Solo en los tres primeros meses de este año, 2.866 personas han muerto esperando una prestación de dependencia en Cataluña. Han muerto en lo que se conoce como el limbo, el plazo entre que se presenta la solicitud y la administración valora, reconoce el grado y otorga la ayuda correspondiente a través del plan individual de atención (PIA). En este proceso se encuentran 128.000 catalanes (la inmensa mayoría de los cuales son personas mayores), que tienen que esperar hasta 397 días (13 meses) de media por demoras de su expediente, más del doble de los 180 días que fija como máximo la ley estatal de la dependencia.

Ahora que tienen 18 años, Pau y Jaume Navarro, diagnosticados con un trastorno del espectro autista (TEA), han perdido un grado de dependencia respecto a lo que han tenido durante la infancia. Según se desprende de la evaluación de su situación, se podría decir que "milagrosamente" su trastorno ha mejorado. En la última revisión de grado, que la ley de la dependencia prevé para cuándo se alcanza la mayoría de edad, Pau ha pasado de tener un grado de dependencia II, que hace referencia a una discapacidad severa, a uno grado I, que equivale a una discapacidad moderada. Por su parte, Jaume ha dejado de ser considerado un gran dependiente con grado III para quedarse con un grado II. En la práctica, esta rebaja supone que, a partir de ahora, se reduzcan las ayudas económicas y las horas de atención personal asignadas. Y con menos ayudas públicas, la familia tendrá que dedicarle más dinero.