El Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallès endurecerá el empadronamiento exigiendo realizar los trámites presenciales y aplicando más controles administrativos e inspecciones de la policía. El gobierno municipal aprobó una nueva instrucción que, según explicaron este martes el alcalde de la localidad, Josep Maria Vallès, y el teniente de alcaldía, Jordi Puigneró, persigue que el padrón "refleje la realidad" del municipio vallesano y se eviten "fraudes". "

La historia comienza en el Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet, cuando una persona acude para realizar un trámite y entrega el documento que certifica que está empadronado en la localidad. Pero el funcionario rápidamente se da cuenta de que ese documento es falso. Éste fue el inicio de una investigación de la Policía Nacional que ha acabado con la detención de tres mujeres acusadas de haber creado una red de falsos empadronamientos.

Rosa RR lleva más de tres años viviendo en un piso del barrio de Buenos Aires de Martorell, pero el Ayuntamiento le impide empadronarse porque no tiene ningún título de propiedad ni contrato de alquiler. Hasta seis veces ha pedido el ingreso en el padrón y en todos los casos no ha recibido ninguna respuesta, si bien la ley interpreta este silencio como positivo pasados ​​los tres meses reglamentarios. Pero ella sigue sin constar en el padrón.

Un juzgado ha admitido a trámite un recurso en el que seis vecinos de Martorell reclaman al consistorio que tramite su padrón tras meses de silencio administrativo. Una inactividad que, denuncian, les priva de sus derechos como vecinos. Todos ellos ya habían pedido el empadronamiento por vía administrativa sin haber recibido respuesta del gobierno municipal. "La ley del padrón dice que después de tres meses el silencio administrativo es positivo, pero si el Ayuntamiento no hace los trámites, en la práctica, no pueden ejercer sus derechos", explica la abogada que representa a los afectados, Esther Sancho, en conversación con el ARA sobre este caso que ha avanzado Nación Digital. Los afectados se encuentran en un "limbo jurídico", tal y como expone el recurso judicial que ha consultado el ARA.

En el ecuador de septiembre, el Servicio de Ocupación de Cataluña (SOC) todavía no ha publicado la convocatoria de este año de'ACOL, el programa financiado con fondos europeos que facilita la regularización de 650 migrantes extracomunitarios a través de un contrato laboral de un año. Aunque el anuncio se haga antes de terminar este trimestre, tal y como prevé el Gobierno, los nuevos beneficiarios no empezarán a trabajar hasta febrero o marzo del 2025 para poder cumplir todos los trámites necesarios. “Es un año perdido, sin nuevos contratos para un colectivo muy vulnerable”, lamentan algunas entidades del tercer sector, que son las encargadas de seleccionar y preparar a los candidatos para que encajen en los estrictos criterios establecidos. Por ejemplo, se excluyen a quienes tengan un simple antecedente policial –que podría ser que años atrás les hubieran parado para pedirles una documentación que no tienen–, o quienes no acrediten un empadronamiento ininterrumpido de tres años, un plazo a menudo imposible por las dificultades que imponen los ayuntamientos a personas sin papeles o sin domicilio fijo.

Al menos 37 municipios de Catalunya ponen trabas a la hora de empadronar a ciudadanos que tienen problemas para presentar un contrato de alquiler o viven en una infravivienda o en la calle. Entre estas localidades se encuentran tres capitales, Tarragona, Lleida y Barcelona, ​​que este año entra en esta lista, así como el grueso de las ciudades metropolitanas. Pero también hay más pequeñas, como Alcanar, Ripoll, Tremp, Tortosa o Salt. En conjunto, estos municipios representan al 40% de la población de Cataluña. Las negativas afectan a personas adultas, inmigrantes y autóctonos, así como a menores de edad y extutelados por la Generalitat que, al no estar registrados en el padrón, se les dificulta el acceso a la educación, la sanidad, las prestaciones sociales o la renovación del permiso de residencia.

Después de una cumbre de alcaldes en el mes de abril, el departamento de Igualdad ha impulsado un decálogo para unificar criterios a la hora de empadronar para todos los municipios catalanes, en los que se recuerda que quedar registrado en el padrón es una obligación y un derecho tanto para la administración como para el administrado. El objetivo es evitar que se siga repitiendo las vulneraciones a residentes que no presentan un título de propiedad o de alquiler de la vivienda, no tienen un domicilio fijo o están en situación administrativa irregular si pueden probar la vecindad en el municipio. El documento ha sido firmado por la Asociación de Micropueblos de Cataluña, así como por los ayuntamientos de Barcelona, Girona, Lleida, Reus y El Prat de Llobregat, la Diputación de Tarragona y la Generalitat, que confía en que haya más adhesiones a medida que se hagan las presentaciones a los alcaldes.