El PSOE impulsa una ley para desactivar el caso Begoña Gómez

MadridEl PSOE pasa a la acción contra el lawfare judicial. El grupo parlamentario ha registrado este viernes en el Congreso una proposición de ley para limitar la acusación popular e impedir que se abran causas a partir de querellas basadas en recortes de prensa. De aprobarse, podría decaer la causa contra Begoña Gómez, la esposa del presidente español, Pedro Sánchez. Además, la iniciativa quiere fijar que los jueces deban abstenerse o ser recusados ​​en casos sobre los que se hayan manifestado políticamente. "A raíz de lo vivido en los últimos tiempos, hemos adoptado una decisión que nos parecía urgente: frenar la persecución y el acoso que la extrema derecha hace contra creadores, artistas y adversarios políticos utilizando mecanismos judiciales para obtener objetivos particulares", ha apostillado. argumentado el portavoz socialista, Patxi López, en una rueda de prensa. La ley incluye también la supresión del delito de ofensas religiosas.

Sánchez vive ahora en primera persona lo que el independentismo experimentó con el Proceso y sufre las consecuencias de la judicialización de la política. Sobre todo con el caso de Begoña Gómez, originado por una querella del pseudosindicato de extrema derecha Manos Limpias basada en informaciones de prensa y que el juez Juan Carlos Peinado ha ido estirando como un chicle, y una instrucción caracterizada por la filtración en los medios de las diligencias que se practican. Está sucediendo también con el caso Ábalos y el caso del fiscal general del Estado. Ahora bien, ¿qué se modifica exactamente?

La reforma prohíbe que partidos políticos y asociaciones afines puedan ejercer la acusación popular. PSOE, PP, Vox o Podemos, que se han personado en cientos de causas, ya no podrán utilizar esta herramienta. Por ejemplo, no podrán querellarse contra otro, como hizo el PP por financiación ilegal contra el PSOE hace unos meses.'Audiencia Nacional lo tumbó—. Tampoco podrán hacer uso de esta herramienta las asociaciones judiciales, lo que ha despertado críticas ya en el sector. La norma sí permitirá que asociaciones no vinculadas a partidos puedan iniciar una causa judicial si demuestran un vínculo "concreto, relevante y suficiente" con lo sucedido. En caso de que sí estuvieran legitimadas, en todo caso quedarán apartadas durante la instrucción y no podrán volver a actuar hasta que se cierre. Por ejemplo, podrán presentar un recurso contra un auto de sobreseimiento —archivo— si no están de acuerdo, pero no tendrán acceso a los interrogatorios ni podrán pedir diligencias. Así, el protagonismo de la primera fase del procedimiento será para la Fiscalía y las partes directamente perjudicadas.

La clave es que la nueva ley es aplicable "a los procesos en curso en el momento de entrada en vigor", por lo que las acusaciones populares de que no tuvieran la legitimidad para estar, deberían ser expulsadas. Esta medida, pues, afectaría a las asociaciones de extrema derecha personadas en el caso Begoña, el caso Ábalos y en el del fiscal general del Estado. La causa que instruye a Peinado contra la mujer de Sánchez se sostiene por la acusación de Hazte Oir, Manos Limpias y otras asociaciones, pero la Fiscalía es partidaria del archivo. Así, si el magistrado se viera obligado a expulsar a estas entidades del procedimiento, podría quedar desactivada. Asimismo, también afecta a los procesos abiertos contra líderes del Proceso exiliados, como en el Tribunal Supremo con el expresidente Carles Puigdemont y los exconsejeros Toni Comín y Lluís Puig, en los que ha personado Vox.

Críticas del PP

El PP no ha tardado en criticar la iniciativa. "Cuando tienes miedo a la justicia es porque tus actos no han sido conforme a la legalidad y sabes que tendrás que rendir cuentas", ha subrayado la número 2 del PP, Cuca Gamarra. "Aquí no se habla de recortes de prensa. Estamos hablando de actuaciones de la justicia en base a informes de la Guardia Civil y de las propias diligencias judiciales", anotó. "El PSOE no quiere combatir la corrupción, sino a quienes la denunciamos", se quejan desde Génova. El partido de Alberto Núñez Feijóo está personado en el caso Ábalos y con esta reforma legal no podría estar y, además, debería ser expulsado. Sin embargo, la Fiscalía en esta causa también está ejerciendo la acusación y, por tanto, también ve indicios.

Estos cambios coinciden con una reforma estructural que el ministerio de Justicia está preparando para que los jueces dejen de liderar las instrucciones judiciales y esta tarea pase a manos de la Fiscalía. Precisamente, el pasado 19 de diciembre el Consejo General del Poder Judicial aprobó por unanimidad su informe sobre el proyecto de ley de reforma de la ley de enjuiciamiento criminal, que entre otras cuestiones impulsa esta modificación. Un paso previo antes de llevarlo al Congreso. Pero lo que ahora registra el PSOE se hará como proposición de ley, por lo que no contará con los informes preceptivos de organismos como el CGPJ o el Consejo de Estado. La reforma de la acusación popular es un debate que lleva tiempo planeando en el ámbito judicial y el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ya dijo el pasado septiembre que quería reabrirlo y repensar su utilidad.

En cuanto al endurecimiento de las causas de abstención y recusación, fuentes socialistas destacan que haberlo fijado por ley es una manera de reducir el margen de los jueces a saltárselo, aunque públicamente Patxi López se mostró "confiado" en que el poder judicial cumple la ley. Esta medida no afectará a los magistrados del Tribunal Constitucional, que está regulado por una ley propia, aunque justamente ahora está en debate si debe apartarse del debate de la amnistía José María Macías. La próxima semana el pleno lo decidirá. Por último, la eliminación del delito de ofensas religiosas llega después de que la entidad ultracatólica Hazte Oír amenazara con una denuncia contra la presentadora Lalachus por una broma durante las campanadas en TVE. Patxi López ha dejado claro que la discriminación o ataques por motivos religiosos siguen en el Código Penal con los delitos de odio o injurias.