Aumentan los ayuntamientos que ponen trabas para empadronar

BarcelonaAl menos 37 municipios de Catalunya ponen trabas a la hora de empadronar a ciudadanos que tienen problemas para presentar un contrato de alquiler o viven en una infravivienda o en la calle. Entre estas localidades se encuentran tres capitales, Tarragona, Lleida y Barcelona, ​​que este año entra en esta lista, así como el grueso de las ciudades metropolitanas. Pero también hay más pequeñas, como Alcanar, Ripoll, Tremp, Tortosa o Salt. En conjunto, estos municipios representan al 40% de la población de Cataluña. Las negativas afectan a personas adultas, inmigrantes y autóctonos, así como a menores de edad y extutelados por la Generalitat que, al no estar registrados en el padrón, se les dificulta el acceso a la educación, la sanidad, las prestaciones sociales o la renovación del permiso de residencia.

La nueva Red de Entidades por el Padrón ha alertado de que la situación ha "peorado" respecto a la investigación que realizaron el año pasado, cuando se detectaron una treintena de consistorios que vulneran el derecho al empadronamiento. La lista no es exhaustiva y no incluye a todos los consistorios que no empadronan, sino a aquellos que las entidades han podido comprobar de primera mano, ya que hay muchos afectados que no denuncian. Del estudio de campo se detecta que los consistorios utilizan una gran variedad de trabas, criterios y circuitos.

"No cumplir con el padrón sale gratis y genera efecto contagio", ha dicho Maria Creixell, de la coordinadora Obrim Fronteres, quien también ha lamentado la total "impunidad" con la que actúan los ayuntamientos, hasta el punto de que los hay. hay que hacen bandera de no empadronar a todo el mundo. "Los discursos del miedo frenan los empadronamientos", ha dicho en referencia a la normalización de los postulados de la extrema derecha.

El racismo institucional

Cómo evitan los ayuntamientos el empadronamiento? Acogiéndose a la autonomía local, cada consistorio plantea sus criterios, diseña circuitos poco claros o reclama nuevas exigencias sin razón objetiva para dilatar los procesos y conseguir que el demandante acabe cansándose y marchando a otra localidad a probar suerte , ha matizado Laia Costa, abogada de la Fundación Ficat. La arbitrariedad del funcionario de turno se suma además al "racismo institucional" contra las personas migradas, hasta el punto de que las entidades han constatado que si una "persona blanca" les acompaña a menudo la respuesta es positiva.

Las negativas injustificadas por la ley de régimen local y las instrucciones estatales hacen que entre los ayuntamientos haya una “competición” para ver quién empadrona menos. Es el "dumping del empadronamiento", en palabras de Francesc Mateu, del Foro de Síndicos y Síndicas Locales, que ha señalado que esta situación se acabaría si todos los consistorios siguieran una guía común. Costa ha explicado que hay ayuntamientos que no hacen públicos los protocolos u obligan a solicitar cita por la web, sin tener en cuenta la brecha digital, o evitan dar cita de forma "inmediata y ágil", lo que alarga un trámite administrativo que, según la ley, debería resolverse en tres meses.

Además, las entidades también subrayan que los formularios de los empadronamientos no tienen en cuenta todas las situaciones de exclusión residencial y social con las que se encuentran ahora familias migradas y autóctonas, que debido a los elevados precios de la vivienda se mueven constantemente buscando pisos baratos. "No puede que no se empadrone a las personas que están realquiladas en habitaciones porque se considera una excepcionalidad cuando actualmente ya no lo es", ha reprochado Costa.

Restricciones en Barcelona

Respecto al año anterior, Barcelona ha entrado en la lista de ayuntamientos que ponen trabas, a raíz de la decisión de revisar los 40.000 empadronamientos sin domicilio fijo y de empezar a desempadronar a las personas registradas en las sedes de entidades. En consecuencia, los plazos se alargan, lo que hace que haya miles de personas esperando que los equipos de calle puedan hacer el informe previo de comprobación del domicilio antes de hacer efectivo el empadronamiento.

Desde la Red, que han insistido en que no quieren "hacer un ensañamiento público de estos ayuntamientos", abogan por que se apliquen los mecanismos para sancionar a los consistorios que no cumplen la ley. Se trata, dijeron, de "voluntad política", porque podría incluirse la exigencia de empadronar para entrar dentro de los contratos programa que firma la Generalitat con el mundo local o denunciar por la vía penal por "prevaricación" o con la ley de igualdad de trato y no discriminación.