La Generalitat reclama 360 euros a una familia 15 meses después de la muerte de un hijo

BarcelonaEn medio del proceso del duelo por la muerte de su hijo Aitor, el departamento de Derechos Sociales reclama a la familia que devuelva la parte cobrada de la prestación de la dependencia que no le corresponde. El pequeño, con una pluridiscapacidad y un grado reconocido de dependencia III (el más severo de los tres posibles), murió el 2 de julio de 2023, pero el departamento abonó el mes completo y, con la ley en la mano, se ha generado una deuda de 362,63 euros, la parte proporcional de la ayuda.

Después de ocho años de luchas por conseguir una buena cobertura médica y social, la familia se vio obligada a iniciar una contra la burocracia, con el objetivo de que la administración registrara el fallecimiento del menor y lo diese de baja del sistema de dependencia. Sin embargo, un año y medio después no ha sido fácil. "Cuando murió Aitor, los del tanatorio nos dijeron que se ocupaban de todos los trámites y nosotros nos desentendimos de todo", explica Ana Mourelo, la madre de Aitor y activista por los derechos de las criaturas con discapacidad. La sorpresa fue que a finales de julio recibieron la transferencia mensual de la dependencia.

Presentaron una instancia a la Generalitat para insistir en el fallecimiento y para preguntar si legalmente tenían derecho a recibir en julio entero. En agosto, cuando recibieron el certificado de defunción, hicieron una segunda instancia que también quedó sin respuesta oficial, pero como la familia había dado de baja la cuenta corriente donde se realizaban las transferencias de las prestaciones, no van mucho caso.

La incógnita del IBI

Las sorpresas continuaron cuando el Ayuntamiento de Barcelona envió al domicilio familiar el recibo anual del IBI con la bonificación por un miembro de la familia con discapacidad referente al 2024. Tercera instancia, en este caso al consistorio, con la misma argumentación, pero les contestaron seis meses después con una respuesta automática que sólo les confirmaba que habían cargado la bonificación. Las reclamaciones por teléfono tampoco prosperaron porque el departamento municipal afirmaba que no podían realizar ninguna modificación del expediente mientras no recibieran ninguna notificación de la Generalitat. La incógnita es ahora si este año les cobrarán el impuesto bonificado.

Ya en una cuarta instancia, de mediados de diciembre, la respuesta de la Generalitat ha sido la confirmación de la baja del Aitor del sistema, pero se insistía en la "deuda de 362,63 euros" por la prestación cobrada de más. Mourelo afirma que desconoce si tiene derecho a cobrar todo el mes de julio o no, pero advierte la doble moral de la administración a la hora de exigir el retorno de un dinero pagado, pero, en cambio, tener durante meses las personas esperando para la evaluación de la discapacidad y del grado de dependencia, sin que ese tiempo acabe siendo "de carácter retroactivo" cuando se les aprueba la ayuda. "Ahora no tenemos fuerzas para luchar por nada, pero lo que nos pasa está fuera de sitio", se queja la madre.

Sin entrar a valorar el caso de Aitor, el departamento de Derechos Sociales, por su parte, ha confirmado que las prestaciones se dejan de cobrar por defunción, pero matiza que "en algunos casos" sí hay un cobro con carácter retroactivo.

"La Generalitat me reclama que le devuelva 19.900 euros de ayudas"