Casi medio millón de mujeres que residen en el Estado no han cobrado en los últimos 12 meses la pensión alimenticia para sus hijos fijada en los acuerdos de divorcio. Por primera vez, la macroencuesta quinquenal que elabora el ministerio de Igualdad incluye la pregunta de violencia económica, el tercer tipo de agresión machista más frecuente y "una forma muy silenciosa y muy devastadora", como la calificó este miércoles la delegada del gobierno español en Violencia de Género, Carmen Martínez Perza, en la presentación. El informe concluye también que un 30% de las mujeres de más de 16 años han sufrido en algún momento de su vida un episodio de violencia machista.

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha sido en estos dos primeros años de legislatura casi una desconocida para la opinión pública. En el barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) de julio, el último en preguntar sobre los ministros, un 72,8% de los encuestados decía no conocerla situándola así como una de las caras menos mediáticas del consejo de ministros. Ahora bien, en los últimos días la polémica de las pulseras antimaltrato la ha puesto en el foco y ha convertido a Redondo en el asno de los golpes de la derecha. En el marco de la ofensiva del PP contra la ministra de Igualdad, el Congreso ha aprobado este miércoles reprobarla, a propuesta de los de Alberto Núñez Feijóo. Sin embargo, el presidente español, Pedro Sánchez, ha salido en defensa de Redondo y se ha "solidarizado" con ella por las "acusaciones" que ha recibido por parte de la derecha. Además, defendió que el sistema de pulseras funciona "mejor que antes".

La polémica por las pulseras antimaltrato ha abierto una nueva batalla entre el gobierno español y el PP. Los conservadores cargan contra el ejecutivo por lo que califican de "fracaso" y piden la dimisión o cese de la ministra de Igualdad, Ana Redondo. En esta línea, mañana traerán al Congreso una propuesta para reprobarla. Mientras, Redondo asegura que los dispositivos que se utilizan para garantizar el cumplimiento de algunas órdenes de alejamiento en casos de violencia machista –en Catalunya se hace un uso muy bajo en comparación con otros lugares del Estado– han funcionado "en todo momento". También insiste en esta idea la portavoz del gobierno español, Pilar Alegría, que esta mañana defendió que si bien el sistema "no es infalible", es "seguro", y acusó al PP de mentir y causar "miedo e incertidumbre".

Un error en el sistema de control de las órdenes de alejamiento dejó inaccesibles los datos de localización de multitud de investigados y condenados por delitos de violencia machista que habrían sido claves para demostrar incumplimientos de estas órdenes de protección. Los efectos de ello, alerta la Fiscalía General del Estado, se han notado en "gran cantidad de sobreseimientos provisionales o sentencias absolutorias". La incidencia que se produjo el pasado año afectó tanto en casos que estaban en fase de instrucción y que han terminado archivados como en los juicios en los que, por falta de pruebas, no pudo condenarse un incumplimiento de la orden de alejamiento.

Maltratadores que sorprenden con un cambio de género para evitar ser juzgados por la ley de violencia machista o policías y militares que también pasan por el registro para obtener los supuestos "beneficios" reservados para sus compañeras mujeres. Son algunos de los casos que han circulado en las redes sociales y que han servido como gasolina para alimentar a los discursos contra la ley trans, especialmente por la supuesta facilidad para saltársela. Pese al revuelo y el escándalo de estos casos, de las 5.900 demandas de cambio de género en los registros civiles desde que en el 2022 entró en vigor la norma, sólo se han denegado 85.

Aina Calvo (Palma, 1969) habla deprisa y gesticula mucho. La secretaria de estado de Igualdad y contra la Violencia de Género asegura que el debate en el que está inmerso el movimiento feminista no le debilita, y no duda en hablar de “guerra cultural” cuando se refiere a la extrema derecha. En cuanto a los retos, remarca la necesidad de repartir los cuidados de forma equilibrada entre mujeres y hombres.

En la anterior legislatura el PSOE ya intentó avanzar en la abolición de la prostitución con una proposición de ley que no culminó su recorrido parlamentario en el Congreso. Pero la ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha anunciado este jueves que los socialistas volverán a intentarlo. En una comparecencia en la cámara baja para presentar las líneas generales del departamento que encabeza, Redondo ha explicado que el PSOE presentará "próximamente" una iniciativa para penalizar a los propietarios de los inmuebles donde se produzca una situación de explotación sexual (lo que se conoce como el delito de latercería locativa). Este delito quedará recogido en el Código Penal.