Aparte de que resulte siempre decepcionante escuchar a los políticos pelearse mientras se producen grandes desgracias, la crisis política en sordina que se ha producido en torno a los –espantosos– incendios de este verano en la península Ibérica es indiciaria de por dónde discurrirá el debate público en el nuevo curso de la política española. El contexto, que conocemos lo suficiente, lo resumió José María Aznar con su llamamiento al asedio y demolición del gobierno presidido por Pedro Sánchez: "Quien pueda hacer, que haga". De ahí es de donde venimos, de una campaña permanente para hacer descarrilar el gobierno de coalición de izquierdas que se reeditó a consecuencia de los resultados de las elecciones de julio de 2023. Una campaña sin tregua en la que ha valido literalmente todo, desde la construcción y la defensa a ultranza de mentiras que siempre tienden a explotar los miedos de la ciudadanía hasta la utilización de la justicia y la policía para destruir adversarios políticos, pasando por la erosión de las instituciones e incluso del orden constitucional, cuando al PP y a Vox no les encaja con sus historias de miedo y odio. El catalizador de todo ello, evidentemente, es el propio Pedro Sánchez, convertido en un monstruo de feria al estilo de lo que en tiempos anteriores han representado Puigdemont, Otegi, Junqueras, Carod-Rovira o Arzalluz, por decir unos pocos. La novedad es que, por primera vez, sea un presidente español quien sea exhibido en la picota para que todo el mundo que se anime pueda denigrarlo.

La última iniciativa del PSOE para frenar los casos de lawfare eliminando la posibilidad de que los partidos puedan ejercer la acusación popular ha encendido al jefe de filas del PP. Alberto Núñez Feijóo la ve más propia "del régimen de Maduro o Franco" que de una democracia. El PSOE presentó esta proposición de ley con el objetivo de desactivar el caso contra Begoña Gómez y evitar que puedan seguir abriéndose investigaciones judiciales basadas en recortes de prensa. "Es perfectamente homologable a un régimen dictatorial", clamó Feijóo en una entrevista en Onda Cero este lunes. Urge, a su juicio, acabar con el gobierno de Sánchez, pero los populares y sus aliados de la extrema derecha no tienen votos suficientes para conseguirlo. Por eso, Feijóo ha pedido ayuda a Carles Puigdemont para que los siete votos de Junts en el Congreso se sumen a una hipotética moción de censura con el objetivo de que el PP pueda llegar a la Moncloa. El compromiso de Feijóo es que sería una llegada técnica simplemente para convocar elecciones generales.

El gobierno español negociaba in extremis con los socios de investidura para intentar salvar la reforma fiscal y la transposición europea de un tipo mínimo del 15% del impuesto de sociedades que debía votarse esta tarde en la comisión de Hacienda del Congreso. Pero ha preferido aplazar otra vez -ya lo hizo el lunes- la sesión y darse más margen. La fragilidad de Pedro Sánchez vuelve a ponerse de manifiesto en la Cámara Baja. Ahora, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero (PSOE), tendrá hasta el lunes de la próxima semana para ligar los votos de los socios de investidura e intentar salvar tanto la iniciativa europea, como el nuevo paquete fiscal.

A la reforma fiscal del gobierno español no le paran de salir detractores. Este miércoles el sector inmobiliario ha salido en tromba contra una de las medidas fiscales que PSOE y Sumar han puesto sobre la mesa: acabar con el régimen fiscal especial que ahora tienen las sociedades anónimas cotizadas de inversión en el mercado inmobiliario (socimis). Estos vehículos de inversión tienen un trato fiscal muy favorable desde hace años.

Desde diciembre de 2018 que el Consejo General del Poder Judicial no tiene un presidente en plenas funciones, y así seguirá siendo. Ni este martes ni este miércoles, y tras varias reuniones y casi una decena de votaciones, los nuevos vocales del órgano han logrado ponerse de acuerdo sobre quién debe presidirlos. La culminación de la renovación del órgano de gobierno de los jueces en España, después delacuerdo de finales de junio entre el PSOE y el PP para hacerlo posible, tendrá que esperar, al menos, hasta el próximo lunes, cuando se volverán a reunir para intentarlo de nuevo.

1. Un expresidente. Carles Puigdemont. Pronto cumplirá seis años de su exilio en Waterloo y, después de un año viene otro, había ido perdiendo fuelle en la rutina política, en el poder del partido y en la presencia mediática. De repente, Pedro Sánchez le menospreció en campaña electoral diciendo que antes era un problema y que ahora “Puigdemont no es más que una anécdota”. Y lo remató: "Su palabra vale lo que vale su declaración de independencia, es papel mojado". Los resultados electorales del 23-J han querido que las declaraciones que no valgan gran cosa sean las de un líder socialista que para ser investido presidente necesita, indudablemente, los votos de Junts. Y Puigdemont, con la llave en la mano, ha reavivado, ha sabido aprovechar el momento y se lo hará padecer. Han bastado tres palabras, dichas en una conferencia en un hotel de Bruselas, para tambalear la España de las cavernas. Amnistía, referéndum y unilateral. En sus oídos, a qué peor. Una no la soportan, la otra les hace urticaria y la posibilidad de volver a hacer sonar la independencia los enciende, los coloca y los deja en ese estado del “a por ellos”, donde pareció estar a gusto. La democracia ha querido que el propio Puigdemont que ganó las elecciones europeas en Catalunya con un millón de votos, al que encarcelaron en Alemania, al que detuvieron en Cerdeña, pero que siempre salió adelante sin que Pablo Llarena le pudiera poner el lacito, ahora sea el dueño de la gobernabilidad. Querían su cabeza como un trofeo de caza y resulta que es él quien tiene, en sus manos, el futuro inmediato de España.