El Gobierno redobla los controles sobre el vino: Agricultura ya investiga más de cien contratos por la compra de uva bajo el precio de coste
Fuentes del sector confían en que las actuaciones marquen un antes y un después para hacer cumplir la ley de la cadena agroalimentaria
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BarcelonaLa Generalitat redobla su ofensiva sobre los elaboradores del sector vitivinícola que habrían comprado uva por debajo del precio de coste. Según ha podido saber el ARA, el departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación ya investiga más de cien contratos susceptibles de haber infringido la ley de la cadena alimentaria 16/2021, la normativa a escala estatal que prohíbe adquirir productos por un importe inferior al que cuesta producirlos. Después de que el ARA avanzara este octubre que el Gobierno tenía bajo lupa un total de 50 contratos, los técnicos del departamento han intensificado sus esfuerzos.
Según las fuentes consultadas por este diario, durante el último mes se han incrementado de forma sustancial las inspecciones de oficio. Si bien algunas actuaciones también han estado motivadas por denuncias de agricultores, organizaciones u otros profesionales del sector, buena parte de las más de 50 nuevas investigaciones las han impulsado los mismos técnicos del CadeCAT, la unidad dependiente del departamento liderado por el consejero Òscar Ordeig que se encarga del control de las relaciones comerciales de la cadena agroalimentaria en Cataluña.
Ante lo que las fuentes definen como “un estado de alarma” en el sector del vino y la viña, consideran más que lógico haber seguido esta estrategia. En este sentido, recuerdan que se trata de unas intervenciones que no tienen precedentes en cuanto a su magnitud y desde el sector confían en que puedan marcar un antes y un después para hacer cumplir la ley de la cadena alimentaria.
Modus operandi
A pesar del fuerte repunte en el número de inspecciones, todos los procesos se encuentran en una etapa inicial. En estos momentos, los profesionales del CadeCAT están pidiendo documentación a las partes implicadas para evaluar si es necesario avanzar a la siguiente fase, que sería la apertura de un expediente. Esto último ya comportaría sanciones económicas, que variarían en función de la gravedad. Si se confirmara que los compradores han cometido ilegalidades, se expondrían a multas entre 250 y 3.000 euros para infracciones leves, entre 3.000 y 100.000 euros para infracciones graves, y entre 100.000 y un millón de euros para infracciones muy graves.
Cabe recordar que las sanciones no serían firmes, ya que se podrían presentar alegaciones. De la misma manera, los nombres de los elaboradores multados solo se harían públicos en caso de que las sentencias ya no tuvieran más recorrido en los tribunales.
La previsión es que los análisis de los archivos avancen durante los próximos días y que, alrededor de Navidad, las resoluciones de cada carpeta estén bastante avanzadas. En cualquier caso, fuentes cercanas al departamento apuntan que los procesos seguirán teniendo recorrido durante el 2027, ya que prevén que las partes expedientadas presenten alegaciones.
El goteo de nuevas investigaciones llega después de una vendimia en la que el precio de la uva ha sido una de las cuestiones centrales. A mediados de agosto, hasta siete organizaciones agrarias denunciaron que diversos elaboradores habían presentado propuestas de compra de uva “muy por debajo” del precio de coste. Según el sector, diversas bodegas –el comunicado hacía mención explícita a las bodegas Jaume Serra, del grupo García Carrión; a la bodega Can Pagès, y a Vins Font– habían planteado retribuciones inferiores a 30 céntimos el kilo, notablemente por debajo del coste de referencia fijado por el Instituto Catalán de la Viña y el Vino (Incavi) que este año se situaba entre los 53 y los 56 céntimos el kilo.
En todo caso, hay que tener presente que las cifras del Incavi son solo una referencia y que los técnicos del CadeCAT analizan cada contrato de forma individual. O, lo que es lo mismo, solo se analiza que el precio pagado por la uva sea inferior al coste de producirla.
Revitalización de la producción
Tras unos años de bajos rendimientos afectados por los episodios de sequía, la producción en el sector vitivinícola durante la vendimia de este año ha vuelto a repuntar. Según los datos presentados a principios de este noviembre por el Observatorio Agroalimentario, Rural y Ambiental, el país produjo 356.506 toneladas de uva, un 3,9% más que la campaña de 2025. A ojos del Incavi, las cifras confirman la recuperación de un sector que se encontraba “en mínimos”.
No obstante, el instituto matiza que la falta de lluvias en primavera y las altas temperaturas durante los meses de verano han acabado moderando unas expectativas de producción que se estimaban inicialmente más elevadas. El calor estival perjudicó especialmente a las variedades más tempranas como el chardonnay y el macabeo, mientras que las lluvias de finales de agosto favorecieron a las variedades más tardías como el xarel·lo y la parellada. Sin duda, la campaña estuvo marcada por la precocidad, con unas condiciones meteorológicas que aceleraron la maduración y adelantaron el calendario de cosecha en todo el país.