Santos Cerdán declaró en el Senado que "Hay un antes y un después de la foto con PuigdemontUn hombre que se está jugando la cárcel se defiende como puede, y eso, en los tiempos que corren en España y en el mundo, equivale a afirmar que su procesamiento es político. Sí: cuando Pedro Sánchez le dejó caer, Cerdán quedó tocado y hundido. Por tanto, es pertinente preguntarse si no hay nada de la supuesta corrupción, o si son compatibles simultáneamente la corrupción y la persecución judicial de Cerdán como ley de amnistía, dijo el senador de Vox que le interrogaba. Quizás no se dio cuenta de la gravedad de lo que estaba admitiendo. fachoferase habla con el tono ofendido de los generales golpistas, e insistía: "Hay algo crucial por el que usted y todo su gobierno deberían ser juzgados, y es haber amnistiado golpistas que querían romper España". A Cerdán se lo acababan de poner en bandeja: "Eso lo he dicho yo desde el principio. Usted tiene razón en eso: todo viene de aquí".

Los escándalos en torno al PSOE, de corrupción y relativos a conductas de acoso machista, aparte de ser muy preocupantes porque cuestionan la probidad del sistema político y minan la credibilidad de la ciudadanía, auguran una alternancia cada día más probable a favor de la derecha ultramontana. A este contexto hay que añadir las decisiones judiciales incompatibles con el estado de derecho, por así decirlo finamente. Algunos expertos, como el ex magistrado José Antonio Martín Pallín, han hablado abiertamente de golpes de estado judicial. El episodio más grotesco últimamente ha sido la sentencia del Tribunal Supremo que ha condenado al ya exfiscal general del Estado Álvaro García Ortiz tras una instrucción de muy bajo nivel. Los cinco magistrados que votaron a favor de la condena pertenecen al sector más conservador de la judicatura.

Daniel Escribano (Palma, 1978) es doctor en sociología y traductor. Ha publicado Juicios políticos bajo la democracia militante española (Documenta Balear), en la que analiza cuatro procesos judiciales: la condena al senador de Batasuna Miguel Castells por señalar al gobierno por la guerra sucia contra ETA, el caso del asedio al Parlament en el 2011, la causa contra Valtónic y la represión judicial al Proceso.

El fiscal del juicio a la familia Pujol ha afirmado esta mañana que "No se pueden introducir cuestiones de índole política en una cuestión procesal, jurídica y sustantiva como es la investigación y el enjuiciamiento de unos delitos". La frase es tan redonda que si se lo hicieran decir a un actor del Polonia y añadieran unas risas enlatadas detrás valdría como gag.

El PSOE es perfectamente consciente de que en España existe un problema grave con la judicatura y ha decidido intervenir por la vía legislativa. En pocos meses ha presentado hasta tres leyes al respecto. En primer lugar, la ley de eficiencia judicial, que ya está en vigor y con la excusa de modernizar una administración de justicia que en muchos aspectos parece del siglo XIX lo que hace es introducir cambios para restar poder a los jueces instructores. En segundo lugar, la ley contra el lawfare, que plantea limitar el uso de la figura de la acusación popular para evitar instrumentalizaciones políticas. Y, en tercer lugar, la ley que se ha presentado hoy y que pretende "democratizar" el acceso a la carrera judicial para que la renta de los aspirantes no sea impedimento.

El lawfare, que aquí conocemos como judicialización de la política, ha acompañado el proceso independentista desde sus inicios. Mucha gente le ha sufrido y se podría decir que en buena parte ha logrado sus principales objetivos. Consiste en intentar ganar en los tribunales lo que no se puede ganar en la calle y en los Parlamentos. Es decir, al impedir que los poderes legislativo y ejecutivo puedan desempeñar sus funciones libremente penalizando cualquier modificación de las leyes existentes o, también, retorciendo el espíritu de la ley en función de las ideas políticas de un determinado grupo político, o de determinados profesionales de la justicia. El espectáculo vergonzoso de ver parlamentarios de Vox ejerciendo de acusación popular en el juicio del Proceso, por ejemplo, ejemplifica lo de lo que estamos hablando.

El PSOE pasa a la acción contra el lawfare judicial. El grupo parlamentario ha registrado este viernes en el Congreso una proposición de ley para limitar la acusación popular e impedir que se abran causas a partir de querellas basadas en recortes de prensa. De aprobarse, podría decaer la causa contra Begoña Gómez, la esposa del presidente español, Pedro Sánchez. Además, la iniciativa quiere fijar que los jueces deban abstenerse o ser recusados ​​en casos sobre los que se hayan manifestado políticamente. "A raíz de lo vivido en los últimos tiempos, hemos adoptado una decisión que nos parecía urgente: frenar la persecución y el acoso que la extrema derecha hace contra creadores, artistas y adversarios políticos utilizando mecanismos judiciales para obtener objetivos particulares", ha apostillado. argumentado el portavoz socialista, Patxi López, en una rueda de prensa. La ley incluye también la supresión del delito de ofensas religiosas.

Supongo que no hace falta insistir demasiado en que el Tribunal Supremo haya imputado el fiscal general es muy grave.

La iluminación regeneradora que tuvo Pedro Sánchez en sus cinco días de retiro es interminente y se enciende a ratos. El fulgor reformador tiende a enturbiarse, o directamente a apagarse, cuando el presidente español debe enfrentarse a un poder judicial que se le ha declarado abiertamente en rebeldía con la ley de amnistía. Pero brilla con mayor claridad cuando se trata de salir al paso de la prensa y los creadores de opinión del nacionalismo de ultraderecha, es decir, todo el entorno mediático del territorio PP, Vox y alrededores. O, dicho todavía con otra palabra, el foco de intoxicación de la opinión pública que el propio Sánchez bautizó con el nombre de la fachosfera.

Uno de los argumentos del unionismo para combatir el independentismo siempre fue que España era un estado de derecho en el que la separación de poderes funcionaba perfectamente, mientras que una Catalunya soberana rápidamente podía deslizarse hacia una especie de Kosovo, un estado iliberal ahogado en la corrupción. Pero mira por dónde que ya todo el espectro de la izquierda española, incluidos pilares tan básicos del régimen del 78 como el diario El País, habla abiertamente de lawfare, es decir, de cómo la justicia interfiere en el resto de poderes por motivaciones políticas.

Hoy hace justo hace ocho días que titulé este análisis “Pedro Sánchez prueba el lawfare”, el uso político de la justicia. Pues bien, hoy, una semana más tarde, es el propio Sánchez el que la denuncia. En una nueva carta a los ciudadanos,

El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, ha vuelto a utilizar el método que tan bien le fue en las elecciones catalanas: una carta a la ciudadanía en la que denuncia la maniobra del juez que investiga el caso de su mujer, Begoña Gómez, para hacer pública su cita en plena campaña electoral. "Habitualmente se ha seguido la regla no escrita de no dictar resoluciones susceptibles de condicionar el desarrollo normal de una campaña electoral y, por tanto, el voto de los ciudadanos. En este caso resulta evidente que esta práctica no se ha respetado. Dejo al lector extraer sus propias conclusiones". Nunca en la historia democrática reciente un presidente del gobierno había insinuado de forma tan clara que un juez está actuando con motivaciones políticas, es decir, que está practicando lo que se conoce como lawfare.

Se mire como se mire, la aprobación de la ley que amnistía a los encausados por el Procés es un hecho histórico que marca un antes y un después en la democracia española. Por primera vez desde la entrada en vigor de la Constitución se aprueba una ley de amnistía que tiene un innegable trasfondo político y que no tiene el apoyo de una parte notable de la cámara, la que representa a la derecha y a la extrema derecha. De alguna manera, con este gesto el PSOE da un paso para reconocer que no solo la respuesta judicial a los hechos de octubre de 2017 fue injusta y desproporcionada, y que por tanto es necesario implementar un perdón general, sino que en España hay un problema grave de lawfare, es decir, de utilización de la justicia con fines políticos. El hecho de que el debate sobre la amnistía haya coincidido en el tiempo con la investigación abierta a la esposa del presidente Pedro Sánchez ha terminado de decantar la balanza y desvanecer las dudas, que al principio eran muchas, dentro del PSOE. Por tanto, una vez constatado cuál es el punto débil de la democracia española, es esperable que el PSOE se decida ahora a dar más pasos para evitar que este "gobierno de los jueces" que ha declarado la guerra al ejecutivo español se salga con la suya.

Aunque la motivación última resulte impenetrable y solo el interesado tenga la respuesta, el hecho es que el episodio de la carta de Pedro Sánchez ha supuesto un fuerte cambio de dirección en la legislatura. Hasta la publicación de la carta, la amnistía lo llenaba todo. De repente, la conversación ha cambiado y nos encontramos todos discutiendo sobre democracia, bulos, cloacas, máquinas de fango y crispación.

Cree que hasta que él no se levanta el sol no sale. Este dicho resume bien el talante de Pedro Sánchez, que ha logrado situar todos los focos sobre él gracias a la insólita performance de la semana pasada, cuando dimitió de sus obligaciones durante cinco días, encerrado en la Moncloa, e hizo ver que meditaba sobre su continuidad como presidente. Fuera, el PSOE aguantaba la respiración fiándolo todo a la única carta que tienen, y el PP tenía el cava en la nevera para celebrar ese desaguisado.

Esta mañana he tenido interés en escuchar la entrevista que Àngels Barceló le ha hecho a Pedro Sánchez en la SER. Quería comprobar si después de dormir, Sánchez era capaz de explicar mejor que ayer qué proponía él, que es el presidente del gobierno español y tiene instrumentos a su alcance, para conseguir el tan noble propósito de la regeneración democrática.

El presidente español regresa de cinco días de reflexión y, después de un largo y emotivo introito pensado porque pensamos que se pliega, finalmente anuncia que, ahora, él y su mujer se sienten más fuertes y que, por tanto, continuará en la presidencia porque no puede que los malos ganen los bonos. Explica también que las muestras de apoyo, sobre todo las de su querido partido, han influido decisivamente en su decisión. Se marca un objetivo muy noble, como es "la regeneración pendiente de nuestra democracia", pero no concreta ninguna medida para conseguirla; sólo nos asegura que estos cinco días serán un punto y parto. Comunicó que suspendía la agenda con una carta personal y, cuando reaparece, ningún periodista le puede preguntar nada.

La concentración en la sede del PSOE con ministros cantando “¡Sánchez, quédate!” y los manifiestos contra el colpismo mediático y judicial son, en el mejor de los casos, una ingenuidad. Porque, contemplados fríamente, incomodan: ¿es que el PSOE se acaba de enterar ahora y no se había dado cuenta antes de cuáles son los fundamentos de la democracia en España?

Mientras usted lee estas líneas, Pedro Sánchez está reflexionando en la Moncloa sobre si debe continuar o dimitir. El lunes nos lo dirá, y mientras tanto nos tiene a todos atrapados, esperando el desenlace por la parte que nos toca, que en el caso de las elecciones catalanas es una parte decisiva porque, desde que publicó la carta, todo gira en torno a su posible renuncia a la presidencia.

Pedro Sánchez, haya sido una cuestión puramente personal o no, ha derribado su anuncio como una bomba justo cuando comienza la campaña electoral catalana. La carta de Sánchez diciendo que se detiene a reflexionar y que el lunes dirá si pliega me recuerda lo que decía Felipe González: que al empezar una campaña tienes que lanzar un cohete al cielo para que todo el mundo lo quede mirando, metáfora que significa que tú eres el que debe dominar la conversación y hacerlo girar todo a tu alrededor. ¿Qué candidato llevaba hasta ahora la iniciativa emocional en esta campaña? Puigdemont y la posibilidad de que volviera a casa después de más de seis años de exilio. “¿Volverá Puigdemont?”, era la pregunta. Desde anoche la pregunta es “¿Plegará Sánchez?”.