Morir sin haber cobrado la dependencia: "No puedes centrarte en la enfermedad"

BarcelonaMás de 9.000 catalanes murieron el pasado año esperando que se les reconociera un grado de dependencia o una prestación. Esta cifra supone que cada hora una persona muere desatendida, sin haber recibido el derecho reconocido en la ley de dependencia. Es lo que le ocurrió a Alfredo M., el marido de Isabel Fernández, que falleció a los 62 años a mediados del pasado mes de marzo, antes de que le aprobaran el Plan Individual de Atención (conocido por las siglas PIA), en el que se determinan las prestaciones o servicios a los que se tiene derecho en función de la incapacidad. A consecuencia de la muerte, la familia no tiene derecho a recibir con carácter retroactivo lo que la administración no le dio en vida debido a las listas de espera de un año. Pese al luto y el dolor, la viuda saca fuerza para denunciar una situación que considera "injusta".

Para evitar situaciones como ésta, el departamento de Derechos Sociales e Inclusión asegura estar "trabajando en una modificación normativa" que reconozca el derecho a los herederos. En un caso como el de Fernández, efectivamente, no puede recibir cantidad alguna porque "el derecho se genera desde el momento en que se reconoce la prestación", o cuando han pasado seis meses desde que se pidió el PIA (en este caso son cuatro). Sin embargo, el Tribunal Supremo dio recientemente la razón a la viuda de un dependiente fallecido antes de que se le asignara ningún servicio y reprochaba "la dilación", en este caso de la Junta de Andalucía, a la hora de tramitar los expedientes.

Debido al empeoramiento de la salud de Alfredo por un cáncer con metástasis diagnosticado un año atrás, la familia inició los trámites para acogerse a la ley de dependencia y así tener prestación económica o un servicio para hacer frente a los gastos surgidos para los cuidados. El hombre, que había sido autónomo, tuvo que dejar de trabajar a causa de la enfermedad y le quedó una pensión mínima. "Una persona enferma tiene muchos gastos extras", explica Fernández, y detalla que tuvieron que costear taxis, cuidadoras, terapias para tratar las neuropatías, cremas especiales no financiadas por la Seguridad Social o los batidos de proteína de farmacia con los que se alimentaba en las últimas semanas. "Y venga a sumar gastos!"

En noviembre de 2024, trabajadoras sociales determinaron que el hombre tenía un grado II de dependencia (en una clasificación de tres) y el 66% de discapacidad. En total, le habrían correspondido unos 200 euros mensuales pero los meses fueron pasando. Fernández afirma que incluso uno de los especialistas intentó que se aceleran los trámites debido al deterioro del estado de salud y la pérdida de autonomía del enfermo. Alfredo cada vez tenía menos movilidad y necesitaba más ayuda para su día a día. La misma mujer llamó al Ayuntamiento de Premià de Mar (donde vive la familia y el encargado de realizar la valoración del grado de dependencia) y al teléfono de atención ciudadana de la Generalitat para saber en qué estado se encontraba el PIA. "Unos por otros, nada".

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Sin prestación alguna, la familia tuvo que hacer manos y mangas y buscarse la vida para atender al enfermo. Fernández está de baja, pero admite que tanta burocracia no ayuda a familias ni pacientes. "Con tanto trámite no puedes centrarte en la enfermedad, en el enfermo", se exclama Fernández. El único consuelo que encuentra es que su marido "murió pensando que todo estaba solucionado", ya que una de sus grandes preocupaciones era que la familia no tuviera problemas extras.

Cuando Alfredo murió, Fernández llamó a la Generalitat y, por teléfono, recibió la respuesta que no tenía derecho al abono de ninguna prestación económica porque la muerte se había producido antes de la resolución del PIA. "No lo entiendo, nos pasamos toda la enfermedad haciendo trámites por nada", se queja Fernández, quien apunta a que debería haber una "selección" de los enfermos para determinar la gravedad de cada uno. "Hay enfermos de cáncer que no llegan a las ayudas, no tienen tiempo porque todo va muy deprisa". De media, el PIA tarda en tramitarse en Catalunya un año, un plazo que el actual equipo de la consejera Mònica Martínez Bravo se ha propuesto reducir hasta nueve meses con un plan que prescinde de papeleo y trámites.

La excepcionalidad valenciana

Solo la Comunidad Valenciana reconoce el derecho de la familia a cobrar las prestaciones sin PIA, según José Manuel Ramírez, presidente del Observatorio Estatal de la Dependencia que elabora la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, quien también advierte de que es "largo y caro" reclamar los derechos por la vía judicial. "Pero quien lo hace, gana".

Del análisis periódico al sistema de dependencia de todas las comunidades, Ramírez concluye que el de Catalunya arrastra un "abandono" desde hace "seis o siete años" de los sucesivos responsables y afirma que, más que planes de choque, es necesario invertir en reforzar de personal los servicios municipales básicos, simplificaciones de procesos administrativos y autorizar que las enfermeras y no los médicos puedan hacer las valoraciones. "El problema de Catalunya es endémico, no hay una solución en la dependencia en los próximos cuatro años", vaticina.