Listas de espera e inspecciones: tres meses sin la web que debe controlar las residencias

BarcelonaLa pandemia causó más de 8.000 muertes en las residencias de Catalunya y, en un intento por recuperar la confianza perdida de la ciudadanía y la reputación cuestionada, el departamento de Derechos Sociales se ha comprometido a abrir una página web –que debe funcionar como una especie de buscador– con información detallada de cada geriátrico. Se publicará, por ejemplo, la lista de espera que tiene cada centro. Ahora bien, el gran atractivo de la iniciativa es que se colgarán los resultados de las inspecciones que periódicamente se realizan para encontrar deficiencias. El anuncio lo hizo el secretario de Asuntos Sociales y Familias, Lluís Torrens, el pasado 14 de octubre en el Parlament, en el que aseguró que en “unas semanas si no días” ya estaría en disposición de entrar en funcionamiento. Sin embargo, han pasado los días y las semanas y, más de tres meses después, el departamento se ha limitado a comentar que unos problemas técnicos menores tienen parado el proyecto.

El objetivo de esta página web es aportar una mayor transparencia sobre el millar de centros geriátricos del país, el 80% de los cuales son de titularidad privada. En estos espacios viven unas 64.000 personas, la mayoría de ellas grandes dependientes. Pero entre el sector hay quien cree que Torrens vendió la piel del oso antes de cazarle. El dirigente del departamento intervenía en una comisión para explicar la cadena de negligencias detectadas en el Geriátrico Aragón de Barcelona, ​​destapadas por El Periódico. El caso evidenció la falta de coordinación entre los cuerpos de inspectores que controlan el buen funcionamiento de las residencias, porque pese a la insistente denuncia de las familias, nunca se llegó a solucionar el problema de suciedad y dejadez de las instalaciones. En medio de las explicaciones, Torrens lanzó la noticia del inminente estreno de la página web pública de todas las residencias catalanas.

Aunque ya existen algunas iniciativas privadas en el sentido de publicitar las características de las residencias, la web de Drets pretende ir más allá. Entre las entidades que representan a las familias, la web debería servir para poner el foco en los derechos de los residentes y elevar así la calidad que existe en los centros, que tienen plantillas precarias, con sueldos más bajos que en el ámbito sanitario, y justo en el umbral de los ratios de mínimos que marca la norma.

La transparencia de la patronal

Para la presidenta de la gran patronal ACRA, Cinta Pascual, la web debe ser una buena herramienta porque, dice, “la transparencia sólo puede ser que positiva para todos”, pero reconoce que la diversidad de tipología de residencias dificulta el desarrollo.

En cambio, la filosofía de transparencia que soporta la web "agrada" a los directores y gerentes de las residencias, aunque enseguida apuntan a que presenta algún problema de difícil solución tal y como está planteada y temen que no haya suficiente "seguridad jurídica" para los centros. El director de la Asociación Profesional Catalana de Directores de Centros de Atención a la Dependencia (ASCAD), Andrés Rueda, se pregunta en qué momento se colgarán las actas con los resultados de las inspecciones, ya que considera que debe dejarse un tiempo para que se puedan arreglar los desperfectos. "Si finalmente lo hacen, sólo deberían colgar las actas que ya estén concluidas, que sean definitivas", señala. Por eso aconseja "no precipitarse" porque se puede hacer mucho daño en las residencias, añade Rueda.

Las inspecciones son el otro gran aspecto que Derechos Sociales se ha comprometido a mejorar para que haya mayor coordinación entre los supervisores de Salud, Derechos Sociales y municipales que entran en las residencias para evitar así que una deficiencia grave quede en el limbo de la burocracia y no se resuelva. Rueda es tajante cuando afirma que hay que "sacudir" el sistema de inspecciones para "clarificar y simplificar los criterios". En este sentido, el responsable de ASCAD asegura que existe “una normalización excesiva que no se adapta a la realidad” y propone una escala de control. En un primer nivel valdría la declaración del responsable del geriátrico sobre las características técnicas del centro. El segundo nivel se activaría de oficio para analizar la seguridad de las instalaciones y los indicadores de confortabilidad, valores que “estimularían el trabajo cualitativo”. Por último, apunta, el tercer nivel se reservaría para las denuncias por deficiencias graves. "Necesitamos saber qué es sancionable y qué no", resume.

Es una demanda que comparte Pascual, por lo que reclama disponer de una lista fija de valores a verificar; no como ocurre ahora, que cada año “se marcan objetivos diferentes” que desorientan al personal.

Participación en las residencias

En el caso de las familias organizadas en la entidad nacida a raíz de la pandemia Els Estels Silenciats, el portavoz Víctor Echaniz subraya la inoperancia de los consejos de participación, en los que están representados familias, profesionales, direcciones del centro y las administraciones catalana y municipal. Del millar de residencias sólo se ha constituido uno de estos órganos en los 528 centros que cumplen los criterios de la ley. Echaniz, que ha asistido a la residencia en la que vive una familiar, critica que son reuniones “para hacer el papelón” y explica que en algunos casos no se publicita y ni residentes ni familiares los conocen. También apunta que los representantes de las instituciones no se presentan o convocan a familias que ya no tienen contacto con la residencia.

El activista insiste en que las familias, como ocurre en la educación, deben tener voz porque son "ojos" que ven cómo se trata a los residentes. Rueda, de la asociación de directores, habla de organismos "poco operativos", hasta el punto de que a menudo se encuentran con que no hay suficiente quórum para debatir ni analizar el día a día de la residencia.