Sánchez propone blindar el derecho al aborto en la Constitución

BarcelonaRespuesta de Pedro Sánchez a la ofensiva ultraconservadora del PP y Vox contra los derechos sociales y reproductivos de las mujeres. El gobierno español ha anunciado este viernes que impulsará una reforma constitucional para incluir el derecho al aborto en la carta magna, una medida con la que el ejecutivo quiere combatir "cualquier intento de retroceso que amenace los derechos de las mujeres". Ésta es una reclamación histórica de los grupos feministas y de la izquierda para evitar que los cambios de gobierno y de mayorías parlamentarias puedan recortar derechos, como intentó sin éxito el ministro de Justicia del PP, Alberto Ruiz-Gallardón, que a raíz de la fuerte contestación social retiró la propuesta y dimitió, en el 2014. el aborto a la Constitución convertiría a España en el segundo país del mundo en dar este paso después de Francia. "En un contexto global de ofensiva contra los derechos sexuales y reproductivos, España da un paso más para consagrar la libertad y la autonomía de las mujeres para decidir sobre sus vidas", añaden las mismas fuentes. La iniciativa supone un cambio del artículo 43 del texto constitucional que no es fácil porque requiere una mayoría calificada de tres quintas partes del Congreso y el Senado, es decir, que se necesita el apoyo del PP.

Los populares, de hecho, ya han rechazado la reforma constitucional. En una entrevista en RNE, el vicesecretario del PP Juan Bravo negó que el aborto sea un derecho y defendió que la ley que ya regula la posibilidad de abortar "es suficiente". "Creo que ir más allá lo único que busca es confrontar", replicó el dirigente popular. Según el PP, la iniciativa anunciada por Sánchez es "humo" para tratar de tapar "los escándalos" de su entorno. PSOE y Sumar han atacado a los de Alberto Núñez Feijóo. En una atención a los medios este viernes, la ministra de Sanidad, Mónica García, que hace ya más de un año que planteó blindar el derecho al aborto en la Constitución, ha acusado al PP de ser "indistingible" de Vox.

Acciones contra la ofensiva PP-Vox

En paralelo, el gobierno estatal también ha anunciado que aprobará medidas contra la "difusión de información falsa o engañosa que pueda coaccionar a las mujeres que quieran interrumpir el embarazo". Una de éstas será la modificación del real decreto 825/2010, que desarrolla la ley orgánica de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo. "La reforma establecerá la obligación de que toda la información [...] tenga base científica y se sostenga por estándares de las instituciones internacionales como la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Asociación Americana de Psiquiatría (APA)", explican desde la Moncloa. "Teorías sin base científica como el supuesto síndrome posturamente no tendrían cabida en estas clasificaciones", añaden.

Todo ello, después de que el PP de Madrid se haya desdicho de la proposición que votó con los concejales de Vox para obligar a los profesionales de sus centros de salud y de los servicios sociales a informar sobre un falso "trauma posturamente" que no tiene ninguna validez científica. La iniciativa va en la línea de lo que dicta la agenda de los grupos internacionales más ultraconservadores. En el historial de medidas en este sentido también existe el fracasado intento deCastilla y León de hacer escuchar a las mujeres el latido del fetoantes de someterse a la interrupción voluntaria del embarazo.

"El gobierno español seguirá trabajando en todas las vías posibles para evitar que las mujeres que quieran ejercer libremente su derecho sufran presiones de cualquier tipo. Nuestro país seguirá siendo así un referente internacional en la defensa de los derechos y libertades de las mujeres", remarcan desde el ejecutivo de Sánchez, y recuerdan que este año 4 el aborto en España.

En los 40 años de aborto legalizado, ha habido tres reformas de la ley: la del 2010, en la que se aprobó la despenalización total dentro de las primeras 14 semanas de gestación; la del 2011, en la que se introdujo el consentimiento paterno para las mujeres con discapacidad y las de entre 16 y 18 años, así como los tres días obligatorios de reflexión antes de la intervención, y la del 2023, impulsada por el ministerio de Igualdad de Irene Montero, en la que se recuperaron los derechos recortados en la década pasada con los votos en contra del PP y Vox y el apoyo del resto de grupos parlamentarios.