Delores Ohemaa Nketiah y Bintou Camara se conocieron en cursos de catalán y de cultura catalana que forman parte del proceso de arraigo social para personas extranjeras que desean regularizar su situación administrativa en el Estado. Se trata de un camino largo y costoso, ya que obliga a las personas no comunitarias a vivir los dos primeros años sin papeles –en situación de irregularidad–, sobreviviendo cómo pueden y dónde pueden. Sólo pasado ese tiempo pueden optar a regularizarse, siempre que dispongan de un precontrato laboral o inicien estudios reglados. Es en este punto del proceso donde se encuentran bloqueadas estas dos mujeres, que emigraron en solitario y han tenido que afrontar las dificultades añadidas de ser mujeres migrantes: los riesgos durante la ruta y las vulnerabilidades en el país de destino.

Hace unos 25 años que, alarmados por la aparición de grupos de niños durmiendo por las calles de Barcelona en situación de desamparo, la Fundació Jaume Bofill (que en ese momento dirigía Jordi Sànchez Picanyol) convocó a un grupo de expertos en la masía de Can Bordoi para tratar de comprender el fenómeno de los menores que migraban solos de Marruecos a Europa. La primera publicación que surgió de aquellos trabajos la firmaba el constitucionalista Eliseo Aja, dejando bien claro que el derecho superior de la infancia está por encima de la ley de extranjería y que el Estado tiene el deber y la responsabilidad de amparar a cualquier menor sin tener en cuenta el país de origen.

El Congreso de Diputados ha tumbado este miércoles con los votos del PP, Vox y Junts la reforma de la ley de extranjería, que pretendía convertir en obligatorio el traslado de menores migrantes a la Península cuando territorios saturados, como es el caso actualmente de las Islas Canarias y Ceuta, sobrepasen el 150% de su capacidad de acogida. Se da la paradoja de que los gobiernos canario y ceutí, en los que se encuentra el PP, son los que llevan reclamando desde hace tiempo que se apruebe esta modificación para agilizar el proceso de reparto de menores, que ahora es lento y pesado. El PP, pues, ha votado contra los intereses de dos de sus gobiernos autonómicos, dejando en una mala situación a los populares de estos territorios. La razón debemos buscarla seguramente en la presión que ejerce Vox, que ya ha salido de los gobiernos autonómicos por esta cuestión y, una vez la agenda catalana ha pasado a un segundo plano, está centrando todos sus mensajes en torno a la cuestión de la inmigración.

La decisión del PP de aceptar el reparto de 347 menores migrantes que deben llegar de Canarias es un gesto de responsabilidad institucional que, además, lanza un mensaje contundente a la extrema derecha de Vox, que ha amenazado con romper todos los pactos que mantiene con los populares y este jueves decidirá si efectivamente lo hace. Evidentemente, hay mucho que discutir sobre política migratoria, pero por encima de todo debe haber la solidaridad y el respeto a los derechos humanos, y lo que no puede ser es que el partido mayoritario de la derecha en España compre el relato falso de Vox según el cual todos los inmigrantes menores son potenciales delincuentes que deben ser devueltos de inmediato a sus países. Lo ideal sería ahora que los partidos fueran capaces de llegar a un acuerdo en el que se tuviera en cuenta la situación de cada territorio, lejos de dogmatismos y prejuicios.

Los gobiernos canario y español han pactado una reforma urgente de la ley de extranjería para distribuir los menores inmigrantes no acompañados llegados tanto al archipiélago como a Ceuta y Melilla. El objetivo es aliviar los centros de acogida de estos tres territorios, que actualmente están sobresaturados, y repartir a estas criaturas por el resto de comunidades en función de sus poblaciones y sus PIB. A diferencia de ahora, la distribución estará incluida en una ley y se activará cuando los territorios declaren estar en “emergencia migratoria”, lo que significará que los centros de acogida estén por encima del 150% de su capacidad; una situación que, en estos momentos, ya se cumple en los tres puntos de la frontera sur.

El pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado este martes la toma en consideración de la iniciativa legislativa popular (ILP) que reclama la regularización extraordinaria del medio millón de personas originarias de países extracomunitarios que residen en el Estado español (unos 100.000 en Cataluña) sin documentación. Hasta el último minuto, los promotores del texto temieron que la petición se archivara y la cámara baja fuera el final del trámite. Finalmente, PSOE y PP se han sumado a las izquierdas (Sumar, ERC, Bildu y BNG), el PNV y Junts para apoyar la iniciativa, aunque con matices, y sólo la extrema derecha n se ha quedado al margen.

Recuperado de un cáncer de colon, Yassin el Yakoubi sólo piensa ahora en tener un trabajo. Pero sus ganas y la necesidad vital de ganarse la vida, por el momento, les frena que sólo tiene una autorización de residencia, pero no se le permite trabajar. Su caso es uno de los miles que corroboran la incongruencia de la ley de extranjería española, que es capaz de hacer que un migrante reciba tratamiento médico en un centro público, pero al mismo tiempo no le permite ser un contribuyente a la hacienda. De hecho, la norma ata la suerte y los derechos de los migrantes no comunitarios a un contrato de trabajo.