Cataluña lidera las rebajas de los grados de dependencia

BarcelonaAhora que tienen 18 años, Pau y Jaume Navarro, diagnosticados con un trastorno del espectro autista (TEA), han perdido un grado de dependencia respecto a lo que han tenido durante la infancia. Según se desprende de la evaluación de su situación, se podría decir que "milagrosamente" su trastorno ha mejorado. En la última revisión de grado, que la ley de la dependencia prevé para cuándo se alcanza la mayoría de edad, Pau ha pasado de tener un grado de dependencia II, que hace referencia a una discapacidad severa, a uno grado I, que equivale a una discapacidad moderada. Por su parte, Jaume ha dejado de ser considerado un gran dependiente con grado III para quedarse con un grado II. En la práctica, esta rebaja supone que, a partir de ahora, se reduzcan las ayudas económicas y las horas de atención personal asignadas. Y con menos ayudas públicas, la familia tendrá que dedicarle más dinero.

El caso de los gemelos Navarro no es una anécdota ni un caso aislado. Cataluña es la comunidad que menos grados III reconoce y, por tanto, donde menos beneficiarios hay con servicio otorgado. Con datos hasta el 31 de diciembre de 2023, los más actualizados, sólo el 19,8% de los dependientes atendidos tienen el grado III, frente al 27,5% de media en España. Y eso que Cataluña parte como una de las que más dependientes leves atiende –41,6% del total respecto a 30,8% de la media española– y que todavía se mantiene por encima en lo que se refiere a los de grado II (38,8%) % por el 37,6). La rebaja del grado de gran dependiente, según las fuentes consultadas, no acaba de entenderlo nadie y tampoco se explica. De hecho, ya demanda del ARA, la consejería de Derechos Sociales no ha dado ninguna respuesta. La reducción es tan anormal que, irónicamente, familias y entidades han llegado a hablar del “milagro catalán”. Incluso la patronal de la discapacidad intelectual Dincat, que presidía el actual consejero de Derechos Sociales, Carles Campuzano, pide datos y "un análisis transparente que justifique por qué se da esta situación".

Revisión definitiva

Hace tiempo que las familias y entidades denuncian situaciones como la de los Navarro. La evaluación de los 18 años, después de las que se hacen de oficio a los siete y los 11, es casi definitiva, ya que marcará qué ayudas se recibirán a lo largo de la vida. A partir de entonces, las revisiones de grado sólo se realizan a petición de la familia o de la persona afectada. Por eso Albert Navarro, padre de los gemelos, empezó a temer lo peor cuando la evaluadora se despidió apuntando a que, seguramente, habría una resolución a la baja por problemas económicos, como así ha sido.

Navarro afirma que la profesional no les pidió ninguno de los informes técnicos que habían preparado. "Los padres con hijos con discapacidad tenemos un camino lleno de piedras puestas por la administración", se queja el padre, que denuncia que las reducciones de grado son "violencia institucional". Ahora el siguiente paso es que los técnicos de Derechos Sociales establezcan en el PIA (plan individual de atención) de cada hermano qué prestaciones les asignan. Pero lo seguro es que, con la ley en la mano, se reducirán las horas de atención que reciben cada uno y el dinero. "Es injusto porque esa decisión marcará la vida de ambos para siempre", se indigna Navarro, quien tiene claro que presentarán recurso.

Sin los datos de Derechos Sociales –las únicas que se ofrecen son las que elabora el IMSERSO–, Cataluña es de las comunidades que ofrece más plazas de residencia o ayuda económica para la cuidadora familiar. Además, roza la media española en lo que se refiere a los centros de día. En cambio, la figura del asistente personal es prácticamente inexistente: hay 98 en toda Catalunya, lejos de los 7.000 que concede Euskadi o los 2.300 de Castilla y León. Como los Navarro, las familias con criaturas con autismo o discapacidad intelectual y física deben hacer manos y mangas para buscar recursos que no encuentran en la cartera de servicios públicos, y relatan el desgaste económico y sobre todo emocional que les comporta realizar tantos esfuerzos .

Desconocimiento del autismo

Para la presidenta de la Federación Catalana de Autismo, Neus Payerol, las rebajas están a la orden del día. En medio del desconcierto, señala como causa el "tal desconocimiento que hay del autismo", tanto por parte de los evaluadores, que no han recibido formación específica sobre el TEA, como de las familias a la hora de responder a cuestionarios que están pensados para analizar sobre todo la discapacidad física, pero no la intelectual ni el autismo .

Payerol explica que en la evaluación para determinar el grado de autonomía personal se pregunta si la persona dependiente realiza actividades cotidianas en solitario o necesita apoyo, y critica que son preguntas trampa: “Tú puedes decir que tu hijo se viste y se ducha solo, pero no tienen en cuenta que tienes que estar encima para elegirle la ropa porque no sabe si es verano o invierno, o debes controlar que se enjabone bien porque por él solo no se ducharia", relata. También señala que pese a que físicamente pueden estar bien son totalmente dependientes e incapaces de vivir solos. "La administración no es tu amiga y en 30 minutos los evaluadores deciden tu vida y la de los hijos", afirma. Payerol critica que se confunda la mejora de capacidades de sus hijos con una curación irreal. "Con mucho esfuerzo los enseñas rutinas, en lavarse los dientes... y todo esto al final te acaba castigando", concluye.

En Argentina y Chile, pero también en Reino Unido o Estados Unidos, ya existen leyes del autismo, una iniciativa que la presidenta de la Federación Catalana del Autismo envidia. "El problema es que el autismo no existe, no sale a ninguna parte", subraya Payerol, que indica cómo en pocas décadas ha habido un aumento de los diagnósticos, hasta el punto de que la prevalencia de los TEA está ya en un caso por cada 83 habitantes . "¿Qué espera Cataluña?", se pregunta.