La Audiencia Nacional llevará al TJUE el caso de los CDR y el TSJC se plantea hacer lo mismo con la causa contra Jové y Salvadó

Barcelona / MadridLa malversación y el terrorismo vinculados al Proceso podrían terminar en Europa. La Audiencia Nacional y el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) se plantean llevar la amnistía al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), por los casos de los CDR investigados por terrorismo y lo que afecta a Josep Maria Jové, Lluís Salvadó y Natàlia Garriga. Jové y Salvadó están acusados ​​de los delitos de desobediencia, prevaricación y malversación por los preparativos del referéndum del 1-O (Garriga sólo por el de desobediencia) y el juez considera que se les podría aplicar la ley de amnistía, pero prefiere antes preguntar a tribunales superiores su encaje legal. De este modo, el magistrado ha pedido a las partes que se pronuncien sobre si es necesario presentar una cuestión prejudicial en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) o un recurso de inconstitucionalidad en el Tribunal Constitucional. Jesús María Barrientos se desmarca así del movimiento que hizo el juez Manuel Marchena en la causa del 1-O en el Tribunal Supremo, cuando descartó la amnistía para los condenados por malversación, entre ellos el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont.

El magistrado considera que los delitos de desobediencia y prevaricación entrarían en la ley de amnistía, pero, en cambio, cree que existe una "mayor dificultad" para aplicar la normativa en el caso del delito de malversación. Ahora bien, en el auto recuerda que los delitos de malversación que ampara a la amnistía son los actos en los que sus responsables no hubieran buscado "un beneficio personal de carácter patrimonial". Teniendo en cuenta además que Jové y Salvadó no formaban parte del consejo ejecutivo del Govern (eran altos cargos de la conselleria de Economía), el juez considera que su caso es amnistiable: "Es evidente que la intensidad de la rotura de los deberes de custodia exigibles a los miembros del Gobierno de la Generalitat no puede concurrir en quienes no formaban parte de ese Gobierno ni, por tanto, pudieron participar en la adopción del decreto y del acuerdo de Gobierno detonantes de la malversación".

Aunque el TSJC considera que puede amnistiar a Jové, Salvadó y Garriga por los tres delitos por los que se les acusa, cree que hay que "aclarar las reservas" sobre su encaje legal en referencia a cuestiones como el adecuación de la norma a "principios y valores protegidos constitucionalmente como la seguridad jurídica y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos, la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley y la exclusividad en el ejercicio de la potestad jurisdiccional". De esta forma, da diez días a las partes para que se pronuncien sobre qué es más pertinente, si plantear una cuestión prejudicial en Europa o un recurso de inconstitucionalidad en el TC. El TSJC deja también sin efectos las medidas cautelares.

Ante la decisión del TSJC, Esquerra ha hecho un comunicado en el que pide "la aplicación inmediata" de la ley de amnistía en los casos de Jové, Garriga y Salvadó. Los republicanos consideran que preguntar al TJUE o al TC son "mecanismos dilatorios" y, de hecho, consideran que la interpretación que hace el TSJC sobre por qué es amnistiable el delito de malversación en el caso de los tres ex altos cargos del Govern supone un " retorcimiento intolerable de la ley". ERC añade, además, que si la amnistía es aplicable en este caso también debe serlo para los procesados ​​por la organización del 1-O que están en el juzgado número 13 de Barcelona.

La Audiencia Nacional critica la ley

En cuanto a los CDR, la Audiencia Nacional ha resuelto este martes que elevará al TJUE el caso por terrorismo ante la posibilidad de que la amnistía contravenga "gravemente" el derecho comunitario y suponga una "infracción patente". Los magistrados discrepan que los hechos que se investigan no estén incluidos en la directiva europea de terrorismo, tal y como defendieron los abogados de los acusados, y también dudan de que los requisitos previstos en la ley para poder amnistiar determinados casos por este delito se correspondan con la especial protección que prevé el derecho europeo a la hora de perseguir al terrorismo. “Es en cierto modo contradictoria: excluye los actos que tengan una finalidad terrorista, pero, seguidamente, el legislador establece una limitación a la exclusión (...) y lo que es peor, estima pertinente que no todos los actos con finalidad terrorista quedan excluidos, sino sólo aquellos que suponen una violación grave de los derechos humanos", critican los magistrados.

Los jueces ponen de manifiesto sus divergencias y critican que la ley de amnistía "ampare lo que se ha dado en llamar terrorismo de baja intensidad , como si en terrorismo se pudiera catalogar uno de alta intensidad y otro de baja". "La lógica que dimana de las normas europeas impone que toda forma de terrorismo es de extrema gravedad y, en consecuencia, no debería ser objeto de amnistía ni perdón", advierten. Además, la Audiencia Nacional cuestiona la técnica legislativa y acusa a sus impulsores de una "grave indefinición e inconcreción" al no especificar qué actos pueden constituir el tipo de infracción o " violación grave de derechos humanos", que no serían susceptibles de amnistía. Creen que la amnistía debería tener una aplicación "restrictiva" y que existe una carencia de seguridad jurídica".