Vivienda

El 33% de los visados de oro se han dado por la compra de vivienda en Barcelona

Desde 2013, España ha concedido 14.576 visados ​​por inversiones inmobiliarias, la mayoría a oligarcas chinos y rusos

Pisos residenciales de Mandarin Oriental a Paseo de Gràcia KKH
09/04/2024
2 min

MADRIDDesde que España adoptó los visados ​​de oro por la compra de vivienda en 2013, hasta 14.576 ciudadanos extranjeros se han beneficiado de ellos. De todos ellos, un 33% compraron el inmueble en la ciudad de Barcelona, ​​es decir, 4.810 extranjeros ricos, según datos aportados por el ministerio de Vivienda este martes, después de que el consejo de ministros haya avalado dar un paso adelante para terminar con este tipo de visado.

El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, anunciaba este lunes el punto final de una medida aprobada en 2013 por el Partido Popular: que la población extranjera pueda obtener el permiso de residencia español por un período de dos años con la compra de una vivienda, siempre que la inversión sea como mínimo de 500.000 euros. Uno de los motivos que han empujado al gobierno español a dar este paso es la "alarma" generada con los datos de 2022 y 2023, explican desde el ministerio de Vivienda. De una media de 500 visados ​​de oro al año por la compra de vivienda, se saltó a la concesión de hasta 2.017 visados ​​en 2022, ya 3.273 visados ​​en 2023, detallan desde el ministerio. Un incremento que coincide con la ampliación de dos a tres años del permiso de residencia otorgado fruto de una modificación de la norma de 2013 que se hizo a través de la ley de fomento del ecosistema de las empresas emergentes aprobada en diciembre del 2022. Fuentes del ministerio de Vivienda, sin embargo, lo desvinculan por completo.

A raíz de la guerra en Ucrania, este tipo de visado de oro ha estado en el punto de mira de las instituciones europeas, porque supone una puerta de entrada sin controles de oligarcas extranjeros en la Unión Europea, en particular de chinos , rusos y ciudadanos de los países del Golfo, que acaban obteniendo la residencia de un estado miembro de la Unión Europea a cambio de realizar una inversión inmobiliaria millonaria, como han denunciado en reiteradas ocasiones las ONG Transparency International y Global Witness. China, Rusia, Reino Unido, Estados Unidos, Ucrania, Irán; Venezuela y México son los principales países de origen de los extranjeros que han ejecutado este tipo de compra en el Estado. Además de Barcelona, ​​los destinos más suculentos, y donde se han realizado el 90% de las inversiones de los últimos diez años, son Madrid y la costa mediterránea: Málaga, Alicante, las Islas Baleares y Valencia.

La ley de 2013 que regula la obtención de la residencia española por razones de interés económico y en la que se recogen estos visados ​​de oro también incluye otras opciones a las que pueden optar extranjeros adinerados para obtener de una forma fácil y rápida la residencia española: invertir en deuda pública, en participaciones en empresas españolas o incluso desarrollar un proyecto empresarial. Sin embargo, todo vinculado a una inversión mínima. Por ahora, el gobierno español no ha dicho nada sobre las demás fórmulas. En cuanto al visado de oro vinculado a la compra de vivienda, éste permite acceder al permiso de residencia en España por un período de tres años con la posibilidad de ampliarlo cinco años y obtener, después, un permiso de residencia definitivo.

El Tribunal Constitucional admite a trámite el recurso de la Generalidad contra la ley de la vivienda

El pleno del Tribunal Constitucional ha admitido a trámite los recursos de inconstitucionalidad interpuestos por la Generalitat de Catalunya y la Xunta contra varios preceptos de la ley estatal por el derecho a la vivienda. En sus recursos, la Generalitat y la Xunta alegan que algunos elementos impugnados podrían vulnerar sus competencias en materia de vivienda. La ley ya tiene presentados ocho recursos de inconstitucionalidad frente al Constitucional. Además de estos dos, la norma ha sido recurrida por 50 diputados del PP en el Congreso, por el Parlament de Catalunya y por los gobiernos de Andalucía, Islas Baleares, Euskadi y Madrid.

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