expresadas por otros países: lo que está frenando la oficialidad del catalán en la Unión Europea es el PP. Así lo ha denunciado este viernes el presidente Salvador Illa desde Euskadi un día después de que el canciller alemán, Friedrich Merz, tirara agua al vino a los planes del gobierno español con las lenguas cooficiales en Europa. "Si esto todavía no está resuelto es porque el PP ha hecho llamadas", ha dicho Illa en el marco de un desayuno informativo en Vitoria antes de reunirse con el lendakari, Imanol Pradales, para tratar temas como la reforma de la administración, la vivienda, la gestión de la inmigración y la economía social, además de comprometerse ambos gallego en Europa sea una realidad. "Y después nos golpeamos en el pecho a favor de España. ¿De qué España? ¿De la España en la que el catalán y el euskera son provincianos? [...] A mí esta España no me interesa, me interesa una España plural y diversa", ha añadido al desayuno.

Como era previsible, el Consejo de Asuntos Generales de la Unión Europea de este viernes no ha aprobado la oficialidad del catalán, el gallego y el vasco en las instituciones europeas. Todo indica que la petición que hizo el gobierno español hará pronto dos años ha entrado en una fase de hibernación. En términos realistas, a corto plazo las únicas circunstancias que pueden mejorar el estatus del catalán en las instituciones son un acuerdo de la mesa del Parlamento Europeo para permitir su uso en la Eurocámara y, sobre todo, la firma del Acuerdo de Asociación entre Andorra y la Unión, que entre otras cosas haría necesaria la traducción de un buen número de normas europeas al catalán.

El debate de la oficialidad del catalán en la Unión Europea ha puesto en el ojo del huracán la actitud beligerante del PP: han reconocido explícitamente que hicieron llamadas a países para hacer descarrilar la medida, tal y como aseguró el secretario general de los populares catalanes, Santi Rodríguez. En cualquier caso, su oposición no ha tenido la misma intensidad en todas partes: hay autonomías que no rechazan la oficialidad o que les parecería bien incluso, y en el caso de Catalunya ha habido incomodidad y cierto malestar interno con la forma en que se ha tratado esta batalla. La oficialidad del catalán se ha convertido, pues, en un dolor de cabeza para el PP, aunque para los populares debía ser una ofensiva más contra el gobierno español.

Por un momento, ayer, volvimos a los tiempos de las noticias de Catalunya vividas en modo "minuto de juego y resultado", todos pendientes de lo que decidieran en Bruselas sobre la oficialidad del catalán en la UE.

En el momento de grabar este vídeo continuamos pendientes de la votación de los 27 estados miembros de la UE sobre la oficialidad del catalán, el gallego y el vasco en las instituciones comunitarias. A estas horas, las cartas están sobre la mesa: el gobierno español, obligado por sus pactos de investidura, lleva meses intentando conseguir la oficialidad, mientras que el PP, que pertenece al partido con más representación en el Parlamento Europeo, intenta todo lo contrario.

La oficialidad del catalán en la Unión Europea llega a unas horas clave porque este martes los estados tendrán en sus manos tomar una decisión. Pero mientras el gobierno español está protagonizando una ofensiva para que el objetivo llegue a buen puerto, el PP está maniobrando en sentido contrario contactando con países para que la oficialidad fracase. Así lo ha confirmado el propio PP este lunes. El secretario general de los populares catalanes, Santi Rodríguez, ha asegurado en una rueda de prensa que "si está habiendo llamadas es porque la hay en sentido contrario" y que se producen porque "si alguien actúa en un sentido político", como cree que lo hace el presidente español, Pedro Sánchez, debe poder responderse. "¿O es que aquí sólo pueden hablar unos y otros no podemos hablar y decir nuestra opinión?", remató.

El presidente Donald Trump ha designado el inglés como lengua oficial de Estados Unidos. El 1 de marzo salía del Despacho Oval una nueva orden ejecutiva que, por primera vez en la historia, determinaba que el país tiene "una -y sólo una- lengua oficial". Trump lo justifica porque esto "no sólo agilizará la comunicación, sino que también reforzará los valores nacionales compartidos y creará una sociedad más cohesionada y eficiente".

1. Pilar Eyre, periodista bien informada sobre la Corona española, sale en TV3 y pronostica que el matrimonio entre Felipe de Borbón y Leticia Ortiz acabará durante este año. Allá ellos, cada matrimonio se sabe sus cosas. No pasa nada, en el Estado se divorcian unas 81.000 parejas cada año y la Liga se sigue jugando todos los domingos. Solo nos afectaría si, a partir de este episodio, la monarquía se tambaleara y alguien aprovechara la ocasión, con inteligencia, para intentar acabar con esta bicoca de tronos y palacios que, en el siglo XXI, no tiene ningún sentido. Del vaticinio de Pilar Eyre –que no quedaba claro si era opinión o era información– nadie se hace eco en España. Al contrario. De momento vemos que el rey emérito vuelve a tener portadas de la prensa rosa como si nada hubiera pasado. Vuelve a montar fiestas de cumpleaños en Dubái, corta la tarta haciendo equilibrios y sigue preparándose la alfombra para volver a Madrid. Eso sí parece garantizado que ocurrirá durante este año.

Pese a los malos augurios, Pedro Sánchez ha logrado cerrar durante la presidencia española de la UE la mayoría de las carpetas que se había propuesto: las reglas fiscales, la reforma eléctrica, el pacto migratorio, la regulación sobre la inteligencia artificial o la ley sobre materiales críticos son sin duda los acuerdos más importantes que se han salido adelante. La asignatura pendiente ha sido una carpeta que se introdujo a última hora en plenas negociaciones por la investidura: la oficialidad del catalán. Pero vamos por partes.

La situación de las lenguas oficiales en España es de una desigualdad flagrante, consagrada jurídicamente por diversos reglamentos y normativas, empezando por la propia Constitución del 78. En la máxima ley española queda claro que la lengua oficial de España es el castellano (dice castellano, no español) y que todos los ciudadanos tienen el deber de conocerla. Acto seguido, concede que "las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas comunidades autónomas de acuerdo con sus estatutos". No menciona cuáles son ni cómo se llaman estas misteriosas “otras lenguas españolas”, ni en qué comunidades autónomas se hablan. De la vaguedad del artículo 3.2 se desprende que evidentemente no existe ningún “deber” de conocer el catalán, el euskera y el gallego (las “otras lenguas” en cuestión) y que, si acaso, a sus hablantes les asiste tan sólo el derecho de usarlas en sus territorios. (El hecho de evitar concretar sus nombres llevó a maniobras divisivas como hacer constar el “valenciano” como lengua oficial del País Valenciano, oficialmente rebautizado también como Comunidad Valenciana en su estatuto de autonomía).

Como era previsible desde que el ministro José Manuel Albares hizo formalmente su petición el 17 de agosto, el catalán no se habrá convertido en una lengua oficial de las instituciones europeas durante la presidencia española del Consejo de la Unión. Ahora que la petición española está técnicamente atascada puede resultar oportuno reflexionar sobre las causas de este fracaso y las posibles alternativas que se vislumbran.

Pedro Sánchez no ha pagado por adelantado. A finales de mes terminará la presidencia española de turno de la Unión Europea y no se habrá cumplido el compromiso de convertir el catalán en la 25a lengua oficial de la Unión Europea. Quien quiera ver el vaso medio lleno se consolará diciendo que el gobierno español ha hecho todo lo que podía, pero no ha salido adelante. En cambio, quien conozca los mecanismos de la política internacional y la forma en que se relacionan los estados, tendrá dudas razonables sobre si el Reino de España ha jugado a fondo sus cartas para conseguir ese objetivo.

Como la amnistía, Cercanías y la condonación del FLA ya les había pactado ERC, como el catalán en el Congreso ya estaba amortizado, el mayor triunfo que podía presentar Puigdemont de su acuerdo de investidura con el PSOE era o bien una subida de precio en la concreción de la amnistía o bien la oficialidad del catalán en las instituciones europeas. Para la amnistía deberemos esperar y todo indica que incluir el lawfare –el uso de la justicia para perseguir a adversarios políticos– es en la práctica técnicamente muy difícil: además, vista la reacción en masa de la judicatura, costará mucho aplicar, sea cual sea el redactado final de la ley. Puigdemont tardará todavía años en poder volver.

Desde Cataluña se mira con interés la situación del catalán en Andorra. Por el alud de nuevos residentes y de turistas, el catalán está minorizado por el castellano, pero, en cambio, ellos sí tienen las herramientas de un estado independiente con una única lengua oficial. La nueva ley del catalán, que ha entrado a trámite parlamentario esta semana, obligará a los nuevos residentes a saber unos mínimos de catalán para quedarse en el país. Se circunscribe, por ahora, a los trabajadores del comercio y la restauración, dejando fuera a colectivos como los autónomos y los temporeros, que incluyen los youtubers y los monitores de esquí.

Que el catalán sea oficial en el Congreso de Diputados, como sucederá el martes, tiene un sentido político, simbólico y democrático. Pero que el catalán fuese oficial en la UE, que tiene 430 millones de ciudadanos, además de los valores intangibles, también tendría consecuencias instrumentales en el día a día de los ciudadanos.

Más de 40 millones de ciudadanos europeos hablan en su vida cotidiana una de las sesenta lenguas no oficiales de la Unión Europea. La mayor de estas lenguas es el catalán y, junto con el vasco y el gallego, son las únicas lenguas consideradas "regionales o minoritarias" que tienen un estatus plenamente oficial en su estado. Hace décadas que las instituciones catalanas reclaman que una lengua que hablan 10 millones de ciudadanos europeos y que, por tanto, ya es oficial en Europa, sea también oficial en las instituciones europeas. Se trata de un caso único en la Unión: es la única lengua mediana que no es oficial en todo su estado y que tampoco es oficial en la UE. De hecho, existen hasta doce lenguas con menos hablantes que sí son oficiales en Europa. Veamos su excepcionalidad y cómo pueden afectar a las demás particularidades lingüísticas de la UE a su posible oficialidad.

Los youtubers, los inversores y los temporeros no tendrán que saber catalán para vivir en Andorra. Este miércoles se ha aprobado el proyecto de ley de la lengua oficial que obligará a acreditar nociones básicas de catalán a los residentes si desean vivir y trabajar en el país. También se han convertido en obligatorias por ley otras dos situaciones: hacer el saludo inicial en catalán en la atención al público y conocer el vocabulario básico de la profesión que se ejerza. El objetivo es que los catalanohablantes puedan ser atendidos en su lengua y por eso es imprescindible incrementar el uso del catalán en el sector servicios, especialmente en el comercio y la restauración, donde se registran el 80% de las quejas.