La amnistía no sonríe a Carles Puigdemont, pese a que Junts mantuviera una intensa negociación con el PSOE hasta el último detalle. El expresidente ha visto cómo el Tribunal Supremo ha rechazado aplicarla por el delito de malversación en la causa del 1-O –y mantiene la amenaza de la detención si vuelve a Catalunya–, y el juez Joaquín Aguirre también se ha negado en el caso de la trama rusa. Solo se ha podido beneficiar del archivo de la investigación contra Tsunami Democrático, pero no a consecuencia de la amnistía, sino por un error procesal del juez Manuel García-Castellón, que, resignado, ha tenido que cerrar la causa con que mandó de cabeza los impulsores de la ley mientras se tramitaba en el Congreso. En una jornada de actividad frenética en los tribunales, la Audiencia Nacional y el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya han coincidido en plantearse elevar a Europa si la amnistía es aplicable a la causa por terrorismo de los CDR ya la de malversación que afecta a los dirigentes de Esquerra Josep Maria Jové y Lluís Salvadó.