Las pruebas para obtener plaza de funcionario docente y para sacarse el nivel C2 de catalán coinciden el mismo día, el 26 de abril de 2025. Esto imposibilitaría que el profesorado que se quiera presentar a las oposiciones y todavía no tenga este nivel de lengua pueda examinarse en esta convocatoria y tenga que esperar a realizar el C2 el año siguiente. La paradoja es que el decreto del régimen lingüístico incluye la obligatoriedad de tener el C2 para los nuevos docentes a partir del curso 2025-26, aunque se trata de una ley suspendida cautelarmente por el TSJC. Por tanto, de momento, se puede ejercer de profesor con el nivel C1 pero, como el C2 acabará siendo obligatorio, muchos profesores ya se habían inscrito.

El sindicato USTEC·STEs (IAC) ha denunciado este martes que más de 4.500 profesionales del sector de la educación se han quedado sin plaza para estudiar el C2 de catalán; un examen que, tal y como aprobó el Gobierno el pasado mes de mayo, es necesario superar para poder acceder a la docencia a partir del próximo curso. El sindicato critica la "drástica reducción" de plazas para los cursos que permiten sacarse ese nivel de catalán que han pasado de 3.000 el pasado año a la mitad (1.500) y todas, dicen, en modalidad virtual.

Los alumnos de 4º de ESO tienen el peor nivel de catalán desde 2012. Ésta es la principal conclusión de las últimas pruebas de competencias básicas que han pasado los alumnos catalanes y que muestran hasta qué punto hay un problema con el conocimiento y uso del catalán entre los más jóvenes. De hecho, los alumnos que este junio terminaron la ESO, de media, obtuvieron 70,7 puntos, superando por muy poco el umbral que el departamento de Educación considera “óptimo”, es decir, los 70 puntos sobre 100.

El Govern ha aprobado este martes el decreto del régimen lingüístico del sistema educativo, la norma que debe servir para blindar el catalán en la escuela. El pasado verano, ante los ataques al modelo de escuela catalana y el goteo de denuncias por reclamar un 25% de castellano en las aulas, el ejecutivo puso manos a la obra para hacer realidad esta normativa, que forma parte de la ley de educación de Catalunya y que estaba pendiente de desarrollar desde 2009. Ahora esta protección extra ha sido aprobada y, entre otras cosas, fija que los planes lingüísticos de escuelas e institutos no se pueden cambiar a medio curso –como exigían algunas de las sentencias para casos individuales de familias que pedían que sus hijos estudiaran en castellano– y que el único responsable legal de los proyectos será el departamento de Educación y no las direcciones de los centros. Además, al hablar del castellano, la nueva norma deja claro que "no pueden aplicarse porcentajes, proporciones o parámetros numéricos en la enseñanza de las lenguas".