Sant Hipòlit de Voltregà tiene 3.500 habitantes y sólo un kilómetro cuadrado de superficie. Este pueblo, uno de los más pequeños de Catalunya, tiene puesto el ojo en varias convocatorias de fondos europeos que podrían ayudar a darle un empujón al municipio, por ejemplo, para rehabilitar el pabellón del equipo de hockey –que lo ha hecho famoso internacionalmente– o la residencia municipal. Pero hay un problema: el papeleo que debe llenarse para optar a estas jugosas convocatorias es inalcanzable para un consistorio que sólo tiene un técnico disponible. "Nos encantaría poder presentarnos, pero por prudencia no lo hacemos. Si no ejecutas, después tienes que devolver el dinero", explica al ARA el alcalde de San Hipólito, Gerard Sancho. Por casos como éste, la Generalitat pondrá en marcha un equipo especializado que asistirá a los entes locales en la redacción y presentación de proyectos para captar fondos europeos.

"Los jabalíes no entienden de fronteras". Son palabras de una técnica de medio ambiente de un municipio del Baix Llobregat que resumen bien cuál es la problemática que afrontan los ayuntamientos con el control de la fauna salvaje. Todo ello ha tomado protagonismo a raíz de la crisis por el brote de la peste porcina africana, pero hace meses –y en algunos casos, años– que los municipios metropolitanos con montaña cerca se arremangan para mantener a raya a estos porcinos. El problema llega cuando, fuera de los parques naturales, la opción que elige un municipio afecta a la situación del otro: ya sea porque opta por la cacería, que hace que los jabalíes –muy sensibles al ruido– se muevan hacia otra zona, o porque no hace nada por controlarlos. Es un escenario que hace que la gestión municipal del control del jabalí se convierta en un auténtico campo para la teoría de juegos.

El alcalde de Manacor, Miquel Oliver, aterriza en la Universidad Catalana de Verano (UCE) en Prada de Conflent con abarcas y una camiseta de manga corta que deja ver el tatuaje que tiene en el antebrazo: "144". Son los días que gobernó cuando llegó a la alcaldía por primera vez con Més per Mallorca, en el 2015, antes de que la oposición se la arrebatara con una moción de censura. Reelegido en el 2019 en un municipio donde tradicionalmente ha ganado la derecha del PP, Oliver se define como un independentista de izquierdas. De hecho, está en la UCE por este motivo: para reivindicar la identidad cultural compartida de los Països Catalans y defender que Manacor es "algo más" que el Levante de Mallorca. Ésta ha sido una de sus obsesiones desde su despertar como soberanista, cuando entró en contacto con los movimientos estudiantiles a pesar de formar parte de una familia que había votado al PP.

Después de tres años de trámites, el plan urbanístico para construir una macroplanta de biogás en la Sentiu de Sió (Noguera) ha recibido la luz verde de la Comisión de Urbanismo de Barcelona. Es la instalación de este tipo más grande del sur de Europa –procesará alrededor de 500.000 toneladas anuales– y podría ser la primera de una ola de factorías de biogás en Ponent, en el marco del despliegue de la Estrategia Catalana de Biogás 2024-2030. Sin embargo, tanto la aprobación del plan urbanístico como la posibilidad de que más proliferen han encendido una treintena de alcaldes del territorio, que se plantan ante el proyecto y avanzan que lo impugnarán ante los tribunales. Pese al silencio de la Generalitat, los alcaldes advierten que la factoría no podrá funcionar solo con purines locales y que, en la práctica, es un agujero negro para que el fondo de inversión danés que la lidera –Copenhagen Infrastructure Partners– pueda hacer negocio con residuos que vendrán o bien de Aragón o de la provincia de Barcelona. Residuos que incluyen restos animales y restos de mataderos, y no sólo purines.

Hace meses que los ayuntamientos catalanes avisan de que, si nada cambia, tendrán dificultades para pagar los recibos del agua, el alumbrado y las obras, pero también los servicios que prestan a pesar de no tener obligación legal, como los hogares de niños, las oficinas de empleo o las residencias de ancianos. El parche más inmediato ha sido la subida de impuestos municipales como el IBI. Pero, en algunos casos, ni siquiera esto ha permitido evitar los temidos recortes, las reducciones de plantilla y la tutela financiera de la Generalitat. Según los últimos datos de la Generalitat, a los que ha tenido acceso el ARA, hay una treintena de municipios –27– con remanentes de tesorería negativos (en otras palabras, en números rojos). Por otro lado, a partir del 75%, los municipios quedan por ley bajo tutela financiera de la Generalitat, situación en la que se encuentran quince municipios catalanes, según las últimas cifras disponibles. En concreto, hay 8 que están por encima del 76% y 7 que superan el 100% de endeudamiento respecto a sus ingresos ordinarios.