García-Castellón archiva el caso Tsunami por un error en la instrucción y allana el regreso de Marta Rovira

MadridEl juez Manuel García-Castellón ha puesto punto y final a la causa de Tsunami Democrático. Después de que la Audiencia Nacional tumbara buena parte de la instrucción del polémico juez desde julio del 2021, esta tarde él mismo ha dictado un auto para archivar el caso, en el que figuran diez investigados, entre ellos la secretaria general de ERC, Marta Rovira. Este paso allana el camino del regreso a Cataluña de la dirigente republicana, exiliada en Suiza desde marzo de 2018: sin la causa de Tsunami ya no tiene riesgo de ser encarcelada, ya que sólo se le imputa un delito de desobediencia por el 1 -O que no comporta cárcel. Sin embargo, la decisión también tiene efectos para el expresidente Carles Puigdemont: aboca al Tribunal Supremo a archivar su causa y también la de Ruben Wagensberg, que están investigados por terrorismo en el alto tribunal porque son aforados.

Sin embargo, el motivo del archivo no ha sido la amnistía ni la falta de indicios de la acusación de terrorismo, sino un error en la instrucción. Concretamente, una prórroga irregular de la investigación. Aparte de Rovira, también se benefician de esta decisión la republicana Marta Molina; el jefe de la oficina de Carles Puigdemont, Josep Lluís Alay –su mano derecha–; el empresario Oriol Soler; el exconseller de ERC Xavier Vendrell; el vicepresidente de Òmnium, Oleguer Serra; el periodista de La Directa Jesús Rodríguez; el informático activista Jaume Cabaní, el banquero suizo Nicola Flavio y el empresario Josep Campmajó. En esta ocasión, García-Castellón no ha buscado ninguna rendija para continuar la causa por terrorismo. Se resignó y en un auto de tres páginas puso fin al caso, que el independentismo siempre calificó de "persecución".

Tras constatar que sólo se podían tener en cuenta las diligencias ejecutadas íntegramente antes del día 29 de julio de 2021, el auto subraya que "se desprende la imposibilidad de continuar por esta vía, ya que antes de esa fecha no va poder acordarse ni llevarse a cabo la toma de declaración de ninguno de los investigados". "Por tanto, debemos acudir al sobreseimiento y archivo de la causa", sentencia. Un final agridulce para el controvertido magistrado, que se jubila este septiembre, pero al mismo tiempo un alivio para las defensas. Hay que tener en cuenta que justo hace unas semanas, a raíz de esta causa, hubo una nueva ola de exiliados: acudieron al extranjero Serra y Rodríguez, Campmajó y Cabaní, además de Flavio –que vivía fuera porque es suizo– y Wagensberg.

La clave de vuelta ha sido que la sala de la Audiencia Nacional había aceptado este lunes un recurso de la dirigente de Esquerra Marta Molina denunciando que el magistrado había prorrogado irregularmente la causa. Así, ha declarado inválida toda la instrucción a partir del 29 de julio de 2021, mucho antes que el juez imputara a las personas encausadas, el 6 de noviembre de 2023, entre ellas Rovira y Puigdemont. Esa decisión marcó las negociaciones sobre la ley de amnistía con el objetivo de que el terrorismo quedara blindado en la norma. En cualquier caso, según la legislación, una persona no puede ser procesada si no se le ha citado antes a declarar, y esto ha sido clave para que no se les envíe a juicio tras la decisión de la sala de la Audiencia Nacional . Además, la causa de Tsunami Democrático se alimentó en buena parte de la instrucción de Volhov que pilotaba el juez Joaquín Aguirre en el juzgado número 1 de Barcelona. Por ejemplo, Molina, Vendrell, Soler y Campmajó aterrizaron en la Audiencia Nacional a consecuencia de este traspaso y ya venían imputados por el juzgado 1.

Reacciones al archivo

Este auto de cierre ya ha hecho aflorar las primeras reacciones en el independentismo. El presidente de la Generalitat en funciones, Pere Aragonès, ha expresado que el archivo "debe suponer un punto final del sufrimiento y angustia infligida a tanta gente", para añadir que se alegra por los "compañeros que recuperan sus derechos" . En la misma línea, ERC difundió un comunicado en el que cargó contra "la voluntad persecutoria contra el independentismo del juez García-Castellón", recalcando que "la única decisión que puede tomar ahora el Supremo sobre Puigdemont y Wagensberg es archivar el caso".

Por su parte, desde Junts también han mostrado su satisfacción. La presidenta del partido, Laura Borràs, ha sido contundente en X recalcando que "se acaba el delirio de un Tsunami que fue cívico, pacífico y democrático y no terrorismo", para acabar rematando que "demasiados jueces han querido interpretar el Código Penal para ajustarlo a los hechos que les conviniera, pero incluso las tropelías judiciales en nombre de la unidad de España tienen un límite". En el mismo sentido, el secretario general juntero ha añadido la comparación con la mafia que su formación ha menudeado en las últimas semanas: "Como Al Capone, que cayó al final por los impuestos, al juez de la Toga Nostra se le ha deshecho su montaje delirante por una cuestión de plazos", espetó. "En un estado democrático las prácticas de este hooligan de la ultraderecha no quedarían impunes", aseveró Laia Estrada (CUP), mientras que el presidente de Òmnium, Xavier Antich, se reafirmó en que la "farsa orquestada por la cúpula judicial cae por su propio peso".

Fuentes de la defensa de Puigdemont consultadas por el ARA ya se mostraban convencidas antes del auto de García-Castellón de que la decisión de la sala penal de la Audiencia Nacional implicará que el expresidente quedará exonerado del caso, como indica este paso. Ésta era la estrategia cuando su abogado, Gonzalo Boye, ya presentó también recursos en este sentido, uno de ellos en representación del también investigado Josep Lluís Alay.