El gobierno español ha iniciado una nueva vía para acabar de una vez por todas con los visados ​​de oro, también conocidos como golden visas, que permiten a la población extranjera obtener el permiso de residencia español a cambio de la compra de una vivienda de más de 500.000 euros. Estos visados ​​llegaron en 2013 de la mano del Partido Popular para incentivar la inversión extranjera y en una década se han concedido más de 14.500. El ejecutivo español considera ahora que esta medida ha dejado de tener sentido, dada la actual tensión en el mercado de la vivienda.

Que la mano derecha no sepa lo que hace la izquierda. El consejo bíblico –para que no se haga alarde de la caridad cuando se da limosna– me viene a la cabeza viendo ciertas decisiones públicas contradictorias. No hablo de propuestas tibias para contentar a todos ni de dar marcha atrás por falta de apoyos, sino de anunciar una medida con un propósito loable mientras, simultáneamente, se aplica otra que va en sentido inverso. Cuando el diablo extiende la capa, por un lado tapa y por otro destapa.

La prosperidad de un país depende, en gran medida, de un intangible: la percepción de que todos somos tratados como iguales por parte de las instituciones. Y un buen ejemplo de un trato desigual son los golden visas, en debate en los últimos días. Fue en 2013, con el gobierno de Rajoy, cuando se permitió obtener permisos de residencia en España por “inversiones significativas” en el país. Un cajón de sastre que podía incluir montar una empresa, invertir en bonos del estado o fondos de inversión, o comprar una vivienda. El objetivo, en teoría, fomentar la inversión extranjera. La realidad, más de 14.000 visados ​​otorgados principalmente a ciudadanos chinos y rusos por la compra de vivienda financiada con fuentes de orígenes dudosos. Y de éstos, un tercio han sido por inversiones inmobiliarias en Barcelona.

La eliminación de los visados ​​de oro, las llamadas Golden Visa, está más cerca. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, ha anunciado desde Dos Hermanas (Sevilla) que el consejo de ministros estudiará este martes un informe para reformar la ley del Partido Popular de 2013 que permite a la población extranjera obtener el permiso de residencia español por tres años con la compra de una vivienda, siempre que la inversión sea al menos de 500.000 euros. Se trata, por tanto, de un primer paso (de momento se desconoce la letra del cambio normativo) para eliminar esta fórmula que ahora tienen las personas ricas para conseguir el permiso de residencia.