La Generalitat investiga 50 contratos en el sector del vino por la compra de uva por debajo del precio de coste

BarcelonaLa Generalitat lanza una ofensiva sin precedentes en el sector del vino para evaluar si la uva se está comprando por debajo de su precio de producción. Según ha podido saber el ARA, el departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación está investigando un total de 50 contratos susceptibles de infringir la ley de la cadena alimentaria 16/2021, la normativa a escala estatal que prohíbe esta práctica. Tal como apuntan fuentes cercanas al departamento, en agosto empezaron las inspecciones, algunas de las cuales impulsadas por denuncias de agricultores, organizaciones u otros profesionales del sector, y otras de oficio.

Las investigaciones sobre el sector del vino son responsabilidad del CadeCAT, la unidad dependiente del departamento liderado por Òscar Ordeig y que se encarga del control de las relaciones comerciales de la cadena agroalimentaria en Cataluña. En estos momentos, según explican las fuentes consultadas, los profesionales de este organismo están pidiendo documentación a las partes implicadas para evaluar si deciden abrir expedientes, que implicarían sanciones económicas. A estas alturas, ninguno de los 50 casos que se estudian ha pasado a esta siguiente fase. En caso de que los compradores de uva hayan cometido ilegalidades, se expondrían a multas de entre 250 y 3.000 euros por infracciones leves, de entre 3.000 y 100.000 euros por infracciones graves y, en el peor de los escenarios, de entre 100.000 y un millón de euros por infracciones muy graves. Cabe decir que las sanciones no serían firmes, ya que se podrían presentar alegaciones.

Las investigaciones de la Generalitat se producen en el marco de una vendimia en la que el precio de la uva ha sido uno de los debates centrales. A mediados de agosto, ocho organizaciones agrarias –la Unió de Pagesos, la Asociación de Viticultores del Penedès, Asaja, JARC, la Asociación de Viticultores de Requena, la Comunidad de Agricultores y Ganaderos de Almendralejo, el Gremio de la Pagesía y la Federación de Cooperativas Agrarias de Cataluña– emitieron un comunicado conjunto denunciando unas propuestas de compra de uva "muy por debajo" de los costes de producción.

Según los datos del sector, diversos elaboradores ofrecían precios notablemente alejados del coste de referencia fijado por el Instituto Catalán de la Viña y el Vino (Incavi), que este año se situaba entre 53 y 56 céntimos el kilo. En el comunicado, las organizaciones agrarias mencionaban de forma explícita las bodegas Jaume Serra, del grupo García Carrión, la bodega Can Pagès y Vins Font. En los tres casos, el precio estimado de la uva no superaba los 30 céntimos por kilo, según las asociaciones. En otros escenarios, las mismas entidades denunciaban que algunas bodegas planteaban incluso fórmulas para maquillar el precio realmente percibido por el productor, llegando a una cifra de tan solo 12 céntimos el kilo.

Sea como sea, las fuentes cercanas al departamento apuntan que la cifra del Incavi es solo una referencia y que los técnicos del CadeCAT analizan cada contrato de forma individual. Al mismo tiempo, remarcan que las investigaciones son confidenciales –no revelan ninguna de las bodegas implicadas– y que la incoación de los análisis no prejuzga el resultado final.

A raíz de la polémica por los precios de la uva en la campaña de este año, fuentes cercanas al sector vitivinícola aseguran que, desde las denominaciones de origen, se está intentando revertir la situación de cara a 2027. En este sentido, indican que, en paralelo a las investigaciones, los elaboradores mantienen conversaciones con la administración pública, los sindicatos y las cooperativas agrarias.

En cualquier caso, el consejero Ordeig manifestó, en una reciente entrevista con el ARA, que la voluntad del gobierno catalán no es la de sancionar, sino la de mantener un precio de la uva "justo" que evite la pérdida de la viabilidad económica en el sector.

Reivindicaciones de los agricultores

Una de las reivindicaciones de los agricultores implicaría crear un observatorio oficial de precios que establezca un precio mínimo de forma transparente. Según las organizaciones del sector, este observatorio debería estar amparado por la ley de la cadena alimentaria para que fuera efectivo. Desde el campesinado, sin embargo, lamentan que todavía hay una "falta de voluntad política" para resolver el problema.

Esta es precisamente una de las razones que ha llevado al sindicato Unión de Agricultores a convocar una movilización en Barcelona el miércoles 14 de octubre. Los agricultores llegarán a la capital catalana en autobús y en tractor saliendo desde diversos puntos del país y se concentrarán ante la Delegación del gobierno español, el departamento de Agricultura y, finalmente, el Palacio de la Generalitat. La protesta, a la que se sumarán otras organizaciones como Asaja, también trasladará las quejas de un sector afectado por el encarecimiento de los costes, la competencia desleal exterior, las alteraciones en la producción por el cambio climático o las enfermedades ganaderas.