En octubre del año pasado el presidente español, Pedro Sánchez, anunció que reformaría la Constitución para blindar el derecho al aborto. Este martes el gobierno español ha dado un paso relevante en esta línea, ya que ha aprobado el proyecto de reforma del artículo 43 de la carta magna después de la luz verde del Consejo de Estado, con la intención de "constitucionalizar el derecho a la interrupción del embarazo" en el aspecto prestacional. Es decir, no en el ámbito abstracto del derecho al aborto –que consideran consolidado–, sino en el sentido más práctico de poder abortar.

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha sido en estos dos primeros años de legislatura casi una desconocida para la opinión pública. En el barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) de julio, el último en preguntar sobre los ministros, un 72,8% de los encuestados decía no conocerla situándola así como una de las caras menos mediáticas del consejo de ministros. Ahora bien, en los últimos días la polémica de las pulseras antimaltrato la ha puesto en el foco y ha convertido a Redondo en el asno de los golpes de la derecha. En el marco de la ofensiva del PP contra la ministra de Igualdad, el Congreso ha aprobado este miércoles reprobarla, a propuesta de los de Alberto Núñez Feijóo. Sin embargo, el presidente español, Pedro Sánchez, ha salido en defensa de Redondo y se ha "solidarizado" con ella por las "acusaciones" que ha recibido por parte de la derecha. Además, defendió que el sistema de pulseras funciona "mejor que antes".

En la anterior legislatura el PSOE ya intentó avanzar en la abolición de la prostitución con una proposición de ley que no culminó su recorrido parlamentario en el Congreso. Pero la ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha anunciado este jueves que los socialistas volverán a intentarlo. En una comparecencia en la cámara baja para presentar las líneas generales del departamento que encabeza, Redondo ha explicado que el PSOE presentará "próximamente" una iniciativa para penalizar a los propietarios de los inmuebles donde se produzca una situación de explotación sexual (lo que se conoce como el delito de latercería locativa). Este delito quedará recogido en el Código Penal.