De un año a nueve meses: el Gobierno se compromete a reducir la espera de la valoración de la dependencia

BarcelonaHace dos meses que la hija de Félix, de 93 años, hizo el registro de la solicitud para la evaluación del grado de dependencia y "como mínimo" tendrá que esperar unos "cinco o seis meses" antes de que termine todo el proceso. Previamente, su médico de cabecera había examinado al hombre para hacerle el informe médico –preceptivo hasta ahora– y con posterioridad tendrá que pasar por una primera entrevista para valorarle la capacidad de dependencia (el grado) y una segunda entrevista con una trabajadora social de su ayuntamiento para acabar de determinar en qué ayuda o servicio tiene derecho (el PIA, en la jerga del sector). Según la estadística, casi permanecerá 326 días, aproximadamente un año, un plazo que ahora el departamento de Derechos Sociales e Inclusión se ha propuesto acortar 100 días, hasta situarlo en nueve meses dentro de finales del 2025.

Como Félix, hay actualmente 57.600 catalanes (la mayoría ancianos, pero no sólo) que esperan la resolución de grado y otros 134.000 que han iniciado los trámites para la valoración del grado de discapacidad y que, de media, esperan también un año. Para este grupo, el departamento también prevé que en un año le espera roze de media los nueve meses.

Para recortar estas listas de espera, la conselleria que dirige Mònica Martínez Bravo plantea modernizar la recogida de datos entre las oficinas del departamento y los servicios sociales municipales, de manera que utilicen un mismo sistema informático para que sea más ágil compartir la información y al mismo tiempo se evite la acumulación de errores. En una rueda de prensa, Martínez ha indicado este lunes que hoy en día "el 80% de solicitudes se hacen con papeles" que van arriba y abajo, lo que "acaba retrasando mucho el proceso, que es anacrónico".

Un 28% de demandas sin grado

En este apartado de modernización, la conselleria ha detectado que las demandas preventivas de valoraciones de grados forman un tapón en un sistema cada vez más saturado por el envejecimiento de la población. Un 28% de las demandas terminan sin ningún grado reconocido y corresponden a peticiones de personas que tienen una discapacidad leve, que no tendrá derecho a una prestación de dependencia y que busca sólo tener un certificado para obtener una beca o beneficio fiscal.

Para este grupo se creará un canal diferenciado, que se reforzará por el Visor Salud-Social, a través del cual los trabajadores tendrán acceso directo a la información sanitaria del usuario y, además, se creará un simulador de valoración de grado de dependencia, para que las familias tengan una idea de si vale la pena iniciar los trámites. "Esto colapsa el sistema de valoraciones", indicó la consellera, quien admitió que a la ciudadanía "falta información sobre qué puede esperar" en cada grado de dependencia.

Desde hace poco, el departamento ya no pide el informe médico y, en la línea de la transformación digital, simplifica los formularios electrónicos para aumentar las peticiones online, aunque mantiene la atención presencial.

A este sistema informático desfasado se suma también la falta de personal para realizar las valoraciones tanto de dependencia como de discapacidad. Se trata de equipos de médicos, psicólogos o trabajadoras sociales, que quieren reforzarse con medio centenar de profesionales más. Aparte, se habilitarán nuevos perfiles profesionales, como terapeutas ocupacionales y psicólogos, con el objetivo de "limpiar en la lista de espera", según Martínez. El problema se centra sobre todo en los nueve equipos de personal propio de Derechos Sociales y también de funcionarios municipales, más que en las plantillas de los consorcios sanitarios subcontratados para explorar a los demandantes, según la conselleria. Con los planes del departamento, estos profesionales dispondrán de una calculadora basada en la inteligencia artificial para determinar cuáles son los servicios necesarios, y debe simplificar el trabajo de los trabajadores sociales.

Para las entidades de la discapacidad y la dependencia, representadas por Cocarmi, el plan presentado por la consellera es "un primer paso" y aplauden la voluntad de hacer frente a una de las grandes reivindicaciones del sector, que denuncia que el tiempo juega en contra del colectivo. Según los últimos datos, cada día una treintena de catalanes mueren esperando una prestación de dependencia. Además, alertan de que hay una segunda lista de espera después de obtener el grado de discapacidad por cobrar una prestación o tener un servicio.